Caso de Aristides Andrade y David Ravelo, un proceso con más dudas que verdades

A las seis de la mañana del 5 de abril de 1991, en el sitio conocido como el Paso a Nivel en Barrancabermeja, desconocidos asesinaron al secretario de obras públicas del puerto petrolero, David Núñez Cala. Por casi dos décadas, la investigación pasó por fiscalías y juzgados sin avance alguno. Pero súbitamente, desde abril de 2008 se convirtió en un proceso de características kafkianas que tiene a un exdirigente regional de la Unión Patriótica (UP) y el Polo en la cárcel y a un congresista llamado a juicio, en medio de un laberinto de oscuros intereses y falsos testigos.

El protagonista de la historia es Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, el mismo exparamilitar condenado a 28 años de prisión por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya. Su nombre surgió en los prontuarios judiciales a raíz de su participación en la masacre perpetrada en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, con saldo de siete muertos y 25 desaparecidos. Diez meses después, en marzo de 1999, fue capturado, y en la cárcel Modelo de Bogotá hizo parte de los violentos enfrentamientos con la guerrilla que la Fiscalía apenas empieza a investigar.

Antes de que apareciera la Ley de Justicia y Paz, Jaimes Mejía pasaba de agache, sin hacer mayores aportes a la justicia. Pero cuando se permitió que la ley fuera extensiva a quienes estaban presos antes del accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, empezó a recordar su conveniencia. Cuando comenzaba a hablar de vínculos de la Fuerza Pública con la masacre del 16 de mayo de 1998, súbitamente fue trasladado a la cárcel de Itagüí, donde entró en el círculo de los jefes paramilitares en Santander: Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, e Iván Duque, alias Ernesto Báez.

Entonces, el 17 de abril de 2008, en vez de confesar sus crímenes en el paramilitarismo, optó por hablar de su militancia anterior en el frente 24 de las Farc, con un caso específico: el asesinato de David Núñez Cala. Según él, todo se planeó en un restaurante situado junto al paso a nivel del ferrocarril, se hizo porque supuestamente Núñez era colaborador de los Masetos de Puerto Boyacá, y aseguró que en el plan participaron los dirigentes políticos David Ravelo y Aristides Andrade, en la época de los hechos contradictores políticos. El primero dirigente de la UP y el segundo congresista liberal.

Cuando el fiscal de Justicia y Paz que recibió la declaración quiso saber más sobre Andrade, el procesado Mario Jaimes contestó que sólo había estado de escolta de un comandante ese día y no sabía más. No obstante, seis meses después, en una segunda declaración, ahondó en detalles para afirmar que Núñez se iba a lanzar a la Alcaldía de Barrancabermeja por fuera del grupo FILA (Frente de Izquierda Liberal Auténtico), al que pertenecía, supuesta razón por la cual el jefe de ese movimiento en el puerto, Aristides Andrade, había sugerido el crimen.

En ese momento ya proliferaban las versiones libres de paramilitares contra líderes sindicales o dirigentes políticos de Barrancabermeja, razón por la cual los señalados acudieron al fiscal Mario Iguarán y al entonces director de Justicia y Paz, Luis González, para advertir de los montajes dirigidos desde la cárcel por Rodrigo Pérez o Julián Bolívar. David Ravelo, desde la UP y Credhos (Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio), había sido un activo denunciante de los nexos entre la Fuerza Pública y los paramilitares en la masacre de 1998.

A su vez, Aristides Andrade, en medio de una prolongada ola de asesinatos de sus líderes en el FILA, uno de ellos su propio hermano, Edinson Andrade, y de dos frustrados atentados contra su vida, en 2002 había culminado una carrera política de 25 años en el Concejo de Barrancabermeja, la Asamblea de Santander y el Congreso. En 2008, Ernesto Báez reconocía públicamente que, al igual que a otros congresistas, lo había sacado del Poder Legislativo para elegir a su candidato, Carlos Clavijo. Ese mismo año, Clavijo fue condenado en el escándalo de la parapolítica.

A pesar de las dudas sobre las declaraciones del Panadero, en julio de 2009, el fiscal 22 especializado, William Pacheco, abrió investigación contra Aristides Andrade y David Ravelo por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Entre tanto, el Panadero sacó a relucir una fotografía que lleva 30 años circulando en los medios, donde aparece Andrade con Horacio Serpa, acompañados de varios guerrilleros del frente 20 de las Farc. Cada vez que reaparece, Serpa y Andrade han tenido que explicar que fue una reunión autorizada por el gobierno de Belisario Betancur, en desarrollo del proceso de paz.

En septiembre de 2010, el fiscal Pacheco ordenó la detención de Ravelo y remitió el expediente de Andrade a la Corte Suprema de Justicia, porque para la época del asesinato de Núñez, éste oficiaba como congresista. En cada caso, a pesar de las inconsistencias de los testigos, los procesados quedaron en una encrucijada. Ravelo fue condenado en dos instancias a 220 meses de prisión, entre 2012 y 2013. El caso hoy está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrade libra una pelea aparte con la Corte Suprema de Justicia desde marzo de 2011.

En medio de la controversia, en junio de 2013, el periodista Daniel Coronell, en su columna de la revista Semana, reveló un sorpresivo dato. El fiscal William Pacheco, que judicializó a Andrade y Ravelo, estaba inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la Fiscalía. La razón: en 1992, la Procuraduría lo había destituido por su responsabilidad en la desaparición forzada de un joven en Armenia, cuando Pacheco ejercía como teniente de la Policía. Además fue condenado por la justicia militar. El investigador del CTI que lo apoyó también tenía oscuros antecedentes.

No obstante, cuando trascendió la irregularidad del fiscal Pacheco, no sólo Ravelo ya estaba condenado, sino que el expediente se había contaminado con falsos testigos. Lo admitió el abogado Pedro Niño, quien luego declaró que, en la cárcel donde estaba detenido, se dio cuenta de cómo Fremio Sánchez Carreño, compadre del Panadero, preparaba a los testigos para que mintieran. Otro declarante, Orlando Noguera, manifestó después que el Panadero y Fremio le habían ofrecido dinero y ayuda para entrar a Justicia y Paz si secundaban su versión contra Andrade y Ravelo.

Ante las evidencias del montaje, ese mismo 2013 Andrade denunció al Panadero por falso testimonio. Con varias pruebas, el grupo de trabajo contra falsos testigos avanzó en la investigación, y para mediados de 2015 ya estaba llamado a juicio, además por fraude procesal. Sin embargo, el inicio de la audiencia pública contra el Panadero ha sido aplazado tres veces. La última, el pasado 26 de abril. A eso se suma que contra el Panadero y su compadre Fremio existe otro proceso por extorsión agravada desde la cárcel, denunciado por un comerciante de Barrancabermeja.

El juicio contra Andrade en la Corte Suprema debe iniciarse el próximo 16 de mayo, pero el excongresista optó por no comparecer desde 2011, argumentando falta de garantías. No sólo por las irregularidades del caso, sino porque libra un litigio aparte con la Corte Suprema. Su abogado, Pablo Elías González, dice que el alto tribunal no tiene competencia porque para la época del asesinato de David Núñez (abril de 1991), el Congreso había sido revocado por la Constituyente y además la Corte Suprema todavía no estaba habilitada para investigar a los congresistas.

Antes de la Constitución del 91, para ser investigados por la justicia, los legisladores tenían que perder su inmunidad parlamentaria primero. La Corte insiste en que el Congreso siguió deliberando al tiempo con la Constituyente y que incluso hay evidencias de la actuación de Aristides Andrade en la Comisión Séptima de la Cámara. Sin embargo, la defensa del excongresista, apoyado por la Procuraduría, esgrime otro argumento: que el caso Núñez está prescrito desde 2011. La Corte tiene otras cuentas e insiste en que el exparlamentario debe ser procesado.

El caso es tan confuso que la Fundación Defensa de Inocentes, que dirige el exdiputado del Valle Sigifredo López, lo ha tomado como bandera de un capítulo más de falsos testigos. En reciente debate de control político sobre el tema en el Congreso, el senador Horacio Serpa, cofundador junto con Andrade del movimiento FILA, lo defendió con ahínco e incluso afirmó que no metía las manos en el fuego por él sino que se incineraba, y calificó el caso como “una patraña muy grande”. La historia de la fotografía que siempre salió a relucir en sus campañas es la misma con la que se ha buscado acusar a Andrade.

Entre tanto el Panadero, después de muchos años haciéndole esguince a la justicia, ahora está en retirada. Lo condenaron a 28 años de prisión por el secuestro de Jineth Bedoya, está acusado por falso testigo y presunta extorsión. Amenazado de expulsión de Justicia y Paz y conminado a contar las verdades de lo que se vivió en la Modelo entre 1999 y 2002 para mantenerse bajo el paraguas jurídico. En cuanto a los supuestos testigos que al parecer ayudó a preparar, también les llega la hora de ser confrontados por jueces y fiscales.

A las seis de la mañana del 5 de abril de 1991, en el sitio conocido como el Paso a Nivel en Barrancabermeja, desconocidos asesinaron al secretario de obras públicas del puerto petrolero, David Núñez Cala. Por casi dos décadas, la investigación pasó por fiscalías y juzgados sin avance alguno. Pero súbitamente, desde abril de 2008 se convirtió en un proceso de características kafkianas que tiene a un exdirigente regional de la Unión Patriótica (UP) y el Polo en la cárcel y a un congresista llamado a juicio, en medio de un laberinto de oscuros intereses y falsos testigos.

El protagonista de la historia es Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, el mismo exparamilitar condenado a 28 años de prisión por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya. Su nombre surgió en los prontuarios judiciales a raíz de su participación en la masacre perpetrada en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, con saldo de siete muertos y 25 desaparecidos. Diez meses después, en marzo de 1999, fue capturado, y en la cárcel Modelo de Bogotá hizo parte de los violentos enfrentamientos con la guerrilla que la Fiscalía apenas empieza a investigar.

Antes de que apareciera la Ley de Justicia y Paz, Jaimes Mejía pasaba de agache, sin hacer mayores aportes a la justicia. Pero cuando se permitió que la ley fuera extensiva a quienes estaban presos antes del accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, empezó a recordar su conveniencia. Cuando comenzaba a hablar de vínculos de la Fuerza Pública con la masacre del 16 de mayo de 1998, súbitamente fue trasladado a la cárcel de Itagüí, donde entró en el círculo de los jefes paramilitares en Santander: Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, e Iván Duque, alias Ernesto Báez.

Entonces, el 17 de abril de 2008, en vez de confesar sus crímenes en el paramilitarismo, optó por hablar de su militancia anterior en el frente 24 de las Farc, con un caso específico: el asesinato de David Núñez Cala. Según él, todo se planeó en un restaurante situado junto al paso a nivel del ferrocarril, se hizo porque supuestamente Núñez era colaborador de los Masetos de Puerto Boyacá, y aseguró que en el plan participaron los dirigentes políticos David Ravelo y Aristides Andrade, en la época de los hechos contradictores políticos. El primero dirigente de la UP y el segundo congresista liberal.

Cuando el fiscal de Justicia y Paz que recibió la declaración quiso saber más sobre Andrade, el procesado Mario Jaimes contestó que sólo había estado de escolta de un comandante ese día y no sabía más. No obstante, seis meses después, en una segunda declaración, ahondó en detalles para afirmar que Núñez se iba a lanzar a la Alcaldía de Barrancabermeja por fuera del grupo FILA (Frente de Izquierda Liberal Auténtico), al que pertenecía, supuesta razón por la cual el jefe de ese movimiento en el puerto, Aristides Andrade, había sugerido el crimen.

En ese momento ya proliferaban las versiones libres de paramilitares contra líderes sindicales o dirigentes políticos de Barrancabermeja, razón por la cual los señalados acudieron al fiscal Mario Iguarán y al entonces director de Justicia y Paz, Luis González, para advertir de los montajes dirigidos desde la cárcel por Rodrigo Pérez o Julián Bolívar. David Ravelo, desde la UP y Credhos (Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio), había sido un activo denunciante de los nexos entre la Fuerza Pública y los paramilitares en la masacre de 1998.

A su vez, Aristides Andrade, en medio de una prolongada ola de asesinatos de sus líderes en el FILA, uno de ellos su propio hermano, Edinson Andrade, y de dos frustrados atentados contra su vida, en 2002 había culminado una carrera política de 25 años en el Concejo de Barrancabermeja, la Asamblea de Santander y el Congreso. En 2008, Ernesto Báez reconocía públicamente que, al igual que a otros congresistas, lo había sacado del Poder Legislativo para elegir a su candidato, Carlos Clavijo. Ese mismo año, Clavijo fue condenado en el escándalo de la parapolítica.

A pesar de las dudas sobre las declaraciones del Panadero, en julio de 2009, el fiscal 22 especializado, William Pacheco, abrió investigación contra Aristides Andrade y David Ravelo por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Entre tanto, el Panadero sacó a relucir una fotografía que lleva 30 años circulando en los medios, donde aparece Andrade con Horacio Serpa, acompañados de varios guerrilleros del frente 20 de las Farc. Cada vez que reaparece, Serpa y Andrade han tenido que explicar que fue una reunión autorizada por el gobierno de Belisario Betancur, en desarrollo del proceso de paz.

En septiembre de 2010, el fiscal Pacheco ordenó la detención de Ravelo y remitió el expediente de Andrade a la Corte Suprema de Justicia, porque para la época del asesinato de Núñez, éste oficiaba como congresista. En cada caso, a pesar de las inconsistencias de los testigos, los procesados quedaron en una encrucijada. Ravelo fue condenado en dos instancias a 220 meses de prisión, entre 2012 y 2013. El caso hoy está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrade libra una pelea aparte con la Corte Suprema de Justicia desde marzo de 2011.

En medio de la controversia, en junio de 2013, el periodista Daniel Coronell, en su columna de la revista Semana, reveló un sorpresivo dato. El fiscal William Pacheco, que judicializó a Andrade y Ravelo, estaba inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la Fiscalía. La razón: en 1992, la Procuraduría lo había destituido por su responsabilidad en la desaparición forzada de un joven en Armenia, cuando Pacheco ejercía como teniente de la Policía. Además fue condenado por la justicia militar. El investigador del CTI que lo apoyó también tenía oscuros antecedentes.

No obstante, cuando trascendió la irregularidad del fiscal Pacheco, no sólo Ravelo ya estaba condenado, sino que el expediente se había contaminado con falsos testigos. Lo admitió el abogado Pedro Niño, quien luego declaró que, en la cárcel donde estaba detenido, se dio cuenta de cómo Fremio Sánchez Carreño, compadre del Panadero, preparaba a los testigos para que mintieran. Otro declarante, Orlando Noguera, manifestó después que el Panadero y Fremio le habían ofrecido dinero y ayuda para entrar a Justicia y Paz si secundaban su versión contra Andrade y Ravelo.

Ante las evidencias del montaje, ese mismo 2013 Andrade denunció al Panadero por falso testimonio. Con varias pruebas, el grupo de trabajo contra falsos testigos avanzó en la investigación, y para mediados de 2015 ya estaba llamado a juicio, además por fraude procesal. Sin embargo, el inicio de la audiencia pública contra el Panadero ha sido aplazado tres veces. La última, el pasado 26 de abril. A eso se suma que contra el Panadero y su compadre Fremio existe otro proceso por extorsión agravada desde la cárcel, denunciado por un comerciante de Barrancabermeja.

El juicio contra Andrade en la Corte Suprema debe iniciarse el próximo 16 de mayo, pero el excongresista optó por no comparecer desde 2011, argumentando falta de garantías. No sólo por las irregularidades del caso, sino porque libra un litigio aparte con la Corte Suprema. Su abogado, Pablo Elías González, dice que el alto tribunal no tiene competencia porque para la época del asesinato de David Núñez (abril de 1991), el Congreso había sido revocado por la Constituyente y además la Corte Suprema todavía no estaba habilitada para investigar a los congresistas.

Antes de la Constitución del 91, para ser investigados por la justicia, los legisladores tenían que perder su inmunidad parlamentaria primero. La Corte insiste en que el Congreso siguió deliberando al tiempo con la Constituyente y que incluso hay evidencias de la actuación de Aristides Andrade en la Comisión Séptima de la Cámara. Sin embargo, la defensa del excongresista, apoyado por la Procuraduría, esgrime otro argumento: que el caso Núñez está prescrito desde 2011. La Corte tiene otras cuentas e insiste en que el exparlamentario debe ser procesado.

El caso es tan confuso que la Fundación Defensa de Inocentes, que dirige el exdiputado del Valle Sigifredo López, lo ha tomado como bandera de un capítulo más de falsos testigos. En reciente debate de control político sobre el tema en el Congreso, el senador Horacio Serpa, cofundador junto con Andrade del movimiento FILA, lo defendió con ahínco e incluso afirmó que no metía las manos en el fuego por él sino que se incineraba, y calificó el caso como “una patraña muy grande”. La historia de la fotografía que siempre salió a relucir en sus campañas es la misma con la que se ha buscado acusar a Andrade.

Entre tanto el Panadero, después de muchos años haciéndole esguince a la justicia, ahora está en retirada. Lo condenaron a 28 años de prisión por el secuestro de Jineth Bedoya, está acusado por falso testigo y presunta extorsión. Amenazado de expulsión de Justicia y Paz y conminado a contar las verdades de lo que se vivió en la Modelo entre 1999 y 2002 para mantenerse bajo el paraguas jurídico. En cuanto a los supuestos testigos que al parecer ayudó a preparar, también les llega la hora de ser confrontados por jueces y fiscales.