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A petición de varios magistrados, entre ellos Marco Antonio Velilla y Alfonso Vargas Rincón, el alto tribunal le quitó a la Sección Quinta la potestad para decidir si Ordóñez continuará o no en su cargo.
Esta decisión (en la que hubo cinco abstenciones) es un alivio para el procurador, ya que en esa Sección estaba prácticamente cantada la aprobación de la ponencia del magistrado Alberto Yepes, que pide anular su reelección porque, en su concepto, la Constitución Política impide elegir por segunda vez consecutiva al procurador general, por lo que el Senado “erró gravemente” al elegir a Ordóñez en noviembre de 2012.
Ahora, la Sala Plena decidirá si acepta o no los impedimentos que probablemente presentarán varios togados, ya que al menos seis de ellos tienen familiares trabajando en el Ministerio Público. Otros serían cercanos a Ordóñez, quien durante ocho años fue magistrado del Consejo de Estado y ternado para acceder al cargo en 2008. El procurador, además, trabajó con varios de los actuales magistrados del Consejo de Estado, como el expresidente de la corporación Alfonso Vargas. De hecho, la presidenta del alto tribunal, María Claudia Rojas Lasso, ya se declaró impedida para participar de este debate por tener un hijo vinculado a la Procuraduría.
Los magistrados Stella Conto y Gustavo Gómez también se abstuvieron de participar en la votación que le dio un nuevo oxígeno al procurador, cuyo cargo tambaleaba a comienzos de esta semana.