Caso Dimar Torres: el paradójico argumento del coronel (r) bajo la lupa de la Fiscalía

El asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, ejecutado el 22 de abril de este año en Ocaña (Norte de Santander), ha sido escandaloso de principio a fin por varias razones: que miembros del Ejército mataran a un desmovilizado en proceso de reinserción y sin armas; que gente de la comunidad impidiera que los uniformados lo enterraran de forma improvisada; que el ministro Guillermo Botero diera inicialmente una versión de este episodio que en nada correspondía a la realidad. Estos elementos, sumados a la última revelación de la revista Semana que indicarían que el crimen se cometió con premeditación absoluta, solo le imprimen más gravedad.

Cinco exintegrantes del Ejército están bajo la lupa de la Fiscalía por, presuntamente, haber participado en este homicidio. Se trata del coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yeison Alexánder Buriticá Duarte. De los cinco, solo le abrieron investigación formal por homicidio en persona protegida a Gómez Robledo. Los otros cuatro buscaron una salida alterna. Sus defensores pidieron que el caso pasara a manos de la Justicia Penal Militar, por considerar que la acción fue parte del servicio de la Fuerza Pública.

El Espectador conoció los argumentos con que el coronel (r) Pérez Amézquita pidió a un juez que su caso esté en manos de la justicia castrense. Con una paradoja de por medio: los abogados de los militares (que entre mayo y julio pasado salieron en retiro del Ejército) fundamentan su solicitud en un pronunciamiento relacionado con un exguerrillero, Jesús Santrich, hecho por la Corte Suprema a finales de mayo pasado. En ese momento Santrich estaba detenido en el búnker de la Fiscalía a raíz de una investigación por narcotráfico, por hechos que, según el ente investigador, fueron cometidos después del 1° de diciembre de 2016 y no hacían parte del conflicto armado.

El alto tribunal señaló entonces que el Consejo de Estado le había mantenido a Santrich su investidura como congresista y, por ende, la Corte Suprema debía ser su juez natural. “La reciente decisión del Consejo de Estado decide además las consecuencias del reconocimiento de la investidura como congresista, por lo cual (la Sala Penal) resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte (Jesús Santrich) frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión y legalización”. Es decir, que la Fiscalía no tenía competencia para mantener a Santrich —ahora disidente— privado de su libertad.

El argumento que da la defensa del coronel Pérez Amézquita es que este, como miembro del Ejército, dio unas “órdenes de operaciones, hizo unos cálculos de inteligencia y era miembro del Ejército activo; entre otros factores, configurarían una acción dentro del servicio y por ende, por garantías procesales, constitucionales y penales, que en el caso del coronel Pérez son los jueces de justicia penal militar”. El equipo de defensa del uniformado hace el puente entre su cliente y Santrich, asegurando que este último ni siquiera se había posesionado en el Congreso y, de todas maneras, se mantuvo la potestad de la Corte Suprema de investigarlo.

Al pedir el cambio de jurisdicción, sin embargo, no eran públicos aún los chats de Whatsapp que reveló la revista Semana en su última edición y que podrían ser prueba irrefutable de que el asesinato de Torres nada tuvo que ver con funciones castrenses. Según Semana, la Fiscalía estableció que el 1° de abril pasado, en zona rural de Ocaña, murió el soldado Pablo Borja García luego de pisar un artefacto explosivo. En respuesta, el coronel (r) Pérez Amezquita ordenó dar con los responsables. “Hay que destruirles cuanta mierda tengan (...) yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”, habría dicho el oficial (r), según declaraciones dadas por soldados al ente investigador.

Días después, el cabo (r) Gómez Robledo le informó al subteniente John Javier Blanco y al coronel (r) Pérez Amézquita que Dimar Torres era el probable autor de la muerte del soldado Borja. Lo acusó de haber sido explosivista del Eln, pero, según el reportaje, ni él tenía sustento de sus señalamientos ni el coronel las pidió. El cabo (r) Gómez Robledo empezó a seguir de cerca los movimientos del excombatiente y el 22 de abril, dice la Fiscalía, el uniformado lo interceptó cuando iba en su moto y lo asesinó: “Motivado por la orden del coronel, el cabo resolvió dolosamente ejecutar la muerte”.

La Fiscalía dice que con la ayuda de los soldados profesionales Alarcón Castrillón, Buriticá Duarte y Casilimas Pulido, Gómez Robledo quiso ocultar el crimen: escondieron la moto y cavaron la fosa donde trataron de inhumar el cuerpo. Como se supo luego, la comunidad intervino para que los uniformados no desaparecieran al excombatiente. En medio de la jornada electoral del pasado 27 de octubre, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que este asesinato no fue un acto del servicio, sino uno “ajeno al mismo”, aunque, apenas trascendió el crimen, su versión fue que el homicidio se dio por un forcejeo entre Torres y el cabo (r) Gómez.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, señaló que “es un hecho difícil y complejo que golpea al honor de las Fuerzas Militares, ya que es contrario a todo lo que nosotros defendemos y promovemos, que es el respeto por los derechos humanos, y operaciones dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario. Por políticas del Gobierno, desde el primer momento se colocó absolutamente todo en conocimiento de la Fiscalía. Por lo tanto, continuaremos apoyando para que esta investigación se cierre y se haga justicia”, manifestó Navarro ante los medios de comunicación.

En agosto pasado, el cabo (r) Gómez Robledo llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. El militar en retiro aceptó su responsabilidad por el asesinato del exguerrillero a cambio de una rebaja en la pena que pagará por el delito imputado (homicidio en persona protegida), que puede llegar hasta a 50 años de prisión si va a juicio. Este acuerdo que buscó el uniformado (r), quien se encuentra preso en una guarnición militar en Bogotá, lo conocerán el próximo 21 de noviembre un juzgado especializado de Cúcuta, los abogados de Dimar Torres y la Procuraduría. Mientras el Consejo Superior de la Judicatura tiene pendiente por resolver la solicitud del coronel (r) Pérez Amézquita.

El asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, ejecutado el 22 de abril de este año en Ocaña (Norte de Santander), ha sido escandaloso de principio a fin por varias razones: que miembros del Ejército mataran a un desmovilizado en proceso de reinserción y sin armas; que gente de la comunidad impidiera que los uniformados lo enterraran de forma improvisada; que el ministro Guillermo Botero diera inicialmente una versión de este episodio que en nada correspondía a la realidad. Estos elementos, sumados a la última revelación de la revista Semana que indicarían que el crimen se cometió con premeditación absoluta, solo le imprimen más gravedad.

Cinco exintegrantes del Ejército están bajo la lupa de la Fiscalía por, presuntamente, haber participado en este homicidio. Se trata del coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yeison Alexánder Buriticá Duarte. De los cinco, solo le abrieron investigación formal por homicidio en persona protegida a Gómez Robledo. Los otros cuatro buscaron una salida alterna. Sus defensores pidieron que el caso pasara a manos de la Justicia Penal Militar, por considerar que la acción fue parte del servicio de la Fuerza Pública.

El Espectador conoció los argumentos con que el coronel (r) Pérez Amézquita pidió a un juez que su caso esté en manos de la justicia castrense. Con una paradoja de por medio: los abogados de los militares (que entre mayo y julio pasado salieron en retiro del Ejército) fundamentan su solicitud en un pronunciamiento relacionado con un exguerrillero, Jesús Santrich, hecho por la Corte Suprema a finales de mayo pasado. En ese momento Santrich estaba detenido en el búnker de la Fiscalía a raíz de una investigación por narcotráfico, por hechos que, según el ente investigador, fueron cometidos después del 1° de diciembre de 2016 y no hacían parte del conflicto armado.

El alto tribunal señaló entonces que el Consejo de Estado le había mantenido a Santrich su investidura como congresista y, por ende, la Corte Suprema debía ser su juez natural. “La reciente decisión del Consejo de Estado decide además las consecuencias del reconocimiento de la investidura como congresista, por lo cual (la Sala Penal) resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte (Jesús Santrich) frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión y legalización”. Es decir, que la Fiscalía no tenía competencia para mantener a Santrich —ahora disidente— privado de su libertad.

El argumento que da la defensa del coronel Pérez Amézquita es que este, como miembro del Ejército, dio unas “órdenes de operaciones, hizo unos cálculos de inteligencia y era miembro del Ejército activo; entre otros factores, configurarían una acción dentro del servicio y por ende, por garantías procesales, constitucionales y penales, que en el caso del coronel Pérez son los jueces de justicia penal militar”. El equipo de defensa del uniformado hace el puente entre su cliente y Santrich, asegurando que este último ni siquiera se había posesionado en el Congreso y, de todas maneras, se mantuvo la potestad de la Corte Suprema de investigarlo.

Al pedir el cambio de jurisdicción, sin embargo, no eran públicos aún los chats de Whatsapp que reveló la revista Semana en su última edición y que podrían ser prueba irrefutable de que el asesinato de Torres nada tuvo que ver con funciones castrenses. Según Semana, la Fiscalía estableció que el 1° de abril pasado, en zona rural de Ocaña, murió el soldado Pablo Borja García luego de pisar un artefacto explosivo. En respuesta, el coronel (r) Pérez Amezquita ordenó dar con los responsables. “Hay que destruirles cuanta mierda tengan (...) yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”, habría dicho el oficial (r), según declaraciones dadas por soldados al ente investigador.

Días después, el cabo (r) Gómez Robledo le informó al subteniente John Javier Blanco y al coronel (r) Pérez Amézquita que Dimar Torres era el probable autor de la muerte del soldado Borja. Lo acusó de haber sido explosivista del Eln, pero, según el reportaje, ni él tenía sustento de sus señalamientos ni el coronel las pidió. El cabo (r) Gómez Robledo empezó a seguir de cerca los movimientos del excombatiente y el 22 de abril, dice la Fiscalía, el uniformado lo interceptó cuando iba en su moto y lo asesinó: “Motivado por la orden del coronel, el cabo resolvió dolosamente ejecutar la muerte”.

La Fiscalía dice que con la ayuda de los soldados profesionales Alarcón Castrillón, Buriticá Duarte y Casilimas Pulido, Gómez Robledo quiso ocultar el crimen: escondieron la moto y cavaron la fosa donde trataron de inhumar el cuerpo. Como se supo luego, la comunidad intervino para que los uniformados no desaparecieran al excombatiente. En medio de la jornada electoral del pasado 27 de octubre, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que este asesinato no fue un acto del servicio, sino uno “ajeno al mismo”, aunque, apenas trascendió el crimen, su versión fue que el homicidio se dio por un forcejeo entre Torres y el cabo (r) Gómez.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, señaló que “es un hecho difícil y complejo que golpea al honor de las Fuerzas Militares, ya que es contrario a todo lo que nosotros defendemos y promovemos, que es el respeto por los derechos humanos, y operaciones dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario. Por políticas del Gobierno, desde el primer momento se colocó absolutamente todo en conocimiento de la Fiscalía. Por lo tanto, continuaremos apoyando para que esta investigación se cierre y se haga justicia”, manifestó Navarro ante los medios de comunicación.

En agosto pasado, el cabo (r) Gómez Robledo llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. El militar en retiro aceptó su responsabilidad por el asesinato del exguerrillero a cambio de una rebaja en la pena que pagará por el delito imputado (homicidio en persona protegida), que puede llegar hasta a 50 años de prisión si va a juicio. Este acuerdo que buscó el uniformado (r), quien se encuentra preso en una guarnición militar en Bogotá, lo conocerán el próximo 21 de noviembre un juzgado especializado de Cúcuta, los abogados de Dimar Torres y la Procuraduría. Mientras el Consejo Superior de la Judicatura tiene pendiente por resolver la solicitud del coronel (r) Pérez Amézquita.