Caso DNE: a tres fichas del escándalo de corrupción les prescribieron los delitos

Pasaron seis años desde que la Fiscalía General le imputó cargos a William Miguel Scaff, Luis Rafael Hoyos, Jorge Enrique Donado, tres valuadores del centro Comercial Villa Country, un enorme lote que en el pasado había sido parte del patrimonio de un clan mafioso y que desde entonces hace parte de uno de los capítulos del denominado saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). En esta desaparecida entidad que administraba los bienes que provenían del crimen organizado son procesados empresarios de la costa Caribe y otras fichas que habrían participado del escándalo de corrupción.

Lea: Fiscalía investiga amenazas de muerte contra Camilo Bula, testigo del caso DNE

Sobre el proceso contra Scaff, Hoyos y Donado El Espectador supo que el pasado 4 de noviembre de 2020, cuando se iba a iniciar las audiencias preparatorias de juicio, la Fiscalía comunicó que dos de los tres delitos que se les imputaron habían prescrito: el de cohecho y concierto para delinquir. Es decir, que pasó el tiempo estipulado por la ley para que fueran procesados y, por ende, ya no pueden ser juzgados. Queda vigente el de peculado por apropiación para los tres procesados.

La génesis de este trascendental caso se remonta a 2009, cuando el empresario Leo Leo Eisenband Gottlieb —dueño de la firma Fedco, la marca líder en productos de belleza en Colombia—.compra que hizo en 2009, a través de su empresa Eilat Limitada, del centro comercial Villa Country en Barranquilla. Un predio que años atrás el Estado le quitó al clan mafioso de los Nasser Arana. El negocio, según la Fiscalía, está repleto de irregularidades. Por este caso, desde el año pasado el empresario le fueron imputados cargos por el delito de peculado, pues tiene evidencias que lo relacionan como un beneficiario del saqueo a la DNE. Esa venta de la DNE, dice el ente investigador, fue amañada de principio a fin para favorecer el negocio

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El testigo estrella de este caso, Camilo Bula, exliquidador en la DNE, le contó a la Fiscalía cómo se adulteraron avalúos y se falsificaron actos notariales para beneficiar a Eisenband Gottlieb. Aquí es donde entran Scaff, Hoyos y Donado en el radar de las autoridades. En septiembre de 2013, Bula logró un principio de oportunidad con la Fiscalía para revelar que en el desangre de la DNE participaron altos funcionarios de esa entidad, abogados, una exfiscal de lavado de activos, la congresista Myriam Paredes y el exparlamentario Javier Cáceres, así como propietarios de inmobiliarias, particulares, testaferros de narcos, funcionarios del Agustín Codazzi y peritos avaluadores.

Mientras tras los valuadores del predio duraron seis años para llegar a la etapa de audiencia preparatoria de juicio, Bula fue condenado en segunda instancia a 18 años de prisión (de los cuales ya pagó ocho), Albornoz está libre y a la espera del avance de su proceso. El abogado de las víctimas Neil Medina, le dijo a este diario que le preocupaba la situación actual del sistema judicial en Barranquilla “en donde los procesos contra los poderosos del departamento no avanzan. Acá hay responsabilidad de todas las partes: por ejemplo de la Procuraduría por no velar que el proceso avance y de la Judicatura para que las audiencias salgan adelante. Pasaron seis años y el proceso no estaba ni cerca de iniciar el juicio”.

Pasaron seis años desde que la Fiscalía General le imputó cargos a William Miguel Scaff, Luis Rafael Hoyos, Jorge Enrique Donado, tres valuadores del centro Comercial Villa Country, un enorme lote que en el pasado había sido parte del patrimonio de un clan mafioso y que desde entonces hace parte de uno de los capítulos del denominado saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). En esta desaparecida entidad que administraba los bienes que provenían del crimen organizado son procesados empresarios de la costa Caribe y otras fichas que habrían participado del escándalo de corrupción.

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Sobre el proceso contra Scaff, Hoyos y Donado El Espectador supo que el pasado 4 de noviembre de 2020, cuando se iba a iniciar las audiencias preparatorias de juicio, la Fiscalía comunicó que dos de los tres delitos que se les imputaron habían prescrito: el de cohecho y concierto para delinquir. Es decir, que pasó el tiempo estipulado por la ley para que fueran procesados y, por ende, ya no pueden ser juzgados. Queda vigente el de peculado por apropiación para los tres procesados.

La génesis de este trascendental caso se remonta a 2009, cuando el empresario Leo Leo Eisenband Gottlieb —dueño de la firma Fedco, la marca líder en productos de belleza en Colombia—.compra que hizo en 2009, a través de su empresa Eilat Limitada, del centro comercial Villa Country en Barranquilla. Un predio que años atrás el Estado le quitó al clan mafioso de los Nasser Arana. El negocio, según la Fiscalía, está repleto de irregularidades. Por este caso, desde el año pasado el empresario le fueron imputados cargos por el delito de peculado, pues tiene evidencias que lo relacionan como un beneficiario del saqueo a la DNE. Esa venta de la DNE, dice el ente investigador, fue amañada de principio a fin para favorecer el negocio

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El testigo estrella de este caso, Camilo Bula, exliquidador en la DNE, le contó a la Fiscalía cómo se adulteraron avalúos y se falsificaron actos notariales para beneficiar a Eisenband Gottlieb. Aquí es donde entran Scaff, Hoyos y Donado en el radar de las autoridades. En septiembre de 2013, Bula logró un principio de oportunidad con la Fiscalía para revelar que en el desangre de la DNE participaron altos funcionarios de esa entidad, abogados, una exfiscal de lavado de activos, la congresista Myriam Paredes y el exparlamentario Javier Cáceres, así como propietarios de inmobiliarias, particulares, testaferros de narcos, funcionarios del Agustín Codazzi y peritos avaluadores.

Mientras tras los valuadores del predio duraron seis años para llegar a la etapa de audiencia preparatoria de juicio, Bula fue condenado en segunda instancia a 18 años de prisión (de los cuales ya pagó ocho), Albornoz está libre y a la espera del avance de su proceso. El abogado de las víctimas Neil Medina, le dijo a este diario que le preocupaba la situación actual del sistema judicial en Barranquilla “en donde los procesos contra los poderosos del departamento no avanzan. Acá hay responsabilidad de todas las partes: por ejemplo de la Procuraduría por no velar que el proceso avance y de la Judicatura para que las audiencias salgan adelante. Pasaron seis años y el proceso no estaba ni cerca de iniciar el juicio”.