Caso Drummond: Corte Suprema envía a la JEP el expediente de Jaime Blanco Maya

Nueve meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptara al excontratista de la minera Drummond, Jaime Blanco Maya, la Corte Suprema de Justicia envió su expediente a la justicia especial. En su sometimiento a la JEP, el medio hermano del excontralor Edgardo Maya, fue aceptado como tercero no combatiente y dijo: “esclarecerá la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la Drummond entre 1993 y 2002 en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”. Ahora, la Corte concluyó que carecía de competencia para seguir procesando a Blanco Maya.

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Incluso antes de que el Tribunal de Bogotá lo condenara en segunda instancia (julio de 2019), Blanco Maya venía pidiéndole a la JEP, creada con el Acuerdo de Paz con las Farc, que lo aceptara desde 2018. La decisión de la justicia especial solo llegó en noviembre de 2019 y, para ese momento, ya el ganadero y empresario le había pedido a la Corte Suprema que revisara su sentencia en casación. El alto tribunal perdió competencia para juzgar a Blanco Maya, dado que la JEP tiene una competencia prevalente, pero sí se detuvo a estudiar la relación de la conducta de Blanco Maya con el conflicto armado en la decisión de enviar el expediente a la justicia transicional.

Blanco Maya fue condenado por concierto para delinquir y homicidio, pues se alió con grupos paramilitares para asesinar a sindicalistas de la gigante Drummond. Y es que, Blanco era dueño de Industrial de Servicios y Alimentos Ltda. (ISA), empresa que le suministraba alimentos a la minera con un gran margen de ganancia. Sin embargo, los trabajadores, reunidos en el sindicato Sintraminenergética, se quejaban de la calidad de la comida y luego de que el presidente y vicepresidente de la asociación sindical tuvieran una reunión con altos directivos de Drummond, resultaron asesinados por paramilitares del Bloque Norte.

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Testimonios de víctimas y versiones de exparamilitares llevaron al juzgado once penal especializado OIT a decir: “este Despacho encuentra probado que, valiéndose del discurso ideológico de las autodefensas, que consiste en acabar con todas aquellas personas pertenecientes a grupos guerrilleros, Blanco Maya aprovechó la cercanía que tenía con los comandantes del Bloque Norte, para solicitarles le ayudaran a erradicar el ‘problema de raíz’, expresión que no puede traducirse en algo distinto a eliminar al presidente y vicepresidente del sindicato, toda vez que estos se habían convertido en sus mayores opositores en lo que hacía a conservar el contrato de prestación del servicio de alimentación al personal de la Drummond”.

“Surge diáfano, entonces, que el implicado, como empresario y ganadero de la región, estaba aliado con la organización paramilitar que operaba en el departamento del Cesar, municipio de La Loma, donde Drummond explotaba minas de carbón, y que contribuía eficazmente a su sostenimiento, utilizando para ello insumos que debía destinar a la buena ejecución del contrato celebrado con la multinacional, así como parte de las importantes utilidades que éste le dejaba”, concluyó la Corte Suprema. Es decir, están demostrados judicialmente los vínculos de Blanco Maya con grupos paramilitares y la relación de sus conductas con el conflicto armado, con lo cual el alto tribunal no tuvo más opción que enviar el voluminoso expediente a la justicia especial.

Nueve meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptara al excontratista de la minera Drummond, Jaime Blanco Maya, la Corte Suprema de Justicia envió su expediente a la justicia especial. En su sometimiento a la JEP, el medio hermano del excontralor Edgardo Maya, fue aceptado como tercero no combatiente y dijo: “esclarecerá la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la Drummond entre 1993 y 2002 en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”. Ahora, la Corte concluyó que carecía de competencia para seguir procesando a Blanco Maya.

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Blanco Maya fue condenado por concierto para delinquir y homicidio, pues se alió con grupos paramilitares para asesinar a sindicalistas de la gigante Drummond. Y es que, Blanco era dueño de Industrial de Servicios y Alimentos Ltda. (ISA), empresa que le suministraba alimentos a la minera con un gran margen de ganancia. Sin embargo, los trabajadores, reunidos en el sindicato Sintraminenergética, se quejaban de la calidad de la comida y luego de que el presidente y vicepresidente de la asociación sindical tuvieran una reunión con altos directivos de Drummond, resultaron asesinados por paramilitares del Bloque Norte.

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Testimonios de víctimas y versiones de exparamilitares llevaron al juzgado once penal especializado OIT a decir: “este Despacho encuentra probado que, valiéndose del discurso ideológico de las autodefensas, que consiste en acabar con todas aquellas personas pertenecientes a grupos guerrilleros, Blanco Maya aprovechó la cercanía que tenía con los comandantes del Bloque Norte, para solicitarles le ayudaran a erradicar el ‘problema de raíz’, expresión que no puede traducirse en algo distinto a eliminar al presidente y vicepresidente del sindicato, toda vez que estos se habían convertido en sus mayores opositores en lo que hacía a conservar el contrato de prestación del servicio de alimentación al personal de la Drummond”.

“Surge diáfano, entonces, que el implicado, como empresario y ganadero de la región, estaba aliado con la organización paramilitar que operaba en el departamento del Cesar, municipio de La Loma, donde Drummond explotaba minas de carbón, y que contribuía eficazmente a su sostenimiento, utilizando para ello insumos que debía destinar a la buena ejecución del contrato celebrado con la multinacional, así como parte de las importantes utilidades que éste le dejaba”, concluyó la Corte Suprema. Es decir, están demostrados judicialmente los vínculos de Blanco Maya con grupos paramilitares y la relación de sus conductas con el conflicto armado, con lo cual el alto tribunal no tuvo más opción que enviar el voluminoso expediente a la justicia especial.