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La situación jurídica de dos altos funcionarios de la multinacional minera Drummond sigue sin definirse en territorio colombiano. Augusto Jiménez Mejía y José Manuel Linares, expresidente y presidente de la compañía de origen estadounidense, están ante los estrados por concierto para delinquir por los supuestos nexos que tuvieron con grupos paramilitares. La Fiscalía los acusó en diciembre de 2020, pero la apelación de la defensa no permitió que el proceso quedara en firme. Hoy, casi dos años después, un fiscal de segunda instancia tiene pendiente dejar en firme ese llamado a juicio.
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En octubre, la Fiscalía solicitó el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para que aporte información sobre la supuesta financiación de Drummond a las autodefensas, especialmente al bloque Norte que delinquía en el departamento de Cesar, zona de injerencia de la minera. Los hechos, en este caso, datan de los años noventa, cuando hubo despojo de tierras y homicidios de sindicalistas que denunciaban la presencia de paramilitares en la zona. A esta solicitud también se sumó la que hizo el ente investigador a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre conocer en detalle la declaración que hizo el exgobernador del Magdalena Trino Luna.
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El exmandatario, condenado por parapolítica, ha aportado verdad sobre la relación entre paramilitares, empresas y Estado en el Caribe y, al parecer, también se refirió al financiamiento de Drummond a grupos de autodefensa. Aunque el caso, que en 2020 fue declarado un crimen de lesa humanidad, no ha avanzado en la Fiscalía delegada ante el Tribunal de Bogotá, sí ha tenido algunos movimientos a favor de las víctimas. Por ejemplo, en agosto pasado, Sintramienergética, uno de los sindicatos de la compañía más golpeados por paramilitares, fue aceptado como víctima en el proceso. Luis Morales López, presidente del sindicato, celebró la decisión, porque tendrán una voz como víctimas del conflicto.
“Este ha sido un sindicato muy perseguido por los dueños y administradores de las multinacionales. Hay un número significativo de compañeros sindicales asesinados en el año 2000, aunque hay sentencias condenatorias, hoy queremos reconocimiento. A través de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) hemos solicitado reparación como víctimas en el conflicto armado. El sindicato ha recibido perjuicios por los homicidios selectivos”, dijo Morales López en diálogo con El Espectador. El líder añadió que, desde años atrás, han sido señalados de pertenecer a grupos guerrilleros por el hecho de denunciar presencia de paramilitares.
Para el sindicato, el reconocimiento de víctimas en el proceso es un paso importante, porque homicidios como el de los líderes sindicales Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita, Cándido Méndez y Gustavo Soler no quedarán en la impunidad. De ahí que el proceso no solo se mueva en la justicia ordinaria con la acusación a los altos mandos de la petrolera, sino también en la JEP. Y justo este año la Sala de Reconocimiento de este tribunal transicional abrió un nuevo caso para investigar los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública y terceros en alianza con grupos paramilitares.
En este caso, la CCJ, que defiende al sindicato, solicitó el reconocimiento de Sintramienergética en calidad de víctima en el expediente que se sigue en contra de Jaime Blanco. Se trata del empresario condenado en la justicia ordinaria porque, como contratista de Drummond, entregó dividendos a paramilitares a cambio de mantener la seguridad en la zona. El expediente, que está ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, pretende ser acumulado junto al de Jairo Charris, confeso paramilitar procesado por los mismos hechos.
Charris fungió como jefe de seguridad de Blanco, por lo que procesarlos a la par podría ayudar a identificar patrones de violencia en el caso Drummond y su presunta relación con grupos paramilitares, especialmente con los frentes Motilona y Juan Andrés Álvarez, del bloque Norte, al mando de alias Jorge 40. Así, aunque los procesos en la justicia transicional y ordinaria se mueven con pasos de tortuga, los afectados tienen fe en que estos pocos avances abran el camino para que homicidios como el de Cándido Méndez no quede en la impunidad y para que los hostigamientos en contra de los líderes sindicales se esclarezcan.
Por su parte, la multinacional, además de insistir en que sus directivos no han cometido delito alguno, ha dicho que varios de los testigos en su contra fueron sobornados para declarar en contra de la entidad. Incluso enviaron un extenso informe a la Fiscalía controvirtiendo su tesis sobre que financiaron a los paramilitares en los años 90. Ese documento fue rechazado en septiembre pasado por el ente investigador y dejó en firme los informes del CTI que daban cuenta que los dineros sí patrocinaron a ese grupo criminal. Sin embargo, el fiscal de segunda instancia no ha dejado en firme ese llamado a juicio.