Caso grafitero: Muerte de Diego Felipe Becerra "no fue un accidente"
Para el juzgado 48 de conocimiento la acción del patrullero Wilmer Antonio Alarcón fue "injustificada".
Redacción Judicial
“Creía que tenía un arma, curso, y le disparé, curso”. En la noche del 19 de agosto de 2011 el patrullero de la Policía, Wilmer Antonio Alarcón Vargas llamó desde la Clínica Shaio a sus superiores por el radioteléfono que portaba para manifestarles que minutos antes le había disparado a un joven en la calle 116 con Avenida Boyacá. La llamada prendió las alertas entre los altos mandos de la Institución que de manera inmediata solicitaron a otros uniformados dirigirse al lugar de los hechos.
El patrullero aseguraba, titubeante, que lo había atacado en defensa propia, puesto que “creía” que el joven portaba un arma de fuego. En un acto reflejo accionó su arma de dotación contra la humanidad de Becerra Lizarazo. Los otros policías que llegaron al lugar informaban que no encontraban en la escena el lugar donde supuestamente Becerra Lizarazo lo había amenazado con la pistola.
Debido a la gravedad de la herida el joven falleció en la madrugada del 20 de agosto. La Clínica estaba llena de policías quienes enviaban continuos reportes sobre lo que allí estaba sucediendo. A pocas cuadras otros uniformados intentaban por todos los medios evitar que los agentes del CTI que llegaron al lugar acordonaran la zona.
Esa noche eran más dudas que las certezas sobre lo ocurrido. Hoy, cinco años y cinco meses después de estos trágicos hechos lo único que se sabe es que el patrullero Alarcón le disparó por la espalda al artista urbano quien únicamente portaba en su mochila seis latas de aerosol y otros elementos para pintar grafitis. Que los policías que llegaron al lugar ubicaron de manera predeterminada un arma de fuego para darle soporte a la versión del suboficial.
De los motivos que llevaron a dispararle a un joven indefenso, a quien minutos antes había requisado, nada se sabe por el momento. A esta conclusión llegó el juez 48 de conocimiento de Bogotá que este miércoles condenó en fallo de primera instancia a 37 años y seis meses de prisión al patrullero por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado.
La responsabilidad de Alarcón
Para el despacho judicial, el procesado no tenía en el momento de los hechos ningún problema psicológico o alteración emocional. Mucho menos su vida corría riesgo puesto que el joven nunca lo amenazó o intimidó, pareciera que el arma que él vio fue producto de su imaginación puesto que las pruebas forenses determinaron que Becerra Lizarazo nunca manipuló un arma de fuego.
En sus manos solamente había rastros de pintura. “Al señor Alarcón, el día de los hechos, le era exigible actuar conforme a derecho. Es decir, disparar en contra de la humanidad de Diego Felipe indefenso, quien simplemente corría, sin embargo, no lo hizo. También sabía que matar era un comportamiento penalmente reprochable por nuestra legislación”, precisó el juez 48 de conocimiento que consideró que el procesado “conocía y sabía que el joven Diego Felipe Becerra Lizarazo no le representaba ningún riesgo pues lo había requisado, y determinado que no portaba armas”.
El patrullero tenía conocimiento en el manejo de armas, hecho por el cual no se pueden aceptar los argumentos de la defensa del patrullero sobre un accidente. “El actuar desplegado la noche del 19 de agosto se considera antijurídica, pues si bien el joven realizaba actividades relacionadas con el graffiti, que para esa época estaban desprovistas de reglamentación alguna, también es cierto que eso no representa una justificación de la acción”.
El suboficial no le había encontrado ningún elemento que lo relacionará con un hurto o algo por el estilo, hechos que minutos antes había motivado la persecución por varias cuadras. “Estaba en la obligación de permitirle éste se marchara del lugar, pero se lo impidió con el disparo antes de permitir que se fuera de la zona”. Hecho que según el juez es reprochable jurídicamente.
Llama la atención además que el arma que se le encontró a Alarcón funcionaba perfecta, resaltando que no había lugar a errores, más si se tiene en cuenta su conocimiento en el manejo de este tipo de artefactos. La que sí tenía fallas fue la pistola que se encontró en el lugar de los hechos y la cual tenía que ser accionada por un profesional.
El juzgado dictó orden de captura en contra de Alarcón cuyo paradero es desconocido desde el pasado 21 de agosto cuando un juez de control de garantías levantó la medida de aseguramiento privativa de su libertad que existía en su contra desde hace cinco años.
“Creía que tenía un arma, curso, y le disparé, curso”. En la noche del 19 de agosto de 2011 el patrullero de la Policía, Wilmer Antonio Alarcón Vargas llamó desde la Clínica Shaio a sus superiores por el radioteléfono que portaba para manifestarles que minutos antes le había disparado a un joven en la calle 116 con Avenida Boyacá. La llamada prendió las alertas entre los altos mandos de la Institución que de manera inmediata solicitaron a otros uniformados dirigirse al lugar de los hechos.
El patrullero aseguraba, titubeante, que lo había atacado en defensa propia, puesto que “creía” que el joven portaba un arma de fuego. En un acto reflejo accionó su arma de dotación contra la humanidad de Becerra Lizarazo. Los otros policías que llegaron al lugar informaban que no encontraban en la escena el lugar donde supuestamente Becerra Lizarazo lo había amenazado con la pistola.
Debido a la gravedad de la herida el joven falleció en la madrugada del 20 de agosto. La Clínica estaba llena de policías quienes enviaban continuos reportes sobre lo que allí estaba sucediendo. A pocas cuadras otros uniformados intentaban por todos los medios evitar que los agentes del CTI que llegaron al lugar acordonaran la zona.
Esa noche eran más dudas que las certezas sobre lo ocurrido. Hoy, cinco años y cinco meses después de estos trágicos hechos lo único que se sabe es que el patrullero Alarcón le disparó por la espalda al artista urbano quien únicamente portaba en su mochila seis latas de aerosol y otros elementos para pintar grafitis. Que los policías que llegaron al lugar ubicaron de manera predeterminada un arma de fuego para darle soporte a la versión del suboficial.
De los motivos que llevaron a dispararle a un joven indefenso, a quien minutos antes había requisado, nada se sabe por el momento. A esta conclusión llegó el juez 48 de conocimiento de Bogotá que este miércoles condenó en fallo de primera instancia a 37 años y seis meses de prisión al patrullero por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado.
La responsabilidad de Alarcón
Para el despacho judicial, el procesado no tenía en el momento de los hechos ningún problema psicológico o alteración emocional. Mucho menos su vida corría riesgo puesto que el joven nunca lo amenazó o intimidó, pareciera que el arma que él vio fue producto de su imaginación puesto que las pruebas forenses determinaron que Becerra Lizarazo nunca manipuló un arma de fuego.
En sus manos solamente había rastros de pintura. “Al señor Alarcón, el día de los hechos, le era exigible actuar conforme a derecho. Es decir, disparar en contra de la humanidad de Diego Felipe indefenso, quien simplemente corría, sin embargo, no lo hizo. También sabía que matar era un comportamiento penalmente reprochable por nuestra legislación”, precisó el juez 48 de conocimiento que consideró que el procesado “conocía y sabía que el joven Diego Felipe Becerra Lizarazo no le representaba ningún riesgo pues lo había requisado, y determinado que no portaba armas”.
El patrullero tenía conocimiento en el manejo de armas, hecho por el cual no se pueden aceptar los argumentos de la defensa del patrullero sobre un accidente. “El actuar desplegado la noche del 19 de agosto se considera antijurídica, pues si bien el joven realizaba actividades relacionadas con el graffiti, que para esa época estaban desprovistas de reglamentación alguna, también es cierto que eso no representa una justificación de la acción”.
El suboficial no le había encontrado ningún elemento que lo relacionará con un hurto o algo por el estilo, hechos que minutos antes había motivado la persecución por varias cuadras. “Estaba en la obligación de permitirle éste se marchara del lugar, pero se lo impidió con el disparo antes de permitir que se fuera de la zona”. Hecho que según el juez es reprochable jurídicamente.
Llama la atención además que el arma que se le encontró a Alarcón funcionaba perfecta, resaltando que no había lugar a errores, más si se tiene en cuenta su conocimiento en el manejo de este tipo de artefactos. La que sí tenía fallas fue la pistola que se encontró en el lugar de los hechos y la cual tenía que ser accionada por un profesional.
El juzgado dictó orden de captura en contra de Alarcón cuyo paradero es desconocido desde el pasado 21 de agosto cuando un juez de control de garantías levantó la medida de aseguramiento privativa de su libertad que existía en su contra desde hace cinco años.