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David Zuluaga, hijo del político uribista Óscar Iván Zuluaga, quedó libre del escándalo del “Hacker” Andrés Fernando Sepúlveda, quien en abril de 2015 fue condenado por ventilar información reservada de las negociaciones entre el gobierno Santos y las extintas Farc, en La Habana (Cuba). El “pirata informático” señaló que los Zuluaga, el padre candidato presidencial y el hijo jefe de campaña, le habrían entregado dinero para crear una estrategia de desprestigio contra quien finalmente resultó reelegido en 2014: Juan Manuel Santos.
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Óscar Iván Zuluaga, quien se perfila como precandidato presidencial para 2022, rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia el 26 de mayo de 2015. Su hijo, David Zuluaga, fue llamado a interrogatorio por esas fechas y desde entonces no había noticia alguna. De acuerdo con una fuente en la Fiscalía, en principio, se archivó la investigación porque han trascurrido más de dos años desde la indagación. La ley establece que ningún procesado puede sobrepasar ese término y las primeras acciones iniciaron hace casi siete años.
Por otro lado, “el único elemento de prueba que tenía el ente investigador en este caso era el testimonio del ‘Hacker’ Sepúlveda, quien dijo en reiteradas ocasiones que él no quiere ser testigo de la Fiscalía. Al no existir un testigo de cargo para sustentar la acusación, no hay elementos probatorios para sustentar un juicio”, agregó la fuente. Esa información indicaría que Sepúlveda entregó los nombres de los Zuluaga, en 2014, pero no habría querido ser prueba testimonial de la Fiscalía ante los jueces del país.
Antecedentes: Óscar Iván Zuluaga rinde declaración ante la Corte por caso hacker
El bufete de abogados David Espinosa Acuña & Asociados, defensor de David Zuluaga, explicó qué: “para esa época, se atacó la campaña presidencial con el denominado escándalo del ‘Hacker’, lo cual no sólo incidió en los resultados electorales, sino que generó la apertura de una investigación penal. Luego de siete años de una intensa batalla jurídica, la defensa logró que se archivara el proceso y que la Fiscalía reconociera la inexistencia de los elementos materiales para imputarle algún cargo”.
El “Hacker” Sepúlveda fue condenado, en 2015, por los delitos de concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo informático, uso de software malicioso y violación de datos personales agravado. Se sometió a sentencia anticipada, acordando con la Fiscalía aceptar esos cargos y revelar información que, en principio, salpicaba a los Zuluaga. Explicó que ambos sabían de sus actividades informáticas en contra de un grupo que representaría la animadversión absoluta del Centro Democrático: las antiguas Farc, que un año después del escándalo firmaron el Acuerdo Final de Paz.
“Sepúlveda fue acusado de interceptar correos electrónicos, redes sociales y llamadas telefónicas de la campaña política del ex vicepresidente Francisco Santos mediante un programa de computador malicioso (...) mediante la instalación de un virus en los correos de Santos y de alias Boris, integrante del comité de las Farce n Cuba, se obtuvo los perfiles de los integrantes del grupo guerrillero que hacen parte del proceso de negociación”, agregó la Fiscalía en su momento.
Sepúlveda, además, aseguró que la misma Policía Nacional le habría entregado un software para atacar sistemáticamente en redes sociales al entonces candidato Juan Manuel Santos. En principio, vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la campaña de desprestigio, tanto que en una audiencia de conciliación, el 10 de marzo de 2015, agregó que en una oficina de Galerías (Bogotá) llevaba a cabo las “chuzadas”. En su momento, el exmandatario aseguró que “era una falacia” y que con ella su buscaba “tapar la noticia del dinero de narcotráfico pagado a asesores de Santos”.
En contexto: Condenan a 10 años de prisión al ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda
Lo último que se supo del hacker, a quien le concedieron libertad condicional el 18 de diciembre pasado, fue que -según Noticias RCN- habría enviado una carta a la Fiscalía asegurando que su versión contra Uribe Vélez fue obra de la presión de terceros. El abogado Jaime Granados, apoderado del exmandatario, confirmó que la comunicación fue radicada desde su oficina. Esa carta entraría en la valoración de la Corte Suprema, la cual desde 2014 adelanta una investigación preliminar contra Uribe por el caso de las “chuzadas” al proceso de paz con las Farc.