Caso Hidroituango: juez dice que Contraloría violó el derecho a la defensa de Sergio Fajardo

Por considerar que la Contraloría, específicamente la contralora Juliana Velasco de la Unidad Anticorrupción, estaba llevando una investigación en términos desiguales, un juez de Medellín aceptó la recusación presentada por la defensa de Sergio Fajardo, quien es investigado fiscalmente por su presunta responsabilidad en la emergencia social y ambiental presentada en Hidroituango en 2018. Según el órgano de control, se han perdido más de $1,1 billones producto de los fallos en la obra.

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De acuerdo con el juez del caso, la Contraloría ha intentado presentar resultados de manera express en el caso Hidroituango, olvidando los periodos de tiempo legítimos en el proceso contra Sergio Fajardo y otros cuatro funcionarios imputados por el órgano de control. El punto central de la recusación está en el trámite denominado “grado de consulta”, pues la misma Contraloría, sin justificación, habría reducido los tiempos de presentación de argumentos de defensa de Fajardo y los otros investigados.

La contralora Velasco, en el momento de la imputación, había decidido que Sergio Fajardo y los demás involucrados tenían 10 días hábiles para presentar sus argumentos de defensa y, además, solicitar y aportar las pruebas que se pretenden hacer valer durante el proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, como en el mismo auto de imputación se les archivó la investigación a otros funcionarios, lo que se denomina “providencia mixta”, un superior de la unidad Anticorrupción debía realizar un tramite que no se tuvo en cuenta: el “grado de consulta”.

El grado de consulta, según la Ley 610 de 2000 y el mismo Manual de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, es una instancia en la cual un superior de una contraloría delegada debe revisar una “providencia mixta”, con el objetivo de garantizar el interés público y los derechos y garantías fundamentales. Para realizar tal proceso, el superior tiene hasta dos meses para pronunciarse sobre la legalidad de la/s imputación/es y, solo tras esa decisión, pueden contabilizarse los 10 días para presentar los argumentos de defensa. Sin embargo, de acuerdo con el juez quinto, en el caso de Sergio Fajardo, la Contraloría no tuvo en cuenta el grado de consulta y aceleró el expediente.

“Bajo el análisis indicado es claro que de manera equívoca se omitió, por la funcionaria de la contraloría delegada intersectorial 09, reconocer la situación jurídica o la falta de ejecutoria que presenta el auto de imputación de responsabilidad fiscal a los accionantes, mientras se encuentra surtiendo la consulta ante el superior, y en esas condiciones, la decisión de negar o aclarar los términos que tienen aquellos para presentar sus descargos, constituye una vía de hecho administrativa, lesiva de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa

Le puede interesar: Fajardo en medio de la tormenta: el impacto político del caso Hidroituango.

Así las cosas, el juez quinto resolvió tutelar el derecho al debido proceso y a la defensa de Sergio Fajardo, quien fue Gobernador de Antioquia durante el periodo 2012-2015; John Alberto Maya Salazar gerente de Hidroituango; María Eugenia Ramos Villa, miembro de la junta directiva del proyecto y secretaria de planeación departamental; Federico Restrepo Posada, gerente de Empresas Publicas de Medellín y miembro también de la junta directiva; y Rafael Nanclares Ospina, miembro de la junta directiva y secretario de infraestructura física del departamento de Antioquia.

Por su parte, la Contraloría General de la República explicó a este diario que acatará el plazo que la ley le otorgó a los funcionarios involucrados en el caso Hidroituango, para que formulen sus argumentos de defensa y soliciten y aporten pruebas al expediente. Sin embargo, la institución aclaró que tal decisión no afecta de fondo la formulación imputación, dada a conocer a principios de diciembre de 2020. “Así mismo, se informa que el fallo de tutela fue impugnado por cuanto la Contraloría no comparte la posición adoptada por el juez en atención a que la Ley aplicable al proceso de responsabilidad fiscal da tanto el término de los diez días como la fecha a partir de la cual se debe contabilizar”, agregó.

En contexto: Se cumplen dos años de la emergencia en Hidroituango.

Tras dos años de la emergencia de Hidroituango, cuya consecuencia fue la evacuación de más de 25 mil personas y la reducción en un 80% del caudal del Río Cauca, sin olvidar el multimillonario lucro cesante por los retrasos en el proyecto, las obras de reparación de la infraestructura, según las cabezas del megaproyecto, han avanzado. Dicen que ya fue evacuada el agua que había penetrado el cuarto de máquinas, que en su momento evitó el colapso total de la hidroeléctrica. Además, señalan que el proyecto ya cuenta con la construcción de la presa, cuya función es sostener el agua antes de que pase a las turbinas que generan la energía. De acuerdo con EPM, se iniciarán sus funciones este año, lo que permitirá producir el 17% de la energía del país.

Por considerar que la Contraloría, específicamente la contralora Juliana Velasco de la Unidad Anticorrupción, estaba llevando una investigación en términos desiguales, un juez de Medellín aceptó la recusación presentada por la defensa de Sergio Fajardo, quien es investigado fiscalmente por su presunta responsabilidad en la emergencia social y ambiental presentada en Hidroituango en 2018. Según el órgano de control, se han perdido más de $1,1 billones producto de los fallos en la obra.

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De acuerdo con el juez del caso, la Contraloría ha intentado presentar resultados de manera express en el caso Hidroituango, olvidando los periodos de tiempo legítimos en el proceso contra Sergio Fajardo y otros cuatro funcionarios imputados por el órgano de control. El punto central de la recusación está en el trámite denominado “grado de consulta”, pues la misma Contraloría, sin justificación, habría reducido los tiempos de presentación de argumentos de defensa de Fajardo y los otros investigados.

La contralora Velasco, en el momento de la imputación, había decidido que Sergio Fajardo y los demás involucrados tenían 10 días hábiles para presentar sus argumentos de defensa y, además, solicitar y aportar las pruebas que se pretenden hacer valer durante el proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, como en el mismo auto de imputación se les archivó la investigación a otros funcionarios, lo que se denomina “providencia mixta”, un superior de la unidad Anticorrupción debía realizar un tramite que no se tuvo en cuenta: el “grado de consulta”.

El grado de consulta, según la Ley 610 de 2000 y el mismo Manual de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, es una instancia en la cual un superior de una contraloría delegada debe revisar una “providencia mixta”, con el objetivo de garantizar el interés público y los derechos y garantías fundamentales. Para realizar tal proceso, el superior tiene hasta dos meses para pronunciarse sobre la legalidad de la/s imputación/es y, solo tras esa decisión, pueden contabilizarse los 10 días para presentar los argumentos de defensa. Sin embargo, de acuerdo con el juez quinto, en el caso de Sergio Fajardo, la Contraloría no tuvo en cuenta el grado de consulta y aceleró el expediente.

“Bajo el análisis indicado es claro que de manera equívoca se omitió, por la funcionaria de la contraloría delegada intersectorial 09, reconocer la situación jurídica o la falta de ejecutoria que presenta el auto de imputación de responsabilidad fiscal a los accionantes, mientras se encuentra surtiendo la consulta ante el superior, y en esas condiciones, la decisión de negar o aclarar los términos que tienen aquellos para presentar sus descargos, constituye una vía de hecho administrativa, lesiva de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa

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Así las cosas, el juez quinto resolvió tutelar el derecho al debido proceso y a la defensa de Sergio Fajardo, quien fue Gobernador de Antioquia durante el periodo 2012-2015; John Alberto Maya Salazar gerente de Hidroituango; María Eugenia Ramos Villa, miembro de la junta directiva del proyecto y secretaria de planeación departamental; Federico Restrepo Posada, gerente de Empresas Publicas de Medellín y miembro también de la junta directiva; y Rafael Nanclares Ospina, miembro de la junta directiva y secretario de infraestructura física del departamento de Antioquia.

Por su parte, la Contraloría General de la República explicó a este diario que acatará el plazo que la ley le otorgó a los funcionarios involucrados en el caso Hidroituango, para que formulen sus argumentos de defensa y soliciten y aporten pruebas al expediente. Sin embargo, la institución aclaró que tal decisión no afecta de fondo la formulación imputación, dada a conocer a principios de diciembre de 2020. “Así mismo, se informa que el fallo de tutela fue impugnado por cuanto la Contraloría no comparte la posición adoptada por el juez en atención a que la Ley aplicable al proceso de responsabilidad fiscal da tanto el término de los diez días como la fecha a partir de la cual se debe contabilizar”, agregó.

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Tras dos años de la emergencia de Hidroituango, cuya consecuencia fue la evacuación de más de 25 mil personas y la reducción en un 80% del caudal del Río Cauca, sin olvidar el multimillonario lucro cesante por los retrasos en el proyecto, las obras de reparación de la infraestructura, según las cabezas del megaproyecto, han avanzado. Dicen que ya fue evacuada el agua que había penetrado el cuarto de máquinas, que en su momento evitó el colapso total de la hidroeléctrica. Además, señalan que el proyecto ya cuenta con la construcción de la presa, cuya función es sostener el agua antes de que pase a las turbinas que generan la energía. De acuerdo con EPM, se iniciarán sus funciones este año, lo que permitirá producir el 17% de la energía del país.