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Durante una audiencia realizada este jueves, el empresario Carlos José Mattos se declaró culpable por los delitos de cohecho y daño informático agravado. El corrupto empresario, además, pidió disculpas públicamente por sus actos, al parecer, buscando ser favorecido con una reducción en la pena que determine el despacho el próximo 7 de junio a las 9:00 a.m.
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En la diligencia, el ente investigador le pidió al Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá, que Mattos sea condenado entre 63 y 78 meses de prisión. La petición de la Fiscalía contemplaría así beneficiar al empresario, quien pagaría solo una sexta parte de la condena normal por haber aceptado los cargos.
Asimismo, el confeso corrupto, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), le solicitó al despacho ser trasladado a una unidad militar en Barranquilla. La petición, aseguró el empresario, es para poder cumplir allá su pena, teniendo en cuenta el delicado estado de salud que manifiesta tener.
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Por su parte, Francisco Bernate, representante de las víctimas del proceso, manifestó estar de acuerdo con la pena pedida por la Fiscalía. De igual manera, sostuvo que el despacho debe “tener en cuenta la gravedad del hecho, la intensidad del dolo, la actuación que ha tenido la persona dentro del proceso, la afectación” a las víctimas y, dándole un espaldarazo al empresario, tener en cuenta la aceptación de los cargos.
A inicios de esta semana, por medio de un acuerdo sostenido entre el empresario y la Rama Judicial, Mattos pagó a esta corporación $3.731 millones como indemnización. El pago de este dinero, asegura el abogado Bernate, es “la indemnización más alta que ha recibido la Rama Judicial”.
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En este caso, Mattos solamente será juzgado por dos de los cuatro delitos que inicialmente se tenían en su contra. El pasado 7 de abril, le fueron retirados los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático, debido a que la Fiscalía encontró que el acuerdo con el que fue extraditado el empresario desde España no los contemplaba.
En esa ocasión, el ente investigador sostuvo que, tras consultar con Cancillería y con la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, se determinó que no es posible avanzar con el procesamiento de Mattos por los cuatro delitos iniciales. Hacer esto, dijo el ente acusador, sería incumplir con tratados internacionales y compromisos adquiridos entre los dos países.
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En la audiencia que le fueron retirados dos de los cuatro delitos, la defensa de Mattos manifestó que si desde un principio él hubiera sido imputado por solamente esos delitos, se habría evitado un desgaste del aparato judicial. Igualmente, en ese momento, Mattos, al igual que lo hizo en esta ocasión, señaló: “ante los colombianos presentó mi más sinceras disculpas, lo mismo que a la judicatura y a mi familia. Que tomen un ejemplo de mí de lo que no se debe hacer”.
El proceso judicial en contra del empresario que fue extraditado finalizando 2021 desde España hacia Colombia, obedeció a un entramado de corrupción que descubrió la Fiscalía, y que vinculó a varios funcionarios públicos, desde ingenieros, abogados y jueces que hacían parte del Complejo Judicial de Paloquemao. Allí, se habría orquestado todo para que Mattos se quedara con la representación de la marca Hyundai en Colombia.
Estos hechos se dieron cuando la empresa coreana rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos, quien era la cabeza de Hyundai en Colombia. La intención de Hyundai Corea era comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri, a lo que el empresario colombiano respondió con una demanda civil con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional. Con esa determinación llegaron una seguidilla de sobornos y favorecimientos por parte de Mattos que tenía como finalidad mantener la representación de la marca en su poder.
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