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El empresario Carlos Mattos, exrepresentante legal de Hyundai, se enfrentará a un pena de cárcel superior a los cinco años por el entramado de corrupción que fraguó para salir bien librado en un proceso administrativo con el que buscaba que se mantuviera en su poder la representación legal de la promotora de vehículos. El empresario que fue extraditado de España en noviembre del año pasado y está recluido en una cárcel de máxima seguridad, es señalado por las autoridades de sobornar a dos jueces.
En este caso, el juzgado 11 de conocimiento condenó al empresario a cinco años y ocho meses de prisión que deberá purgar en un centro carcelario. Además, deberá pagar una multa superior a los 125 salarios mínimos legales vigentes y estará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 108 meses, por el soborno contra la juez Ligia del Carmen Hernández quien, en medio de un proceso judicial, aceptó que con sus decisiones favoreció al empresario por recibir dádivas superiores a los $50 millones.
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Por esos hechos, Hernández fue condenada en 2020, mientras el proceso con el empresario seguía su curso a través de un preacuerdo con la Fiscalía. Aunque, inicialmente, Mattos tuvo condena por esos hechos, el agosto de este año el Tribunal Superior de Bogotá tumbó su condena porque la Fiscalía no demostró si hubo o no incremento patrimonial con las decisiones judiciales emitidas a su favor.
Con la negativa del tribunal, la Fiscalía días atrás volvió a llevar ante los estrados a Mattos. En medio de las diligencias, el ente acusador dejó claro que nunca se manejó la hipótesis de un incremento patrimonial por parte del empresario en medio del entramado de corrupción. Esa situación en la sentencia emitida este miércoles fue ratificada por el juez.
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“Respecto al patrimonio del acusado, se determinó en dicho informe que su participación en la sociedad Hyundai Colombia Automotriz S.A, era del 14%, pero como la venta de vehículos no generó utilidades, no obtuvo dividendos que incrementaran su patrimonio”, resaltó el juez en medio de la diligencia. Daniel Hernández, fiscal del caso, dijo en una diligencia que el ente acusador no tomó la hipótesis del incremento del patrimonio porque la síntesis de la investigación era verificar e investigar el entramado de corrupción originado por Mattos.
El empresario, pese a que tuvo preacuerdos con la Fiscalía, en medio de las diligencias denunció no estar de acuerdo con el manejo que le ha dado el ente acusador a su proceso, por lo que en alguna ocasión dijo que se retractaba de aceptar los cargos. “Estoy en prisión, enfermo, para cumplir la pena que me prometieron, he cumplido con todo, pero si aquí no me van a respetar el acuerdo, y pretenden poner una pena muy superior y por unos delitos que no me fueron informados ni en la imputación ni en la acusación de la Fiscalía, yo me retracto de la aceptación de los cargos”, dijo en medio de su intervención.
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Aunado a ello, la defensa de Mattos presentó un recurso de nulidad, pero el juzgado, así como la retractación hecha por el empresario, también lo rechazó. Entre otras disposiciones del despacho está una compulsa de copias para que la Fiscalía siga indagando si existen más conductas delictivas en el marco del proceso investigativo que se surte en contra del empresario. Esta no es la primera vez que está ante los estrados judiciales, sobre Mattos también hubo un expediente en el que se relata la forma en la que también compró judiciales en otro juzgado con el mismo fin.
De momento, el empresario está recluido en una cárcel de máxima seguridad en Boyacá porque en medio de su estadía un centro penitenciario en Bogotá hubo irregularidades en las salidas que les eran otorgadas para visitar a su médico. Una investigación periodística puso en evidencia que , en complicidad con guardias del Inpec, el empresario visitaba algunas de sus oficinas y se reunía con sus abogados.
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