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El periodista Gonzalo Guillén Jiménez y la Fundación La Nueva Prensa, quienes pedían ser reconocidos como víctimas dentro del proceso que investiga las acciones delictivas del empresario Carlos Mattos por corrupción, no fueron reconocidos como afectados dentro del proceso. Según determinó el juez del caso, la solicitud del periodista no tiene nada que ver con los hechos de corrupción que protagonizó el empresario en el llamado caso Hyundai.
Para el juez, la petición del periodista y de la Fundación, a quienes según sus representantes legales se les afectó la honra, dignidad y vida, se aleja del caso. De acuerdo con el togado, lo que se investiga en el proceso contra Mattos es el entramado de corrupción, en el que ya aceptó haber participado, lo cual no estaría afectando a Guillén.
El abogado de Guillén, Roberto Rodríguez, apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá por lo determinado por el Juzgado 30 de conocimiento de Bogotá. Según el defensor del periodista, la decisión tomada por el juez no fue la correcta, ya que, para él, los señalamientos que hizo Mattos contra el periodista afectan el ejercicio de su profesión y el nombre de La Nueva Prensa.
En su intervención, Rodríguez dijo que, a su forma de ver, el juez no evaluó correctamente las pruebas que se le presentaron al despacho. Según el abogado, la afectación a la profesión de Guillén si es algo sustancial dentro del proceso. El defensor manifestó, los delitos que cometió Mattos sí afectaron directamente a su prohijado y al medio de comunicación.
En la audiencia previa, Rodríguez pidió ante el juzgado que el comunicador fuese declarado víctima luego de que durante la primera semana de febrero el empresario, a través de una carta, no solo pidiera disculpas públicas, reconociera haber pagado dádivas para recibir beneficios judiciales, sino que, además, confesó haber entregado dineros a Guillén para que iniciara una campaña de desprestigio en contra de la Fiscalía en el marco de la investigación que se adelanta desde hace un poco más de cinco años en territorio colombiano.
El proceso judicial en contra del empresario que fue extraditado finalizando 2021 desde España hacia Colombia, obedeció a un entramado de corrupción que descubrió la Fiscalía, y que vinculó a varios funcionarios públicos, desde ingenieros, abogados y jueces que hacían parte del Complejo Judicial de Paloquemao. Allí, se habría orquestado todo para que Mattos se quedara con la representación de la marca Hyundai en Colombia.
Estos hechos se dieron cuando la empresa coreana rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos, quien era la cabeza de Hyundai en Colombia. La intención de Hyundai Corea era comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri, a lo que el empresario colombiano respondió con una demanda civil con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional. Con esa determinación llegaron una seguidilla de sobornos y favorecimientos por parte de Mattos que tenía como finalidad mantener la representación de la marca en su poder.
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