Caso Javier Ordóñez: Procuraduría evaluará diez testimonios

Los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, señalados de causar la muerte del abogado Javier Ordóñez, tras golpearlo y aplicarle reiteradas descargas eléctricas con pistola taser el pasado 9 de septiembre en un CAI en Bogotá, asistieron a su segunda audiencia de juicio disciplinario en la Procuraduría. Esta vez, ambos policías contaron con sus respectivos defensores de confianza, quienes solicitaron un compilado de pruebas al Ministerio Público. Entre las evidencias que serán evaluadas están 10 testimonios y una prueba pericial sobre el uso de armas no letales.

El procurador delegado decidió tener en cuenta los testimonios de los uniformados Henry Bonilla y Fabio Alexander Moreno, quienes, según la defensa, estuvieron presentes en el CAI Villaluz, lugar donde Javier Ordóñez presuntamente fue torturado por los patrulleros investigados el pasado 9 de septiembre. También, se decretó valida la intervención del conductor de la patrulla Juan Bohórquez, quien habría llevado a los involucrados a la clínica Santa María del Lago.

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También serán citados tres uniformados adscritos al CAI Normandía, del cuadrante número 30, quienes aportarían información que ayudaría a la defensa de los patrulleros Rodríguez y Lloreda. Entre los personajes clave, el procurador delegado escuchará a Wilder Salazar Guevara, amigo de Javier Ordóñez, quien habría acompañado a la víctima al CAI Villaluz y, también, al centro medico donde se reportó la muerte. Así mismo, a petición de la defensa, los mismos, procesados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda rendirán versión libre.

Las voces expertas serán escuchadas en último momento. Por ejemplo, el médico forense Francisco José Calle, quien estuvo a cargo del informe de necropsia, será escuchado el próximo jueves 8 de octubre. Además, a petición de la defensa de Juan Camilo Lloreda, un perito de la Policía explicará las características del arma taser la próxima semana. “Necesitamos un perito que nos explique la utilización de esta arma no letal, porque el video nos puede mostrar una situación que puede ser alarmante”, dijo el abogado Fray Segura Romero.

La audiencia disciplinaria comenzó el pasado 1° de octubre, día en que la Procuraduría formuló pliegue de cargos a los patrulleros por homicidio y abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto. Aquella diligencia fue suspendida en varias oportunidades por fallas en la videollamada y por peticiones del abogado defensor de Rodríguez, Jorge Alberto Páramo, quien aseguró tener otras responsabilidades en la tarde. Con el objetivo de garantizar el debido proceso de los investigados, el ministerio público determinó que se retomara hoy 5 de octubre.

La nueva diligencia estuvo, de nuevo, marcada por constantes interferencias en la conexión. A las 2:00 de la tarde de este lunes, el delegado de la Procuraduría inició la audiencia constatando la asistencia de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes respondieron desde la cárcel de baja y media seguridad para miembros de la fuerza pública en Facatativá. Además, se constató la presencia de sus respectivos apoderados Jorge Alberto Páramo y, por primera vez en el proceso, Fray Segura Romero.

Luego de eso, el funcionario del Ministerio Público preguntó a los policías si querían exhibir pruebas para el desarrollo de la audiencia. Ambos respondieron negativamente. Entonces, el procurador delegado invitó a los respectivos apoderados para que, si era de su preferencia, exhibieran las cartas con las que podrían contar en el expediente. “No voy a presentar. Solo voy a pedir pruebas”, respondió el abogado Segura Romero, defensor del patrullero Juan Camilo Lloreda, quien no aceptó representación de oficio en la sesión anterior.

A partir de allí, los abogados Páramo y Segura dejaron claro que, en esta instancia, pelearán el proceso disciplinario a través de pruebas testimoniales y documentales. Solicitaron a la Procuraduría citar a un grupo de testigos que van desde los uniformados que estaban en el CAI Villaluz en la madrugada del 9 de septiembre, día que murió Javier Ordóñez, hasta dos vendedores de una Whiskería y una tienda de barrio, a quienes el abogado les habría comprado licor aquella noche.

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“Solicito el testimonio del patrullero Henry Bonilla, un patrullero que se encontraba en el CAI Villaluz, al intendente Fabio Moreno que estaba a cargo del mismo lugar y al conductor de la patrulla en la cual fue conducido Javier Ordóñez”, le comunicó el abogado Jorge Alberto Páramo al procurador delegado. Además, pidió sea escuchado el testimonio del dueño de la tienda ‘La Única de la 53’, donde el abogado habría comprado bebidas alcohólicas para departir con sus amigos.

El abogado Páramo, pidió oficiar a la Policía Nacional para que explique cómo debería reaccionar un patrullero en casos donde un presunto infractor se opone con violencia a un procedimiento. “Para que nos relacione la táctica que deben utilizar para reducir a las personas que se resistan o contravengan los operativos judiciales utilizando la violencia”, requirió. Esta petición fue negada porque tal información puede encontrarse en los manuales de la institución.

Por otro lado, las solicitudes del abogado Fray Segura Romero, apoderado de del patrullero Juan Camilo Lloreda, fueron muy parecidas a las de su colega Páramo. Citó a los mismos uniformados de policía y fue insistente en la necesidad de escuchar un perito experto en el uso de armas de dispositivo eléctrico, porque el video circulado en redes sociales podría ser una exageración. “El arma taser es nueva. Especular en cuantas ocasiones debe oprimirse no lo dice el manual”, afirmó Segura.

“Dentro de la actuación disciplinaria no tenemos claridad cuanta fue la cantidad de licor que consumió el señor Javier Ordóñez. Se podría hacer una inspección al lugar de los hechos y hacer unas entrevistas a esas dos personas de los minimercados donde fueron a comprar ron y whiskey, todo ello para determinar la cantidad de licor que consumieron”, solicitó el abogado Segura. Sin embargo, el procurador delegado consideró que esa información era irrelevante dado que “no importaba cuanto compró si no cuanto había consumido”, lo cual está en la necropsia.

Al final, el procurador delegado preguntó a los abogados Páramo y Segura si elevarían algún recurso de apelación, pero ambos estuvieron de acuerdo con lo concluido por el agente del ministerio público. Luego, se fijaron los horarios para escuchar al perito, a los testigos y al médico forense, quienes aportarán su versión a la audiencia disciplinaria desde mañana 6 de octubre hasta el 13 de este mismo mes. Luego de eso, al menos en la Procuraduría, se conocerá el futuro de los patrulleros Rodríguez y Lloreda, quienes también enfrentaran un proceso en la justicia ordinaría.

Los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, señalados de causar la muerte del abogado Javier Ordóñez, tras golpearlo y aplicarle reiteradas descargas eléctricas con pistola taser el pasado 9 de septiembre en un CAI en Bogotá, asistieron a su segunda audiencia de juicio disciplinario en la Procuraduría. Esta vez, ambos policías contaron con sus respectivos defensores de confianza, quienes solicitaron un compilado de pruebas al Ministerio Público. Entre las evidencias que serán evaluadas están 10 testimonios y una prueba pericial sobre el uso de armas no letales.

El procurador delegado decidió tener en cuenta los testimonios de los uniformados Henry Bonilla y Fabio Alexander Moreno, quienes, según la defensa, estuvieron presentes en el CAI Villaluz, lugar donde Javier Ordóñez presuntamente fue torturado por los patrulleros investigados el pasado 9 de septiembre. También, se decretó valida la intervención del conductor de la patrulla Juan Bohórquez, quien habría llevado a los involucrados a la clínica Santa María del Lago.

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También serán citados tres uniformados adscritos al CAI Normandía, del cuadrante número 30, quienes aportarían información que ayudaría a la defensa de los patrulleros Rodríguez y Lloreda. Entre los personajes clave, el procurador delegado escuchará a Wilder Salazar Guevara, amigo de Javier Ordóñez, quien habría acompañado a la víctima al CAI Villaluz y, también, al centro medico donde se reportó la muerte. Así mismo, a petición de la defensa, los mismos, procesados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda rendirán versión libre.

Las voces expertas serán escuchadas en último momento. Por ejemplo, el médico forense Francisco José Calle, quien estuvo a cargo del informe de necropsia, será escuchado el próximo jueves 8 de octubre. Además, a petición de la defensa de Juan Camilo Lloreda, un perito de la Policía explicará las características del arma taser la próxima semana. “Necesitamos un perito que nos explique la utilización de esta arma no letal, porque el video nos puede mostrar una situación que puede ser alarmante”, dijo el abogado Fray Segura Romero.

La audiencia disciplinaria comenzó el pasado 1° de octubre, día en que la Procuraduría formuló pliegue de cargos a los patrulleros por homicidio y abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto. Aquella diligencia fue suspendida en varias oportunidades por fallas en la videollamada y por peticiones del abogado defensor de Rodríguez, Jorge Alberto Páramo, quien aseguró tener otras responsabilidades en la tarde. Con el objetivo de garantizar el debido proceso de los investigados, el ministerio público determinó que se retomara hoy 5 de octubre.

La nueva diligencia estuvo, de nuevo, marcada por constantes interferencias en la conexión. A las 2:00 de la tarde de este lunes, el delegado de la Procuraduría inició la audiencia constatando la asistencia de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes respondieron desde la cárcel de baja y media seguridad para miembros de la fuerza pública en Facatativá. Además, se constató la presencia de sus respectivos apoderados Jorge Alberto Páramo y, por primera vez en el proceso, Fray Segura Romero.

Luego de eso, el funcionario del Ministerio Público preguntó a los policías si querían exhibir pruebas para el desarrollo de la audiencia. Ambos respondieron negativamente. Entonces, el procurador delegado invitó a los respectivos apoderados para que, si era de su preferencia, exhibieran las cartas con las que podrían contar en el expediente. “No voy a presentar. Solo voy a pedir pruebas”, respondió el abogado Segura Romero, defensor del patrullero Juan Camilo Lloreda, quien no aceptó representación de oficio en la sesión anterior.

A partir de allí, los abogados Páramo y Segura dejaron claro que, en esta instancia, pelearán el proceso disciplinario a través de pruebas testimoniales y documentales. Solicitaron a la Procuraduría citar a un grupo de testigos que van desde los uniformados que estaban en el CAI Villaluz en la madrugada del 9 de septiembre, día que murió Javier Ordóñez, hasta dos vendedores de una Whiskería y una tienda de barrio, a quienes el abogado les habría comprado licor aquella noche.

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“Solicito el testimonio del patrullero Henry Bonilla, un patrullero que se encontraba en el CAI Villaluz, al intendente Fabio Moreno que estaba a cargo del mismo lugar y al conductor de la patrulla en la cual fue conducido Javier Ordóñez”, le comunicó el abogado Jorge Alberto Páramo al procurador delegado. Además, pidió sea escuchado el testimonio del dueño de la tienda ‘La Única de la 53’, donde el abogado habría comprado bebidas alcohólicas para departir con sus amigos.

El abogado Páramo, pidió oficiar a la Policía Nacional para que explique cómo debería reaccionar un patrullero en casos donde un presunto infractor se opone con violencia a un procedimiento. “Para que nos relacione la táctica que deben utilizar para reducir a las personas que se resistan o contravengan los operativos judiciales utilizando la violencia”, requirió. Esta petición fue negada porque tal información puede encontrarse en los manuales de la institución.

Por otro lado, las solicitudes del abogado Fray Segura Romero, apoderado de del patrullero Juan Camilo Lloreda, fueron muy parecidas a las de su colega Páramo. Citó a los mismos uniformados de policía y fue insistente en la necesidad de escuchar un perito experto en el uso de armas de dispositivo eléctrico, porque el video circulado en redes sociales podría ser una exageración. “El arma taser es nueva. Especular en cuantas ocasiones debe oprimirse no lo dice el manual”, afirmó Segura.

“Dentro de la actuación disciplinaria no tenemos claridad cuanta fue la cantidad de licor que consumió el señor Javier Ordóñez. Se podría hacer una inspección al lugar de los hechos y hacer unas entrevistas a esas dos personas de los minimercados donde fueron a comprar ron y whiskey, todo ello para determinar la cantidad de licor que consumieron”, solicitó el abogado Segura. Sin embargo, el procurador delegado consideró que esa información era irrelevante dado que “no importaba cuanto compró si no cuanto había consumido”, lo cual está en la necropsia.

Al final, el procurador delegado preguntó a los abogados Páramo y Segura si elevarían algún recurso de apelación, pero ambos estuvieron de acuerdo con lo concluido por el agente del ministerio público. Luego, se fijaron los horarios para escuchar al perito, a los testigos y al médico forense, quienes aportarán su versión a la audiencia disciplinaria desde mañana 6 de octubre hasta el 13 de este mismo mes. Luego de eso, al menos en la Procuraduría, se conocerá el futuro de los patrulleros Rodríguez y Lloreda, quienes también enfrentaran un proceso en la justicia ordinaría.