Los padres de Jhonny Silva, el estudiante de la Universidad del Valle que murió el 22 de septiembre de 2005 en medio de fuertes disturbios en su institución, decidieron dejar de tocar las puertas de la justicia colombiana y le solicitaron el pasado 8 de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admita el caso de su hijo. Su molestia radica en una providencia de la Fiscalía Primera delegada ante el Tribunal Superior de Cali, en la que el organismo reversó todas las conclusiones a las que había llegado el fiscal 41 de la Unidad de DD.HH. de esa ciudad, quien adelantó en principio las indagaciones para esclarecer el asesinato.
De las primeras pesquisas, conocidas en agosto de 2008, el resultado más significativo para la familia, amigos y conocidos de Silva fue la responsabilidad que se les endilgó a agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Metropolitana de Cali por la muerte del estudiante. “Contrario a lo que sostienen los indagados, sí hubo ingreso del personal uniformado del Esmad a las instalaciones universitarias y que, como consecuencia de ese ingreso, uno de esos uniformados fue el que dio muerte al estudiante Jhonny Silva Aranguren”, señala dicho documento.
En ese entonces, la Fiscalía tomó en cuenta testigos que estuvieron cerca del lugar en que pereció Jhonny. Al menos 17 personas les describieron a los investigadores la entrada de los policías antidisturbios a la sede de la Univalle, los cuales tuvieron que abrir un hueco por las rejas sobre una vía principal conocida como La Pasoancho. Recordaron que entre las 6:20 y 6:45 p.m. de ese día se escuchó un grito: “¡Hay un estudiante herido!”. La mayoría de los que se percataron del ingreso de los uniformados huyeron en estampida, pero Jhonny, quien tenía una enfermedad congénita en sus piernas, no alcanzó a hacer lo mismo.
Carlos Adolfo Millán, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali, no obstante, adoptó una tesis contraria: “No es posible determinar quién lo mató”. Además, ahondó en una hipótesis descartada por su antecesor: “Se puede concluir que éste (proyectil) no fue disparado por armas de fuego tipo revólver de dotación oficial de la Policía“. Este funcionario, incluso, dejó sin piso la discusión de si el Esmad estaba autorizado para entrar o no al claustro, al sustentar que la función de la Policía en ese momento era “controlar a aquellos estudiantes que alteraban el orden” y que la vicerrectora de la Univalle sí autorizó su ingreso.
El fiscal Millán añadió otro elemento: que hubo un montaje. En segunda instancia, la Fiscalía analizó una gorra que, presuntamente, apareció en el campus y pertenecía a uno de los responsables del asesinato del joven. “Sí hubo un montaje. ¿Quién, cuándo y cómo se dirigió? No se sabe, pero participaron varias personas del interior y del exterior de la universidad”. En su providencia, Millán explicó que dicho escenario se explicaba en que “el Esmad se encontraba en posición de desventaja frente a los manifestantes, porque mientras para los primeros el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos humanos es un imperativo, para éstos no es más que una entelequia”.
Los familiares de Jhonny Silva Aranguren, sin embargo, se sienten indignados frente a la actuación de la Fiscalía. La Procuraduría ya le había pedido al organismo investigativo que vinculara formalmente al subcomandante del Esmad de la época y a dos intendentes. Aunque para el Ministerio Público no quedó duda de que el responsable de la muerte de Silva era un agente del Esmad, para la Fiscalía ya no lo es. Por ello, la familia del joven optó por acudir a tribunales internacionales en espera de que en éstos se defina realmente cómo y por qué Jhonny, quien tenía 21 años de edad, resultó muerto en aquella protesta estudiantil del 22 de septiembre de 2005.