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Era el 25 de mayo del 2000, cuando Jineth Bedoya Lima hacía trámites para ingresar a la cárcel Modelo, donde iba a sostener un encuentro periodístico con jefes del paramilitarismo para aclarar veladas amenazas contra varios periodistas de este diario. La periodista fue secuestrada, torturada y sometida a violencia sexual, y luego la justicia hizo poco o nada por esclarecer los crímenes. Después de 23 años de estos hechos, por primera vez irá a juicio un funcionario público en relación con el secuestro. Se trata del guardián del Inpec, Marco Javier Morantes Pico, quien comparecerá este 16 de mayo ante el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
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Para la Fiscalía, Morantes Pico es culpable por el delito de secuestro simple agravado. Según la investigación, sus acciones consistieron en dar un apoyo para “raptar a quien había tratado periodísticamente temas que involucraron a los grupos de autodefensas o paramilitares, como la del comercio de armas en el interior de la Cárcel Nacional Modelo y la utilización de las mismas en las diferentes masacres que se habían perpetrado dentro de dicho recinto carcelario. Conducta desplegada por el indagado, de manera consciente y voluntaria, y pudiendo obrar de forma legal y diferente, no lo hizo”. Este hombre, según el ente investigador, era el encargado del acceso a la cárcel La Modelo de Bogotá, en donde Bedoya iba a realizar una entrevista con el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero.
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En octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el caso Jineth Bedoya. “Después del secuestro, agresiones y actos de violencia sexual contra Jineth Bedoya, ella siguió recibiendo amenazas y enfrentando hasta el presente un riesgo especial por el ejercicio de su profesión”, concluyó la corte. Además, determinó que el Estado colombiano debe adelantar dentro de un plazo razonable las investigaciones y juicios de toda la cadena criminal que participó en los hechos del 25 de mayo. De manera particular, se llamó la atención sobre la existencia de indicios graves y precisos sobre la participación de agentes del Estado, así lo explicó Ángela Caro, la abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa en el caso de Bedoya Lima.
La abogada Caro también afirma que, si bien el llamado a juicio de Morantes Pico es un avance en el proceso, para la defensa lo ideal hubiese sido que, previo a proferir la resolución de acusación y con base al análisis realizado por la Corte IDH, se determinara una estrategia para fortalecer dicha línea de investigación. Esto, según dijo, no ocurrió, pues la acusación de la Fiscalía se sustenta en labores de investigación que se adelantaron previamente a la decisión de la Corte. Por otro lado, “no se puede perder de vista que Morantes Pico es el eslabón más bajo de una cadena criminal de la que hicieron parte altos funcionarios estatales, frente a los cuales la investigación no presenta avances relevantes, esa es la deuda que tiene la justicia en el caso de Jineth Bedoya”, añade la representante.
En su decisión, el tribunal internacional ordenó en términos de reparación la financiación de la campaña de denuncia de Bedoya llamado “No es hora de callar”, crear un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado e impulsar investigaciones judiciales para establecer quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido. Al respecto de esta orden y la reanudación de la audiencia de mañana, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dice que: “Aún es necesario acatar la orden de la Corte IDH de investigar y condenar a los autores intelectuales”.
La Fundación puntualiza que, además, la Corte IDH determinó que la investigación de los hechos ha tenido un carácter discriminatorio por razón de género. “Por eso, hacemos un llamado a la administración de justicia para que en el desarrollo del juicio aplique los estándares de protección a las víctimas de violencia sexual, evitando la reproducción de estereotipos discriminatorios, que conllevarían a un nuevo escenario de revictimización hacia Jineth Bedoya”, expresa la Flip.
El caso se mantiene en total impunidad, a pesar de la insistencia de la entonces periodista de El Espectador y hoy editora en El Tiempo para que se aclare la autoría material e intelectual de los hechos. El contexto de los hechos se dio cuando varias publicaciones periodísticas molestaron a varios miembros del frente Capital, recluidos en la cárcel Modelo y a otros pertenecientes a las Auc. “De allí, surgió la idea criminal de dar escarmiento al gremio periodista del diario El Espectador y por ello tomaron como blanco de sus acciones a la periodista, castigándola por su labor investigativa”, concluye el escrito de acusación del caso.
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