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Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación desmintió las declaraciones con las que la Policía pretendía defenderse en el caso que involucra a Laura Sarabia, jefa del gabinete de la Presidencia de la República. En este texto, el ente acusador aclaró que las interceptaciones ilegales que se habrían ejecutado en contra de dos de las exempleadas de Laura Sarabia, entre ellas de su exniñera, Marelbys Meza, duraron 10 días y no tres como aseguró la Policía.
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El escándalo tiene origen en el robo de un dinero del apartamento de la jefe de gabinete. En entrevista con la Revista Semana, Meza aseguró que fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano cerca de la Casa de Nariño, un lugar al que, de acuerdo con ella, no entró por la puerta oficial y en el que nunca le solicitaron su cédula de identidad ni su firma de consentimiento.
Este jueves la Fiscalía infirmó en una rueda de prensa, que el robo ocurrió el 29 de enero pasado y, un día después, la Policía Judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) “rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos”. Lo que reveló Barbosa es que los uniformados aseguraron en ese documento que los teléfonos pertenecían a auxiliadores del Clan del Golfo, y por eso era necesaria la interceptación. Es decir, que mintieron para que un juez aprobara esas escuchas.
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Tras la rueda de prensa de Barbosa, la Dirección de la Policía, al mando del general William René Salamanca, se pronunció sobre estos hechos. Según la institución, en la noche de ayer, 31 de mayo, el director de la Dijín, el brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza, le informó a Salamanca que en horas de la mañana un analista judicial de esa dirección había acudido ante la Fiscalía para rendir una declaración juramentada.
El analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de un caso que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín. “Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”, dice el comunicado de la Policía.
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Ante esta declaración, la Fiscalía volvió a pronunciarse al respecto y aseguró que la información que entregó la Policía es falsa. Según explicó el 26 de enero, mediante informe de policía judicial, un funcionario de la Dijín solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas, pero estas son distintas a las de la exniñera y la otra mujer. Agregó que cuatro días después, otro uniformado de la Policía Nacional elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas telefónicas de la exniñera, Marelbys Meza, y de la otra mujer, pertenecían a alias La Cocinera y alias La Madrina, dos presuntas integrantes del Clan del Golfo, por lo que pidió su interceptación.
“Con base en estos documentos, se indujo en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres”, explicó la Fiscalía, quien además dijo que estas interceptaciones se realizaron hasta el 9 de febrero, cuando el investigador de la DIJIN pidió suspender la actividad porque no arrojaba información sobre el Clan del Golfo.
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El presidente, Gustavo Petro, se pronunció frente a este caso y aseguró que los señalamientos de la Fiscalía eran irresponsables. “Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas.” El escándalo ya generó que la Fiscalía y la Procuraduría abran investigación para conocer qué hechos rodearon esta situación que tiene en medio de una nueva crisis política al primer mandatario.
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