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Este viernes el jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria, fue citado a interrogatorio dentro de la investigación que se sigue en su contra por participar presuntamente en la prueba de polígrafo que le fue practicada a Marelbys Meza, exniñera de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres. Una decisión que plantea un choque de trenes entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar por la competencia del caso.
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Según pudo conocer el Espectador a través de fuentes cercanas al caso, la Justicia Penal Militar considera que es competente para conocer la investigación contra el jefe de la Oficina de Protección Presidencial, por lo que luego de la diligencia de interrogatorio planteará el debate ante la Corte Constitucional, quien tendrà la última palabra.
El choque de trenes se daría porque la Fiscalía ya imputó al coronel Feria por estos hechos. Lo hizo el pasado 28 de noviembre, porque presuntamente fue la persona que ordenó realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, Los hechos ocurrieron, según la investigación, luego de que se perdió un dinero de la casa de la hoy directora de Prosperidad Social en enero de este año.
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Según la investigación de la Fiscalía, apenas el coronel Carlos Alberto Feria se enteró de lo ocurrido, ordenó ubicar el dinero. Por eso habría dado dio la orden de que se realizaran una serie de acciones, entre ellas, aplicar el polígrafo tanto a Meza como a miembros del equipo de seguridad de la exjefa de Gabinete. “Usted estuvo al frente para iniciar las indagaciones, como también ordenando el sometimiento a la prueba de polígrafo tanto de Marelbys como del equipo de seguridad. Pero también permitiendo el uso de esos equipos de manera irregular”, explicó la Fiscalía. Asimismo, dice el ente investigador, que Feria “habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño”.
La Fiscalía también imputó al jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. La investigación da cuenta de que el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, presuntamente, recibieron a la mujer, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero. Una vez terminaron la prueba, “los uniformados le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la mujer desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y retuvo mientras extraía información”, explicó la Fiscalía.
En esa ocasión, cabe recordar, que la juez negó que este caso fuera enviado a Justicia Militar y Policial, como lo solicitaron sus abogados defensores porque aunque estas personas sí están vinculadas a la Policía, aprovecharse de su cargo no es un motivo para que sus acciones sean potestad de la Justicia Penal Militar. “No se evidencia que dentro de esas funciones este precisamente, al parecer, coger a una persona particular y someterla a una prueba de polígrafo y muchísimo menos el de tomar su teléfono celular y sin agotar los procedimientos extrajera presuntamente información. Mismo sucede con los otros dos uniformados”.
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