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El intendente Alfonso Quinchanegua tendrá que responder ante la justicia por un nuevo delito relacionado en las chuzadas de las que fueron víctimas Marbelys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, exjefa de gabinete y mano derecha del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía adicionó a la imputación previamente comunicada el delito de falsedad material en documento público. Según la nueva línea investigativa, el intendente presuntamente presionó a un patrullero para modificar una transcripción de una entrevista.
La Fiscalía expuso que, según sus investigaciones, Quinchanegua presionó al patrullero Jose Sebastián López Herrán para que transcribiera dos páginas de la entrevista que le habían hecho a Marbelys Meza el 29 de enero de 2023, argumentando que su letra era poco legible. Sin embargo, el día 2 de febrero, al momento de la transcripción, presuntamente le ordenó que agregara al final de la página 2 que la mujer se había retirado en un servicio de Didi (plataforma de transporte) cuando esto no es cierto.
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Para lograr que el patrullero accediera a realizar esta acción, el intendente lo habría presionado doblegando sus turnos, también habría recibido la orden de hacerlo por medio de mensajes de WhatsApp, explico el ente investigador. Además, sería esta transcripción la que habrían presentado ante una fiscal.
La abogada María Mercedes Gómez, en representación de las víctimas, reiteró una preocupación, ya que este sería el cuarto radicado relacionado con malas actuaciones en contra de Marbelys Meza. La mujer actualmente es protegida por un esquema de seguridad de la Fiscalía.
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Aunque la Fiscalía ya lo había imputado por el delito de fraude procesal y falso testimonio, pues habrían alterado la denuncia interpuesta el 30 de enero por el supuesto robo de un maletín con dinero que pertenecía a la entonces jefa del gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, además esto habría llevado a que la fiscal que conoció el falso expediente diera la orden de interceptar las líneas telefónicas de Sarabia. Quinchanegua no aceptó cargos en ninguno de los casos. Actualmente, se encuentra privado de la libertad por una orden de la juez tercera de control de garantías de Bogotá.
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