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La Fiscalía General presentó el escrito de acusación con el que llama a juicio a cuatro policías por la interceptación de comunicaciones a Marelbys Meza, quien fue la niñera del hijo de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Los acusados son el capitán Carlos Andrés Correa, el intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros Jhon Fredi Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales.
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Según el documento, se mantiene la teoría del caso expuesta en la audiencia de imputación de septiembre pasado, en la que se señaló a los uniformados de falsificar documentos para poder inmiscuirse en las conversaciones privadas de Meza. Justo después de que, como sucedió a principio del año pasado, Sarabia denunciara a la Policía la pérdida de una maleta con dinero en su casa, en la cual trabajaba Meza.
La teoría con la que estarán bajo juicio establece que el capitán Correa y el patrullero Morales habrían solicitado las funciones de un fiscal especializado de Quibdó (Chocó), para poder interceptar dos líneas telefónicas. Eran las de Marelbys Meza y de la también empleada domestica Fabiola Perea, a quienes se les habría señalado por parte de los uniformados de colaboradores del Clan del Golfo. Con los alias de “la madrina” y “la cocinera”.
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La tesis de la Fiscalía es que, gracias a la colaboración del fiscal especializado, los uniformados pudieron darle apariencia de legalidad a las órdenes de interceptación, las cuales, presuntamente, estaban encaminadas a escarbar datos sobre si ambas empleadas conocían sobre el paradero del dinero. En medio de ese proceso, como explicó Meza a los medios de comunicación, fue sometida a la prueba del polígrafo a petición de Sarabia. Denunció malos tratos al ente investigador.
Con respecto al intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales, la acusación sostiene que habría presentado un par de informes de policía a una fiscal de Bogotá para, de nuevo, escarbar en las comunicaciones de Meza y dos de sus amigos: Jhonson Pineda y Lucelia Robles, quienes fueron referenciados con los alias de “Pacho” y de “Pini”. Y que, aparte, fueron reseñados como supuestos peligrosos criminales que hurtaban en Bogotá.
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Por este expediente paralelo, fueron enviados a la cárcel de manera preventiva el subintendente de la Policía Fredy Alexander Gómez y Rafael Ricardo Santos, un exmiembro de la institución que trabajaría como informante. Gómez se habría amparado en su fuente, Santos, para solicitarle a una fiscal del grupo de Hurtos de Bogotá la interceptación de dos personas, quienes únicamente eran amigos de Marelbys Meza.
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