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Ocupan bienes de sospechosos del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

Los inmuebles ocupados estaban a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño. De acuerdo con la investigación, ellos participaron en la logística del crimen, ocurrido en Cartagena en mayo de 2022.

20 de noviembre de 2023 - 01:48 p. m.
Marcelo Pecci
Marcelo Pecci
Foto: AFP

La Fiscalía General informó que avanza en otro frente investigativo relacionado con el homicidio del fiscal paraguayo, Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en Isla Barú, en Cartagena (Bolívar).

Un equipo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio e investigadores del CTI ocuparon tres inmuebles y dos vehículos que pertenecerían a tres de los señalados de perpetrar el crimen. Las propiedades, estimadas preliminarmente en algo más de $800 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas simultáneamente en Bogotá y Rionegro (Antioquia).

Las pruebas del caso dan cuenta de que los activos estarían a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño; y Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, procesados penalmente por este crimen; quien habría prestado su nombre para ocultar algunos de los activos.

La investigación penal En el curso del proceso penal se estableció que la señora Chacón Zúñiga, presuntamente, participó junto a su pareja y cuñado en la planeación del asesinato, y dispuso de una camioneta para asistir a las reuniones en las que se concretó la acción criminal. Ella, en las últimas semanas, ha salido a medios a indicar que no tuvo nada que ver con el crimen del fiscal antimafia.

Las otras dos personas aceptaron haber vigilado y seguido a la víctima antes del homicidio, y señalado la ubicación del fiscal en la playa para que los sicarios llegaran al punto exacto y le dispararan. Por estos hechos, Londoño Bedoya y Monsalve Londoño fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión. Los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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