Señalados de financiar asesinato del fiscal Marcelo Pecci irán a prisión

Tras aceptar su responsabilidad como financiadores del crimen que terminó con la vida del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos recibieron prisión preventiva en un centro carcelario por ser un peligro para la comunidad y un riesgo para el desarrollo del proceso. Los hermanos afirmaron que fueron los encargados de entregarle a Fernando Luis Correa $1.500 millones para que planeara y ejecutara el homicidio ocurrido en mayo de 2022 en Barú (isla contigua a Cartagena, en Bolívar).

En contexto: Marcelo Pecci: hermanos narcos aceptaron que pusieron la plata para el atentado

En la audiencia, los hermanos, quienes fueron capturados el pasado 14 de enero, pidieron perdón a la familia de Pecci por su participación en los hechos que rodearon su muerte. A los hermanos se les imputaron los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos contactaron al cerebro de la operación, Fernando Luis Correa, para que se encargara del asesinato del fiscal antimafia.

De acuerdo con la versión de Correa, la orden del atentado llegó directamente desde Paraguay por un narcotraficante que estaba siendo investigado por el fiscal Pecci. Según dijo en redes sociales el presidente Gustavo Petro, la orden la dio el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU). Hasta la fecha, la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, por estos hechos ya fueron judicializadas siete personas, contando a los hermanos Pérez Hoyos, de los cuales cuatro de los autores materiales fueron condenados a 23 años de prisión.

Lea aquí: Marcelo Pecci: Las pruebas contra los hermanos que habrían pagado por el asesinato

“Ustedes, no otras personas distintas, participaron de manera directa, con un apoyo trascendental, que no era otro que el de dar el dinero para acabar con la vida de Pecci, con reuniones directas con Correa, mismo que decide romper su silencio y corroborar los hechos ya probados por la Fiscalía”, afirmó el ente investigador en la audiencia en la que solicitó enviarlos a la cárcel con base en cientos de evidencias. Entre el material se encuentran fotografías, videos, transacciones bancarias y el testimonio del propio Correa.

Este hombre, durante diligencias anteriores, afirmó que los hermanos Pérez son reconocidos en el mundo criminal por haber participado en negocios de narcotráfico con grupos paramilitares. Correa aseguró que Ramón Pérez hizo parte de Los Rastrojos y tuvo vínculos con Don Berna, el Alemán, y los propios hermanos Castaño. En el caso de Andrés Pérez, afirmó que era un narcotraficante con negocios en Paraguay.

Lea también: Así va el caso del fiscal antimafia paraguayo asesinado en Colombia

Además de los hermanos Pérez Hoyos, quienes recibieron esta medida cautelar, la Fiscalía afirmó que también se encuentra investigando a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, pareja de Andrés Pérez, quien también podría estar detrás de esta operación criminal junto a los hermanos. Sobre el paradero de la mujer, el ente investigador afirmó que se encuentra prófuga de la justicia en El Salvador.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Tras aceptar su responsabilidad como financiadores del crimen que terminó con la vida del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos recibieron prisión preventiva en un centro carcelario por ser un peligro para la comunidad y un riesgo para el desarrollo del proceso. Los hermanos afirmaron que fueron los encargados de entregarle a Fernando Luis Correa $1.500 millones para que planeara y ejecutara el homicidio ocurrido en mayo de 2022 en Barú (isla contigua a Cartagena, en Bolívar).

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En la audiencia, los hermanos, quienes fueron capturados el pasado 14 de enero, pidieron perdón a la familia de Pecci por su participación en los hechos que rodearon su muerte. A los hermanos se les imputaron los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos contactaron al cerebro de la operación, Fernando Luis Correa, para que se encargara del asesinato del fiscal antimafia.

De acuerdo con la versión de Correa, la orden del atentado llegó directamente desde Paraguay por un narcotraficante que estaba siendo investigado por el fiscal Pecci. Según dijo en redes sociales el presidente Gustavo Petro, la orden la dio el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU). Hasta la fecha, la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, por estos hechos ya fueron judicializadas siete personas, contando a los hermanos Pérez Hoyos, de los cuales cuatro de los autores materiales fueron condenados a 23 años de prisión.

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“Ustedes, no otras personas distintas, participaron de manera directa, con un apoyo trascendental, que no era otro que el de dar el dinero para acabar con la vida de Pecci, con reuniones directas con Correa, mismo que decide romper su silencio y corroborar los hechos ya probados por la Fiscalía”, afirmó el ente investigador en la audiencia en la que solicitó enviarlos a la cárcel con base en cientos de evidencias. Entre el material se encuentran fotografías, videos, transacciones bancarias y el testimonio del propio Correa.

Este hombre, durante diligencias anteriores, afirmó que los hermanos Pérez son reconocidos en el mundo criminal por haber participado en negocios de narcotráfico con grupos paramilitares. Correa aseguró que Ramón Pérez hizo parte de Los Rastrojos y tuvo vínculos con Don Berna, el Alemán, y los propios hermanos Castaño. En el caso de Andrés Pérez, afirmó que era un narcotraficante con negocios en Paraguay.

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Además de los hermanos Pérez Hoyos, quienes recibieron esta medida cautelar, la Fiscalía afirmó que también se encuentra investigando a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, pareja de Andrés Pérez, quien también podría estar detrás de esta operación criminal junto a los hermanos. Sobre el paradero de la mujer, el ente investigador afirmó que se encuentra prófuga de la justicia en El Salvador.

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