Un juez de control de garantías negó una solicitud de libertad por vencimiento de términos en favor del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, quienes son investigados por su presunta participación en las interceptaciones ilegales realizadas a Marelbys Meza, quien trabajó en la casa de la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia.
De acuerdo con el togado, las demoras que se han generado en el proceso se han dado por cuenta de la defensa de ambos funcionarios, por lo que, a su juicio, tanto Correa como Morales deberán seguir privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra. Los uniformados están acusados por los delitos de falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y violación de comunicaciones.
Ambos procesados son señalados por, al parecer, adelantar un proceso ilegal para entregar información falsa a un fiscal de Qubidó (Chocó) con el fin de obtener la autorización para interceptar los teléfonos de Meza y Fabiola Perea, otra extrabajadora de Sarabia. Según las pesquisas de la Fiscalía, los uniformados consignaron información que señalaba a ambas mujeres de pertenecer al Clan del Golfo.
Todo este trámite se adelantó luego de que, a comienzos de 2023, se presentara un robo por más de $4.000 millones en la casa de Sarabia, motivo por el cual se llevó un procedimiento, también irregular, para someter a Meza a una prueba de polígrafo, con el fin de averiguar si estuvo o no involucrada en el robo. Ese hecho también tiene dando explicaciones ante la justicia al teniente coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de seguridad de Presidencia. Su futuro judicial será definido por la Corte Constitucional, pues aun no está claro si su expediente deberá llevarlo la justicia ordinaria o la justicia penal militar.
“Todas las dilaciones (...) son atribuibles a la defensa; ¿por qué digo dilaciones y no maniobras dilatorias? Porque como lo dije y lo acababa de leer, de la sentencia en la cual el estado judicial ha basado la decisión o las resoluciones, se conmuta al total del tiempo trascendido ”, apuntó el juez para negar la libertad de los uniformados.
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