Caso Mario Castaño: Fiscalía imputa a dos nuevos contratistas

Aunque en las últimas semanas fue condenado Mario Castaño a 15 años de prisión, por ser el líder de una organización criminal, en la que se direccionaban contratos en varios departamentos del país a cambio de quedarse con parte del dinero, el caso sigue en investigación para dar con todos los responsables que hicieron parte de esa red. Por eso, en las últimas horas fueron imputados dos nuevos contratistas.

Lea además: En imágenes: Esta es la red criminal del exsenador Mario Castaño

Se trata de Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales, quienes según las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder, habrían contactado a un integrante de la red de corrupción para conocer anticipadamente los pliegos de condiciones, y demás requerimientos de carácter presupuestal y legal contenidos en seis contratos, entre abril de 2021 y marzo de 2022.

De esta manera, López Giraldo, al parecer, obtuvo de manera irregular los contratos de obra y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico (Risaralda); la adecuación de carreteras veredales y realizar la construcción de un parque en La Merced (Caldas); la construcción de una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa (Risaralda); y el contrato de manteamiento del polideportivo de Aguadas (Caldas). Los contratos ascendieron a 3.074 millones de pesos.

Lea: Mario Castaño: el contador público que manejó una red de corrupción desde el Congreso

La Fiscalía encontró además que en tres de estos contratos participó Fausto Alonso Bedoya Grajales, y que a cambio de la información recibida le entregaron al entramado de corrupción el 10% del valor total de cada contrato de obra, y el 25% del costo de cada consultoría en algunos de ellos. Por estos hechos, ambos contratistas fueron imputados los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.

El pasado 2 de julio, la Fiscalía también imputó por este escándalo de corrupción al exjefe de recursos humanos del Senado, Rubén Darío Iregui González, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Según la Fiscalía, este hombre habría avalado el desembolso de dos contratos por $40 millones, cuyos objetivos no se cumplieron. Estos contratos fueron entregados a dos fichas claves dentro del entramado de corrupción en contratación liderado desde el Congreso por el exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez.

Lea además: Ciro Ramírez, el senador del uribismo que la Corte Suprema investiga por corrupción

Días antes, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el senador del Partido Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por presuntamente intervenir indebidamente y direccionar 13 contratos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. De acuerdo con la Corte Suprema, estos hechos de corrupción se dieron dentro de la red de corrupción liderada por el condenado exsenador del Partido Liberal Mario Castaño. Por estos hechos, Ciro Alejandro Ramírez, es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias, cohecho propio y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Aunque en las últimas semanas fue condenado Mario Castaño a 15 años de prisión, por ser el líder de una organización criminal, en la que se direccionaban contratos en varios departamentos del país a cambio de quedarse con parte del dinero, el caso sigue en investigación para dar con todos los responsables que hicieron parte de esa red. Por eso, en las últimas horas fueron imputados dos nuevos contratistas.

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Se trata de Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales, quienes según las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder, habrían contactado a un integrante de la red de corrupción para conocer anticipadamente los pliegos de condiciones, y demás requerimientos de carácter presupuestal y legal contenidos en seis contratos, entre abril de 2021 y marzo de 2022.

De esta manera, López Giraldo, al parecer, obtuvo de manera irregular los contratos de obra y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico (Risaralda); la adecuación de carreteras veredales y realizar la construcción de un parque en La Merced (Caldas); la construcción de una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa (Risaralda); y el contrato de manteamiento del polideportivo de Aguadas (Caldas). Los contratos ascendieron a 3.074 millones de pesos.

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La Fiscalía encontró además que en tres de estos contratos participó Fausto Alonso Bedoya Grajales, y que a cambio de la información recibida le entregaron al entramado de corrupción el 10% del valor total de cada contrato de obra, y el 25% del costo de cada consultoría en algunos de ellos. Por estos hechos, ambos contratistas fueron imputados los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.

El pasado 2 de julio, la Fiscalía también imputó por este escándalo de corrupción al exjefe de recursos humanos del Senado, Rubén Darío Iregui González, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Según la Fiscalía, este hombre habría avalado el desembolso de dos contratos por $40 millones, cuyos objetivos no se cumplieron. Estos contratos fueron entregados a dos fichas claves dentro del entramado de corrupción en contratación liderado desde el Congreso por el exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez.

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