Caso Mattos: Las pruebas que serán tenidas en cuenta en juicio del exjuez Huertas
El Tribunal Superior de Bogotá inadmitió la práctica de algunas pruebas testimoniales y documentales en el marco de la preparatoria a juicio que se adelanta en contra del exfuncionario que favoreció al empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en Colombia.
Reinaldo Huertas, según la Fiscalía, fue uno de los exfuncionarios judiciales que se dejó comprar por el empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en Colombia, y hoy capturado por un entramado de corrupción que se desmoronó en 2018 cuando las autoridades hallaron irregularidades en varias decisiones que emitió el exjuez a favor del empresario a cambio de dádivas. Huertas, quien fue destituido del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas, tiene vigente su expediente jurídico. El proceso está en preparatoria a juicio, y tanto la Fiscalía como su defensa han presentado una serie de pruebas con las que buscan desvirtuar o apoyar los señalamientos en su contra.
La decisión más reciente en su proceso es de la Corte Suprema de Justicia que ordenó admitir una serie de testimonios que el Tribunal Superior de Bogotá se negó a dejar en firme en el proceso, debido a que tanto la Fiscalía como su defensa no lograron satisfacer los motivos por los cuales eran necesarias y ser tenidas en cuenta. En su momento, la corporación dijo que “las declaraciones hechas fuera de juicio no debían admitirse porque su fuente en sí misma no tiene la calidad de prueba”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Para la Fiscalía era necesario conocer el análisis de llamadas entrantes y salientes del celular de Huertas, labor que se llevó a cabo por cuenta de una investigadora y que dejó consignado en el informe de investigador de campo de octubre de 2016. Igualmente, consideró importante tener una relación de conversaciones que se llevaron a cabo entre diferentes personas, entre ellos, abogados, ingenieros y jueces que hacían parte del “plan criminal”, que por unos años, le dio ilegalmente la razón a Mattos.
La defensa de Huertas, por su parte, solicitó tener en cuenta una serie de testimonios e incluir entre las pruebas un disco duro que relaciona una imagen forense que contiene un block del servidor de dominio que vincula el reparto judicial del edificio. Esta información en la investigación es necesaria debido a que las investigaciones han arrojado que el entramado de corrupción se suscitó por cuenta de un “amaño” en el reparto de las decisiones judiciales con las que Mattos pretendía quedarse con la representación de la marca de carros en Colombia.
Lea también: Quién es Carlos Mattos, el empresario extraditado y enjuiciado por el caso Hyundai
El Tribunal Superior le cerró las puertas, tanto a Fiscalía como a defensa de solicitar y presentar pruebas. No obstante, con la apelación el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Con ponencia de la magistrada Miryam Ávila de la Sala de Casación Penal, el alto tribunal permitió que en el proceso de juicio del exjuez se tuvieran en cuenta los testimonios que solicitó su defensa. Se trata de Dagoberto Rodríguez Niño, Ramón Orlando Ramírez Fuentes, Carlos Arturo López Lara, Wilmar Andrey Patiño Rodríguez, Wilmar Andrey Casas Mendoza, Edwin Fabian Macías Castañeda, Edwin Enrique Angulo Martínez y Luis David Durán Acuña. Sobre las pruebas de la Fiscalía, la Corte dejó la decisión del Tribunal.
Los testimonios que se conocerán durante el proceso judicial de Huertas corresponden a exfuncionarios judiciales y abogados que, según la Fiscalía, hicieron parte del entramado de corrupción que montó Mattos. Por ejemplo, Luis David Durán es acusado de ser uno de los abogados de Mattos que contactó a Dagoberto Rodríguez, que fungió como oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, para que fuese el puente con Huertas, y este así empezara a tomar decisiones judiciales que, finalmente, le terminaron costando la libertad al empresario y un proceso jurídico en su contra.
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El exjuez fue llevado ante los estrados judiciales por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático y cohecho impropio. Básicamente, el exfuncionario es acusado porque a cambio de una remuneración ilícita entregada a partir de diciembre de 2015 y durante todo el 2016, se comprometió a decretar y mantener en el tiempo una medida cautelar favorable a los intereses económicos de Mattos. Lo que dice la Fiscalía es que el exjuez fue parte activa en la estructuración de toda la manipulación del sistema de reparto judicial, dando sus opiniones y consejos a Mattos, Durán Acuña, Rodríguez Niño y Macías Castañeda que fue exfuncionario de la rama judicial.
El proceso del exjuez, por el momento, se mueve ante los estrados judiciales en los que un día vistió toga y tocó el mazo juzgando a otras personas, mientras tanto el expediente de Mattos se empezó a mover en forma con su extradición desde España donde había evadido durante más de cinco años a la justicia colombiana. Incluso, el empresario fue declarado como persona en contumacia, es decir, avanza con su expediente sin su presencia. Ahora, con Mattos en el país el panorama cambió debido a que no solo pidió excusas por lo que hizo sino que avanza en un proceso de colaboración con la justicia.
Reinaldo Huertas, según la Fiscalía, fue uno de los exfuncionarios judiciales que se dejó comprar por el empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en Colombia, y hoy capturado por un entramado de corrupción que se desmoronó en 2018 cuando las autoridades hallaron irregularidades en varias decisiones que emitió el exjuez a favor del empresario a cambio de dádivas. Huertas, quien fue destituido del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas, tiene vigente su expediente jurídico. El proceso está en preparatoria a juicio, y tanto la Fiscalía como su defensa han presentado una serie de pruebas con las que buscan desvirtuar o apoyar los señalamientos en su contra.
La decisión más reciente en su proceso es de la Corte Suprema de Justicia que ordenó admitir una serie de testimonios que el Tribunal Superior de Bogotá se negó a dejar en firme en el proceso, debido a que tanto la Fiscalía como su defensa no lograron satisfacer los motivos por los cuales eran necesarias y ser tenidas en cuenta. En su momento, la corporación dijo que “las declaraciones hechas fuera de juicio no debían admitirse porque su fuente en sí misma no tiene la calidad de prueba”.
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Para la Fiscalía era necesario conocer el análisis de llamadas entrantes y salientes del celular de Huertas, labor que se llevó a cabo por cuenta de una investigadora y que dejó consignado en el informe de investigador de campo de octubre de 2016. Igualmente, consideró importante tener una relación de conversaciones que se llevaron a cabo entre diferentes personas, entre ellos, abogados, ingenieros y jueces que hacían parte del “plan criminal”, que por unos años, le dio ilegalmente la razón a Mattos.
La defensa de Huertas, por su parte, solicitó tener en cuenta una serie de testimonios e incluir entre las pruebas un disco duro que relaciona una imagen forense que contiene un block del servidor de dominio que vincula el reparto judicial del edificio. Esta información en la investigación es necesaria debido a que las investigaciones han arrojado que el entramado de corrupción se suscitó por cuenta de un “amaño” en el reparto de las decisiones judiciales con las que Mattos pretendía quedarse con la representación de la marca de carros en Colombia.
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El Tribunal Superior le cerró las puertas, tanto a Fiscalía como a defensa de solicitar y presentar pruebas. No obstante, con la apelación el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Con ponencia de la magistrada Miryam Ávila de la Sala de Casación Penal, el alto tribunal permitió que en el proceso de juicio del exjuez se tuvieran en cuenta los testimonios que solicitó su defensa. Se trata de Dagoberto Rodríguez Niño, Ramón Orlando Ramírez Fuentes, Carlos Arturo López Lara, Wilmar Andrey Patiño Rodríguez, Wilmar Andrey Casas Mendoza, Edwin Fabian Macías Castañeda, Edwin Enrique Angulo Martínez y Luis David Durán Acuña. Sobre las pruebas de la Fiscalía, la Corte dejó la decisión del Tribunal.
Los testimonios que se conocerán durante el proceso judicial de Huertas corresponden a exfuncionarios judiciales y abogados que, según la Fiscalía, hicieron parte del entramado de corrupción que montó Mattos. Por ejemplo, Luis David Durán es acusado de ser uno de los abogados de Mattos que contactó a Dagoberto Rodríguez, que fungió como oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, para que fuese el puente con Huertas, y este así empezara a tomar decisiones judiciales que, finalmente, le terminaron costando la libertad al empresario y un proceso jurídico en su contra.
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El exjuez fue llevado ante los estrados judiciales por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático y cohecho impropio. Básicamente, el exfuncionario es acusado porque a cambio de una remuneración ilícita entregada a partir de diciembre de 2015 y durante todo el 2016, se comprometió a decretar y mantener en el tiempo una medida cautelar favorable a los intereses económicos de Mattos. Lo que dice la Fiscalía es que el exjuez fue parte activa en la estructuración de toda la manipulación del sistema de reparto judicial, dando sus opiniones y consejos a Mattos, Durán Acuña, Rodríguez Niño y Macías Castañeda que fue exfuncionario de la rama judicial.
El proceso del exjuez, por el momento, se mueve ante los estrados judiciales en los que un día vistió toga y tocó el mazo juzgando a otras personas, mientras tanto el expediente de Mattos se empezó a mover en forma con su extradición desde España donde había evadido durante más de cinco años a la justicia colombiana. Incluso, el empresario fue declarado como persona en contumacia, es decir, avanza con su expediente sin su presencia. Ahora, con Mattos en el país el panorama cambió debido a que no solo pidió excusas por lo que hizo sino que avanza en un proceso de colaboración con la justicia.