Caso Mintic: Así se mueve la justicia tras la posible pérdida de $70.000 millones
El caso que tiene en problemas al Ministerio de las TIC por un billonario contrato para llevar internet a zonas rurales ya ha tenido intervención de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Conozca en qué va el proceso.
Karen Abudinen, ministra de las TIC, ha estado en el ojo del huracán por el anticipo de $70.243 millones que le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial de Barranquilla, como parte de un contrato por $1,07 billones. El acuerdo se firmó con el fin de llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país, pero el dinero entregado al conglomerado terminó en un paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).
En contexto: La historia de cómo el anticipo de un billonario contrato terminó en un “paraíso fiscal”
En todo el enredo jurídico, el Ministerio decidió declarar la caducidad del contrato, decisión que fue suspendida temporalmente por orden de un Juez de Puerto Colombia (Atlántico), el cual decidió revisar la tutela interpuesta por Centro Poblados. En la petición, el conglomerado asegura que actuó de buena fe y tiene cómo probar que nada tiene que ver con la supuesta emisión de pólizas falsas, ni en ninguna de las irregularidades que ha denunciado la cartera dirigida por Abudinen.
Mientras que la revisión de la tutela avanza en el Juzgado de Puerto Colombia, entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han adelantado investigaciones y procesos disciplinarios en el caso. Estas son algunas de las actuaciones que avanzan hasta el momento y son claves para entender el enredo jurídico:
La tutela de la Unión Temporal Centros Poblados
Tras la decisión de MinTIC de declarar la caducidad del contrato, el conglomerado interpuso una tutela aceptada por un juez en Puerto Colombia (Atlántico). En la petición, Centros Poblados manifestó que la decisión tomada por el Ministerio vulneró el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Así mismo, la Unión Temporal aseguró que no tienen relación alguna con las pruebas que presentó la cartera ministerial.
Antecedentes: Fiscalía y Procuraduría investigan al MinTic por contrato para internet rural
Con la actuación, aceptada por el juzgado de Puerto Colombia, se frenó todo el proceso de caducidad y de embargo que había iniciado la cartera que dirige Karen Abudinen. Sin embargo, en la tarde de este 25 de agosto, el juez se abstuvo de verificar si hubo una violación al debido proceso de la unión temporal. Lo último que se supo es que la tutela quedó en manos del Juez Civil de Circuito de Barranquilla.
Será el nuevo juez de Barranquilla quien decida si le da la razón a Centros Poblados o a MinTIC, cartera que incluso ordenó embargar las cuentas de Centros Poblados y de sus representantes, con el objetivo de recuperar, como lo explicó Abudinen, la totalidad del anticipo. Llama la atención que el juez de Puerto Colombia, quien aseguró no tener competencia en el trámite, ayer suspendió provisionalmente la caducidad del contrato billonarios. No se sabe si la suspensión quedó en firme.
Procesos disciplinarios y fiscales
La Procuraduría abrió, el pasado 27 de julio, una indagación preliminar sobre el contrato 1043/2020 celebrado por el Mintic con el conglomerado barranquillero para la ampliación de la cobertura de internet en el territorio nacional. En la acción que adelanta el ministerio público, manifestó que “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”.
La Procuradora General, Margarita Cabello, manifestó en una entrevista con W Radio, que ha mantenido reuniones con la ministra Abudinen después de haber abierto la investigación. Igualmente, la alta funcionaria afirmó que al menos una de esas reuniones habría sido en su propia casa.
Por su parte, la Fiscalía también está en investigaciones del caso por posible corrupción. El fiscal general, Francisco Barbosa, manifestó que la institución está investigando a los funcionarios públicos del Mintic que participaron en el proceso de evaluación del contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo.
Inspección de la Fiscalía
Por su parte, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía realizó en la tarde del martes 24 de agosto, una inspección en la sede de Mintic para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito entre Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. Según explicó el ente investigador, la inspección se extendió por varias horas y en el trascurso de esta fueron entregados documentos físicos y material en medio magnético.
Antecedentes: Citan a interrogatorio a posibles implicados en billonario contrato de Mintic
La solicitud del presidente
El presidente Duque, quien ha sido defensor acérrimo de la ministra Abudinen en este caso, manifestó desde Corea que “uno debe entender los fallos, pero no se debe quedar callado ante las fallas”, haciendo referencia a la tutela aceptada por el Juez en Puerto Colombia. Para el mandatario, la actuación de Centros Poblados ha sido desleal y la justicia, según él, no debería aceptar la tutela porque, según afirmó si se ha cumplido el debido proceso.
Adicionalmente, dijo que no entendía por qué el Juez había tomado la decisión y dijo que esta actuación ameritaba un “análisis de la Comisión de Disciplina Judicial”, la cual es la encargada de investigar el actuar de servidores de la justicia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Karen Abudinen, ministra de las TIC, ha estado en el ojo del huracán por el anticipo de $70.243 millones que le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial de Barranquilla, como parte de un contrato por $1,07 billones. El acuerdo se firmó con el fin de llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país, pero el dinero entregado al conglomerado terminó en un paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).
En contexto: La historia de cómo el anticipo de un billonario contrato terminó en un “paraíso fiscal”
En todo el enredo jurídico, el Ministerio decidió declarar la caducidad del contrato, decisión que fue suspendida temporalmente por orden de un Juez de Puerto Colombia (Atlántico), el cual decidió revisar la tutela interpuesta por Centro Poblados. En la petición, el conglomerado asegura que actuó de buena fe y tiene cómo probar que nada tiene que ver con la supuesta emisión de pólizas falsas, ni en ninguna de las irregularidades que ha denunciado la cartera dirigida por Abudinen.
Mientras que la revisión de la tutela avanza en el Juzgado de Puerto Colombia, entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han adelantado investigaciones y procesos disciplinarios en el caso. Estas son algunas de las actuaciones que avanzan hasta el momento y son claves para entender el enredo jurídico:
La tutela de la Unión Temporal Centros Poblados
Tras la decisión de MinTIC de declarar la caducidad del contrato, el conglomerado interpuso una tutela aceptada por un juez en Puerto Colombia (Atlántico). En la petición, Centros Poblados manifestó que la decisión tomada por el Ministerio vulneró el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Así mismo, la Unión Temporal aseguró que no tienen relación alguna con las pruebas que presentó la cartera ministerial.
Antecedentes: Fiscalía y Procuraduría investigan al MinTic por contrato para internet rural
Con la actuación, aceptada por el juzgado de Puerto Colombia, se frenó todo el proceso de caducidad y de embargo que había iniciado la cartera que dirige Karen Abudinen. Sin embargo, en la tarde de este 25 de agosto, el juez se abstuvo de verificar si hubo una violación al debido proceso de la unión temporal. Lo último que se supo es que la tutela quedó en manos del Juez Civil de Circuito de Barranquilla.
Será el nuevo juez de Barranquilla quien decida si le da la razón a Centros Poblados o a MinTIC, cartera que incluso ordenó embargar las cuentas de Centros Poblados y de sus representantes, con el objetivo de recuperar, como lo explicó Abudinen, la totalidad del anticipo. Llama la atención que el juez de Puerto Colombia, quien aseguró no tener competencia en el trámite, ayer suspendió provisionalmente la caducidad del contrato billonarios. No se sabe si la suspensión quedó en firme.
Procesos disciplinarios y fiscales
La Procuraduría abrió, el pasado 27 de julio, una indagación preliminar sobre el contrato 1043/2020 celebrado por el Mintic con el conglomerado barranquillero para la ampliación de la cobertura de internet en el territorio nacional. En la acción que adelanta el ministerio público, manifestó que “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”.
La Procuradora General, Margarita Cabello, manifestó en una entrevista con W Radio, que ha mantenido reuniones con la ministra Abudinen después de haber abierto la investigación. Igualmente, la alta funcionaria afirmó que al menos una de esas reuniones habría sido en su propia casa.
Por su parte, la Fiscalía también está en investigaciones del caso por posible corrupción. El fiscal general, Francisco Barbosa, manifestó que la institución está investigando a los funcionarios públicos del Mintic que participaron en el proceso de evaluación del contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo.
Inspección de la Fiscalía
Por su parte, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía realizó en la tarde del martes 24 de agosto, una inspección en la sede de Mintic para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito entre Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. Según explicó el ente investigador, la inspección se extendió por varias horas y en el trascurso de esta fueron entregados documentos físicos y material en medio magnético.
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La solicitud del presidente
El presidente Duque, quien ha sido defensor acérrimo de la ministra Abudinen en este caso, manifestó desde Corea que “uno debe entender los fallos, pero no se debe quedar callado ante las fallas”, haciendo referencia a la tutela aceptada por el Juez en Puerto Colombia. Para el mandatario, la actuación de Centros Poblados ha sido desleal y la justicia, según él, no debería aceptar la tutela porque, según afirmó si se ha cumplido el debido proceso.
Adicionalmente, dijo que no entendía por qué el Juez había tomado la decisión y dijo que esta actuación ameritaba un “análisis de la Comisión de Disciplina Judicial”, la cual es la encargada de investigar el actuar de servidores de la justicia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.