Caso Mintic: Emilio Tapia buscará preacuerdo con la Fiscalía

El escandaloso caso del contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) y la unión temporal Centros Poblados volvió a moverse, esta vez por cuenta del conocido contratista Emilio Tapia, quien en el pasado fue condenado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá. En esta ocasión se conoció que Tapia buscó firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero esta no se lo concedió. Ahora el contratista intenta acogerse a otro beneficio: un preacuerdo con el ente investigador.

Lea también: Centros Poblados: Emilio Tapia habría girado plata a exviceministro de las TIC

La Fiscalía negó el beneficio del principio de oportunidad, al parecer, porque el contratista, según habría dicho el ente investigador, no tendría nada nuevo que aportar en el caso de presunta corrupción que le costó el puesto a Karen Abudinen, exministra de las TIC. La dirección anticorrupción del ente investigador, según manifestaron, ya tendría adelantada gran parte de la investigación y anunció hace pocos días nuevas capturas.

Ante la negativa de la Fiscalía en el intento de colaboración de Tapia, quien buscaba beneficios a su favor en el proceso, el contratista ahora buscará llegar a un preacuerdo con el ente investigador. Con esto, Tapia aceptaría los cargos que se le imputaron y devolvería parte de los $70.000 millones que se perdieron tras la firma del irregular contrato para llevar internet a zonas rurales.

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Actualmente, Tapia está recluido en la cárcel Picota de Bogotá por orden de un juez. Tapia, conocido como El zar de la contratación, tiene tres condenas en contra por el carrusel de la contratación de Bogotá y en el caso de Mintic y Centros Poblados está imputado por, supuestamente, conformar la unión temporal para luego alcanzar un billonario contrato de internet rural, en cuyo proceso de licitación se presentaron garantías bancarias falsas de Itaú.

A mediados de noviembre de este año, se conocieron apartes del interrogatorio que la Fiscalía le hizo Juan José Laverde, exfuncionario de la agencia de seguros Rave, a quien se le acusa de haber falsificado una garantía bancaria, junto a Emilio Tapia y la cabeza de Centros Poblados, para que esta última se quedara con el billonario contrato para llevar conectividad a escuelas rurales.

Lea aquí: Caso Mintic: contratista Emilio Tapia estará recluido en La Picota de Bogotá

En los documentos se observa que Laverde le dijo al ente investigador que el exviceministro de las TIC, Iván Mantilla, recibió dineros de Emilio Tapia. “Sí me confirmó que le habían girado unos recursos, que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla”, habría dicho Laverde, agregando que conoció a Tapia en 2018, cuando el contratista lo llamó para que Rave Seguros le ayudara con unas pólizas de seriedad de oferta para un contrato en Sucre.

En el caso, la Fiscalía le manifestó a los implicados en el caso, Tapia y Laverde, que ellos “tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC y ustedes para que conociera qué era y además conocían que no pagaron el valor de la prima correspondiente”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El escandaloso caso del contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) y la unión temporal Centros Poblados volvió a moverse, esta vez por cuenta del conocido contratista Emilio Tapia, quien en el pasado fue condenado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá. En esta ocasión se conoció que Tapia buscó firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero esta no se lo concedió. Ahora el contratista intenta acogerse a otro beneficio: un preacuerdo con el ente investigador.

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Ante la negativa de la Fiscalía en el intento de colaboración de Tapia, quien buscaba beneficios a su favor en el proceso, el contratista ahora buscará llegar a un preacuerdo con el ente investigador. Con esto, Tapia aceptaría los cargos que se le imputaron y devolvería parte de los $70.000 millones que se perdieron tras la firma del irregular contrato para llevar internet a zonas rurales.

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En el caso, la Fiscalía le manifestó a los implicados en el caso, Tapia y Laverde, que ellos “tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC y ustedes para que conociera qué era y además conocían que no pagaron el valor de la prima correspondiente”.

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