Caso Mintic: Emilio Tapia se habría apropiado parte de anticipo de $70.000 millones

Emilio Tapia está en la cárcel por su rol en el carrusel de la contratación de Bogotá.

Foto: LUIS ANGEL

La Fiscalía vinculó a un nuevo proceso penal a quien habría sido el arquitecto del entramado de corrupción que se tejió detrás del contrato del Ministerio TIC con Centros Poblados. Se trata de Emilio Tapia, quien, desde la cárcel, habría falsificado documentos para quedarse con la jugosa licitación, de más de $1 billón de pesos. Además, según contó el ente investigador en audiencia este miércoles, habría pagado para “alquilar” el nombre de otras empresas con las que se presentó al concurso y se habría apropiado, al menos, de $6.000 millones del anticipo que les giró el Mintic para ejecutar el contrato.

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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Tapia los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación. Si bien este hombre, que ha sido llamado el zar de la contratación ya había sido vinculado a una investigación penal por el caso Mintic en septiembre de 2021, se le abrió un nuevo proceso, porque “después de revisar diversas labores de investigación, la Fiscalía considera que se presentaron otros delitos dentro de la estructuración y constitución de la Unión Temporal, así como en el manejo del dinero del anticipo”, explicó la fiscal del caso.

Las empresas que “alquilaron”

Los movimientos que la Fiscalía le reprocha a Tapia tienen que ver con el billonario proyecto de Centros Digitales, adjudicado a finales de 2020 a la UT Centros Poblados, que pretendía llevar internet a escuelas de zonas rurales de Colombia. Esa unión temporal estab conformada, a su vez, por otras cuatro compañías: Novotic, ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings. El ente investigador dice tener elementos para pensar que las últimas dos compañías, representadas por Otomar Lascarro, llegaron al negocio de manera fraudulenta y que solo “alquilaron” su nombre.

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En el torcido habría participado otro personaje del caso Mintic: el corredor de seguros Juan José Laverde. Según la Fiscalía fue él quien “se encargó de presentar a Emilio Tapia las empresas Omega Building e Intec de la Costa, de propiedad de Otomar Lascarro, con el fin de que estas empresas hicieran parte de la UT Centros Poblados para cumplir con los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, exigidos en el proceso licitatorio (del Mintic), sin que estas personas tuvieran algún tipo de participación real en el desarrollo y ejecución del contrato, a cambio de una remuneración económica correspondiente a $4.000 millones”.

En otras palabras, según la Fiscalía, Emilio Tapia habría falsificado el documento mediante el cual se constituyó Centros Poblados. En el papel, quedó como si las dos compañías que controlaba Lascarro fueran a hacer parte del contrato, pero, según la fiscal del caso, en realidad “acordaron que Omega Building e Intec de la Costa no ejecutarían ninguna actividad sino que alquilarían su nombre, experiencia y capacidad financiera en la conformación de la Unión Temporal”, con el único fin de cumplir los requisitos que exigía el Mintic a las empresas que buscaran quedarse con el billonario contrato.

Según la Fiscalía, Emilio Tapia “aceptó pagar a Juan José Laverde y Otomar Lascarro una suma de dinero correspondiente en $4.000 millones por la participación de Intec de la Costa y Omega Building”. Y, con este documento falso, los tres habrían inducido al error a las funcionarias del Mintic encargadas de revisar todo el proceso licitatorio: la subdirectora de gestión contractual y la secretaria general.

Lo que se sabe de los $70.000 millones del caso Mintic

Además, Emilio Tapia será investigado por peculado por apropiación. Es decir, por apropiarse dineros públicos en provecho suyo y de terceros. En concreto, la Fiscalía asegura que Tapia desvió más de $6.000 millones de los $70.000 millones que el Ministerio TIC le había girado a Centros Poblados para que pusieran a andar el proyecto. Si bien en el contrato se había acordado que ese dinero solo podría ser utilizado para adquirir equipos y demás elementos necesarios para llevar conectividad a zonas apartadas del país, terminó en otras cosas.

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“Emilio Tapia realizó pagos por concepto de compra de vehículo, de obra de arte, vuelos, pago a tercero y préstamos personales”, reveló la fiscal del caso. Todos estos giros, al parecer, los hizo Tapia a través de una empresa domiciliada en Estados Unidos: Novo Security LLC. A pesar, además, de “en el contrato se estableció que el anticipo debía dedicarse, exclusivamente a la financiación de necesidades de aprovisionamiento”, según relató la funcionaria judicial.

Al final, Tapia se habría apropiado de $6.182 millones. De esa suma, $1.118 millones de dineros públicos los habría desviado a terceros. Si bien los abogados del Ministerio pidieron que se investigara a Tapia por la pérdida de los $70.000 millones, la fiscal dijo que tienen elementos que demuestran que sí compraron equipos para el objeto del contrato con parte del dinero. De todo el entramado habría participado también el socio de Emilio Tapia en todo el negocio del Mintic: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona. Los pagos los habría hecho directamente Luis Fernando Duque, quien para entonces era el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.

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Cáceres y Duque ya fueron vinculados a un proceso por estos hechos, lo mismo que Juan José Laverde y Ottomar Lascarro. Además, Duque, Tapia y Laverde fueron vinculados desde septiembre a una investigación por la presunta falsificación de las garantías bancarias con las que Centros Poblados se presentó a la licitación. Los dos frentes de las pesquisas de la Fiscalía para dar luces de lo que ocurrió con una apuesta de conectividad que encalló al caer en manos, al parecer, corruptas.

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