Caso Mintic: entre la feria del preacuerdo y el embolate de $70.000 millones

La Fiscalía se comprometió a condenar al agente de seguros Juan José Laverde y a los empresarios Juan Carlos Cáceres y Ottomar Lascarro, por el escándalo de Mintic. En concreto, por sus posibles maniobras corruptas para presentarse ante el Estado como contratistas capaces de llevar internet a miles de niños de zonas rurales. Fueron llamados a juicio por falsificar los papeles que dieron vida a Centros Poblados, una unión temporal que, en 2020, fue elegida por el Ministerio de las Tecnologías para crear 7.000 centros digitales, con una inversión de un billón de pesos. El caso, dos años después, tiene a todos sus protagonistas sometidos a la justicia. Y el dinero del anticipo, los $70.000 millones, siguen sin aparecer.

La Fiscalía se comprometió a condenar al agente de seguros Juan José Laverde y a los empresarios Juan Carlos Cáceres y Ottomar Lascarro, por el escándalo de Mintic. En concreto, por sus posibles maniobras corruptas para presentarse ante el Estado como contratistas capaces de llevar internet a miles de niños de zonas rurales. Fueron llamados a juicio por falsificar los papeles que dieron vida a Centros Poblados, una unión temporal que, en 2020, fue elegida por el Ministerio de las Tecnologías para crear 7.000 centros digitales, con una inversión de un billón de pesos. El caso, dos años después, tiene a todos sus protagonistas sometidos a la justicia. Y el dinero del anticipo, los $70.000 millones, siguen sin aparecer.

En contexto: Caso Mintic: Juan José Laverde pagaría $186 millones y cuatro años de cárcel

Según la acusación, el caso tiene su origen en octubre de 2020 y en Barranquilla, cuando Lascarro, Laverde y el condenado Emilio Tapia se reunieron para concertar el documento de constitución de Centros Poblados. La hipótesis plantea que Laverde presentó a Tapia las empresas Omega Buildings e Intec de la Costa, de propiedad de Lascarro, para que ambas se integraran a lo que sería la unión temporal. Las pruebas de la Fiscalía indican que Lascarro aceptó poner sus empresas a cambio de $4.000 millones, para que Centros Poblados pasara los filtros y probara tener experiencia técnica, jurídica y financiera. Pero solo eso, porque, al parecer, ambas no iban a mover un dedo en el proyecto.

La acusación, además, destaca cómo Cáceres se habría enriquecido con el anticipo de $70.000 millones entregados por Mintic. El empresario era representante de la empresa Nouvo Security, la cual debía suministrar, la infraestructura y la tecnología básica para los equipos de los centros digitales. Sin embargo, a pesar de que el anticipo solo podía invertirse en bienes capitales, con parte de esa plata Cáceres se habría comprado un carro, un apartamento y habría hecho préstamos. Presuntamente se “embolsilló” hasta $9.000 millones. Tapia, ahora privado de su libertad en la cárcel El Bosque de Barranquilla, se habría comprado un carro, horas de vuelo y obras de arte.

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Tapia está negociando un preacuerdo, el cual contemplaría cuatro años de prisión y una reparación económica que, según su defensa, está en concertación con las víctimas y la Fiscalía. Asimismo, El Espectador confirmó que Laverde y Cáceres, en este proceso particular, están negociando un principio de oportunidad, que les permitirá una rebaja de pena a cambio de declararse testigos de la Fiscalía. Laverde, además, tiene avanzado un preacuerdo al cual solo le falta luz verde de un juez, para reponer $186 millones y pagar cuatro años de cárcel. Será condenado, además, por entregarle al Mintic una garantía bancaría falsa del banco Itaú, la cual soportó la seriedad de Centros Poblados.

Otro de los protagonistas que se sometió a la justicia fue Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal y quien ponía la cara por el proyecto que, al final, fue cancelado ante los serios retrasos que presentó durante el primer semestre de 2021.  En prisión, aceptará el delito de peculado por apropiación, a cambio de una pena de cuatro años de cárcel. La Fiscalía, cabe destacar, por ahora enfoca sus esfuerzos en los contratistas e insiste en que los funcionarios de Mintic fueron engañados. En la reciente acusación, de hecho, entre líneas liberó de responsabilidad a Sandra Orjuela y Adriana Meza, que trabajaron en gestión contractual y a quienes, en contraste, la Procuraduría las tiene en juicio disciplinario.

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Según la nueva ministra TIC, Sandra Urrutia, del anticipo de $70.000 millones solo han recuperado $3.500 millones a corte de diciembre de 2022. Con la plata del anticipo, Centros Poblados instaló 840 puntos digitales. Sin embargo, el interventor, el Consorcio PE2020 C Digitales, precisó que ese era un compromiso al que tenía que llegar en abril de 2021 y no en agosto de ese año, es decir, seis meses después. Y, además, que infló las cifras para que se dijera que llegaron a 1.002. El escándalo significó la renuncia de la exministra Karen Abudinen, quien en los últimos años ha pedido que sea declarada víctima en la serie de expedientes judiciales, pero, hasta ahora, ningún juez le ha dado la razón. Según ella, su buen nombre fue afectado.

La Contraloría no cree del todo en lo que reporta el interventor y lo investiga por presuntas irregularidades en el control y seguimiento. Además, aseguró haber embargado bienes de las cabezas de Centros Poblados para reparar los daños. El Mintic no tuvo de otra que buscar otro contratista y, en mayo del año pasado, firmó con las empresas ETB y Skynet un nuevo acuerdo por un billón de pesos para la construcción de 6.589 centros digitales en 15 departamentos. Si el camino de la justicia sigue el rumbo que va tomando, este año se conocerán las primeras condenas desde lo penal. La Procuraduría, por su parte, le confirmó a este diario que el próximo 15 de febrero se conocerá el desenlace disciplinario contra las exfuncionarias del ministerio.

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