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Karen Abudinen entregó su versión sobre el escándalo de Mintic ante el alto tribunal que puede iniciar una investigación en su contra: la Corte Suprema de Justicia. La exministra de Tecnologías y de la Información, envuelta en un escándalo luego de que su cartera permitiera la contratación de una empresa que presentó documentos falsos, aseguró que comparecerá ante toda autoridad que la requiera.
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“Aquí estoy en Bogotá, vine a cumplir la cita como todas las citas que le he cumplido la justicia y a los entes de control frente a Centros Poblados. Fui yo como ministra quien caducó el contrato, quien hizo los embargos y seguiré adelante hasta llegar las últimas consecuencias”, señaló tras salir de la Corte Suprema. No entregó más detalles de la diligencia, pues el expediente permanece bajo reserva. Ella terminó con el acuerdo dadas las irregularidaes y ordenó el embargo de las cuentas de la unión. No obstante, antiguos funcionarios suyos son investigados disciplinaria y penalmente.
Desde tiempo atrás se conoció que la exministra entregaría detalles de la adjudicación del polémico contrato entre el ministerio de las TIC y la unión temporal, al parecer representada por el carrusel de la contratación de Bogotá, Emilio Tapia. La Corte Suprema, además, decidirá si inicia o no la investigación contra los senadores Armando Benedetti, Dayra Galvis, Mauricio Gómez Amín y Antonio Sabaraín, denunciados por, supuestamente, haber ejercido presiones durante la adjudicación del contrato.
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El rol de la Corte Suprema, además, proviene de una denuncia de Erick Urueta, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial en Cartagena, quien el pasado 18 de agosto pidió se investigue a Abudinen por la adjudicación de un billonario contrato para llevar internet a 7.000 centros digitales en zonas rurales de Colombia.
Fiscalía y Procuraduría, por su parte, se han centrado en cómo, con documentos aparentemente falsos, el contrato término adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. En concreto, una garantía bancaria con los sellos del Itaú que la empresa supuestamente representada por Tapia presentó para acreditar un requisito de asegurar la seriedad de su oferta, pero que según la propia entidad no fue emitida por el banco.
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En medio de la investigación penal fueron enviados a prisión Emilio Tapia, quien gozaba de libertad condicional, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, un funcionario de Rave Seguros quien habría gestionado la documentación falsa. Además, la Procuraduría tiene bajo investigación a Abudinen y en juicio disciplinario al exdirector de infraestructura, Camilo Jiménez, a la exsubdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela, y a la exsecretaria general de Mintic, Adriana Meza.
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