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Una de las piezas que faltaba en el caso del millonario contrato del Ministerio TIC con Centros Poblados acaba de ser llevada a los estrados judiciales. La Fiscalía le imputó cargos a Jorge Enrique López Benavides, el hombre señalado de conseguir una garantía falsa con la cual la cuestionada Unión Temporal logró hacerse al millonario contrato del Ministerio para llevar conectividad de internet a miles de escuelas en zonas rurales de Colombia. El ente investigador pidió, además, que sea detenido mientras avanza la investigación.
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Según la fiscal del caso, Jorge López actuó de la mano con el zar de la contratación, Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el asesor de seguros Juan José Laverde. Los cuatro, “tenían el pleno conocimiento de que con las garantías de cumplimiento falsas estaban induciendo al error al funcionario”, aseguró la representante de la Fiscalía al imputarle el delito de falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor.
El caso se remonta a 2020, cuando el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, entonces en manos de Karen Abudinen, estaba por adjudicar dos contratos, que superaban el billón de pesos, para llevar conectividad a 7.000 escuelas de zonas rurales. Empresas que, al parecer, eran controladas en la sombra por Emilio Tapia querían quedarse con el contrato y se agruparon, con otros inversionistas, en la Unión Temporal Centros Poblados. Pero les faltaba un documento para cumplir los requisitos de la licitación: una póliza de seguros o una garantía bancaria.
(En contexto: El camino hacia las primeras capturas del escándalo del Mintic)
“Juan José Laverde, quien era corredor de seguros de la empresa Rave, fue la persona encargada por parte de la Unión Temporal Centros Poblados de adquirir la póliza de seguros y una vez se estableció que ninguna compañía de seguros expediría dicha póliza, a través de Jorge Alfredo Molina y Jorge Enrique López, obtiene las garantías falsas. Las envía a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, para que este las firmara, y así presentarlas ante el Mintic, al subirlas a la plataforma de contratación estatal SECOP 2″, detalló la fiscal.
Luego, Centros Poblados presentó tres garantías bancarias más con los logos del banco Itaú, que según ha dicho el propio banco, eran falsas. En total, fueron cuatro garantías las que, al parecer, falsificó Jorge Enrique López: la que garantizaba la seriedad de la oferta, que llevó a que el Mintic les adjudicara el contrato; una segunda, para que el Ministerio les desembolsara el anticipo de $70.000 millones; otra, para cumplir con el pago de salarios a los empleados y una más de que Centros Poblados cumpliría con el objeto y los tiempos del contrato.
Entre el arsenal de pruebas que presentó la Fiscalía contra Jorge Enrique López hay elementos que ya se venían ventilando desde que el ente investigador imputó a Tapia, Duque y Laverde en septiembre de 2021. Por ejemplo, la denuncia que interpuso la ministra Karen Abudinen, los documentos con los que se conformó la Unión Temporal, así como la presentación de oferta de Centros Poblados. Ahora bien, contra López también hay declaraciones de todos los implicados en el escándalo que ya han sido vinculados a un proceso penal.
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