Caso Mintic: Juan José Laverde estará detenido en su casa por orden de un juez

Uno de los protagonistas del escandaloso contrato del Ministerio TIC enfrentará el proceso en su contra desde su casa por orden judicial. Se trata de Juan José Laverde, funcionario de la agencia de seguros Rave, quien, según la Fiscalía, habría ayudado a gestionar una garantía bancaria que resultó falsa y con la cual la unión temporal Centros Poblados logró que les adjudicaran el billonario contrato para llevar internet a colegios rurales. Desde finales de septiembre, un juez lo había enviado a prisión junto al representante legal de la UT, Luis Fernando Duque, y el contratista Emilio Tapia. Los tres se han declarado inocentes.

Hace un par de semanas, un juez de garantías de Bogotá ordenó que la medida de aseguramiento que le impusieron a Laverde el pasado septiembre sea ahora una detención domiciliaria. Es decir, tiene casa por cárcel. La audiencia la pidió su defensa y ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni las víctimas del caso, el Ministerio, se opusieron. Así, entonces, el juez falló a favor del exagente de seguros y lo envió a casa.

Laverde fue imputado desde el pasado 24 de septiembre por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Al parecer, el agente de seguros venía asesorando a Centros Poblados en conseguir las pólizas necesarias para presentarse a la licitación que abrió el Mintic y, luego, en la misma labor cuando la unión temporal fue seleccionada. Pero no presentaron una póliza, sino una serie de garantías con logos del banco Itaú, que resultaron falsa, pues, “ninguna aseguradora estaba dispuesta a expedir las pólizas requeridas”, según dijo la fiscal del caso.

“Ustedes falsificaron el documento denominado garantía bancaria suscrito entre Luis Fernando Duque y supuestos funcionarios del Banco Itaú para subirlo al sistema de contratación pública SECOP, para cumplir con los requisitos habilitantes del proceso de licitación”, les dijo la fiscal en la audiencia de septiembre. Y Juan José Laverde, según la Fiscalía, fue quien finalmente envió la garantía: “una vez usted recibió la garantía falsa, la envió a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y a Alfredo Amín Yaber, quien la cargó al sistema SECOP”.

Y la fiscal Andrea Muñoz añadió: “Todos ustedes tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC y ustedes para que conociera qué era y además conocían que no pagaron el valor de la prima correspondiente”.

Desde entonces, se conoció que dos testigos que han sido claves en el proceso han prendido el ventilador: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga. El primero, propietario de Novotic, una de las empresas que conforma Centros Poblados, le dijo a la Fiscalía que llegó al negocio por invitación de Emilio Tapia. El llamado Zar de la contratación, supuestamente estaba en proceso de adquirir la compañía ICM Ingenieros y buscaba una empresa con experiencia en temas de tecnología para presentarse, juntos, a competir por el contrato del Mintic.

Molina García-Mayorga, por su parte, dijo que llegó al proceso por Juan José Laverde, quien, supuestamente, lo buscó cuando comenzaron a tener problemas en la consecución de las pólizas. Molina, al parecer, había ayudado a gestionar garantías bancarias en otras licitaciones y, según le contó a la Fiscalía, “fue un trámite de una hora”. Supuestamente, Centros Poblados no entregó un solo documento que mostrara su solidez financiera ante el banco Itaú —que además ha negado cualquier vínculo con el negocio—. Al parecer, ni siquiera tenían la cédula del representante legal, Luis Duque.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En el escándalo del contrato del Mintic, además de la Fiscalía, otros entes de control tienen investigaciones. Las posibles irregularidades que advirtieron catapultaron la renuncia de la entonces ministra, Karen Abudinen. Además, una acción popular de la Procuraduría logró que se embargaran todas las cuentas de Centros Poblados y que se levantara el velo corporativo, es decir, que se revelara las identidades de quiénes están detrás de sus empresas. Así, el Ministerio Público busca poder recuperar los $70.000 millones del anticipo que giró el Estado a la unión temporal y que, al parecer, fue desviado a otros fines.

Uno de los protagonistas del escandaloso contrato del Ministerio TIC enfrentará el proceso en su contra desde su casa por orden judicial. Se trata de Juan José Laverde, funcionario de la agencia de seguros Rave, quien, según la Fiscalía, habría ayudado a gestionar una garantía bancaria que resultó falsa y con la cual la unión temporal Centros Poblados logró que les adjudicaran el billonario contrato para llevar internet a colegios rurales. Desde finales de septiembre, un juez lo había enviado a prisión junto al representante legal de la UT, Luis Fernando Duque, y el contratista Emilio Tapia. Los tres se han declarado inocentes.

Hace un par de semanas, un juez de garantías de Bogotá ordenó que la medida de aseguramiento que le impusieron a Laverde el pasado septiembre sea ahora una detención domiciliaria. Es decir, tiene casa por cárcel. La audiencia la pidió su defensa y ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni las víctimas del caso, el Ministerio, se opusieron. Así, entonces, el juez falló a favor del exagente de seguros y lo envió a casa.

Laverde fue imputado desde el pasado 24 de septiembre por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Al parecer, el agente de seguros venía asesorando a Centros Poblados en conseguir las pólizas necesarias para presentarse a la licitación que abrió el Mintic y, luego, en la misma labor cuando la unión temporal fue seleccionada. Pero no presentaron una póliza, sino una serie de garantías con logos del banco Itaú, que resultaron falsa, pues, “ninguna aseguradora estaba dispuesta a expedir las pólizas requeridas”, según dijo la fiscal del caso.

“Ustedes falsificaron el documento denominado garantía bancaria suscrito entre Luis Fernando Duque y supuestos funcionarios del Banco Itaú para subirlo al sistema de contratación pública SECOP, para cumplir con los requisitos habilitantes del proceso de licitación”, les dijo la fiscal en la audiencia de septiembre. Y Juan José Laverde, según la Fiscalía, fue quien finalmente envió la garantía: “una vez usted recibió la garantía falsa, la envió a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y a Alfredo Amín Yaber, quien la cargó al sistema SECOP”.

Y la fiscal Andrea Muñoz añadió: “Todos ustedes tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados, por cuanto conocían que no entregaron a su tramitador documentación alguna que soportara la situación financiera de las empresas que hacían parte de Centros Poblados, ni el contrato celebrado entre el MinTIC y ustedes para que conociera qué era y además conocían que no pagaron el valor de la prima correspondiente”.

Desde entonces, se conoció que dos testigos que han sido claves en el proceso han prendido el ventilador: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga. El primero, propietario de Novotic, una de las empresas que conforma Centros Poblados, le dijo a la Fiscalía que llegó al negocio por invitación de Emilio Tapia. El llamado Zar de la contratación, supuestamente estaba en proceso de adquirir la compañía ICM Ingenieros y buscaba una empresa con experiencia en temas de tecnología para presentarse, juntos, a competir por el contrato del Mintic.

Molina García-Mayorga, por su parte, dijo que llegó al proceso por Juan José Laverde, quien, supuestamente, lo buscó cuando comenzaron a tener problemas en la consecución de las pólizas. Molina, al parecer, había ayudado a gestionar garantías bancarias en otras licitaciones y, según le contó a la Fiscalía, “fue un trámite de una hora”. Supuestamente, Centros Poblados no entregó un solo documento que mostrara su solidez financiera ante el banco Itaú —que además ha negado cualquier vínculo con el negocio—. Al parecer, ni siquiera tenían la cédula del representante legal, Luis Duque.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En el escándalo del contrato del Mintic, además de la Fiscalía, otros entes de control tienen investigaciones. Las posibles irregularidades que advirtieron catapultaron la renuncia de la entonces ministra, Karen Abudinen. Además, una acción popular de la Procuraduría logró que se embargaran todas las cuentas de Centros Poblados y que se levantara el velo corporativo, es decir, que se revelara las identidades de quiénes están detrás de sus empresas. Así, el Ministerio Público busca poder recuperar los $70.000 millones del anticipo que giró el Estado a la unión temporal y que, al parecer, fue desviado a otros fines.