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El corredor de seguros Juan José Laverde podría pagar cuatro años de prisión por su participación en el caso de Centros Poblados y Mintic. Laverde negoció un preacuerdo con la Fiscalía en el que acepta los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En el documento, al que aún le falta el visto bueno de un juez, se lee que el empresario ha colaborado con la justicia y se compromete a ser testigo en los casos contra Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, ambos señalados en el mismo escándalo.
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Laverde habría participado de la falsificación de una garantía bancaria que llevó a que el Mintic le adjudicara a Centros Poblados el contrato de $1,07 billones de pesos para llevar conectividad a escuelas rurales. En el preacuerdo que hizo con la Fiscalía, el empresario se declara culpable a cambio de que su rol en el entramado sea reducida: ya no sería procesado como autor del delito, sino como cómplice.
La investigación estableció que el empresario Juan José Laverde recibió $186.739.959 por su participación en el desfalco. Hasta el dos de marzo de este año, la cuenta de depósitos judiciales de la Dirección Especializada contra la corrupción ha recibido solo $80 millones. En este preacuerdo, Laverde se compromete a entregar lo restante en el menor tiempo posible.
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Si un juez acepta la negociación de Laverde con la Fiscalía, se convertiría en el primer implicado en el escándalo del billonario contrato del Mintic caso en aceptar responsabilidad por sus delitos y ser condenado. Los expedientes del contratista Emilio Tapia, sus socios, Juan Carlos Ángel Cáceres y Otomar Lascarro; el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, así como Jorge López, señalado de conseguir la garantía falsa; siguen su curso en la justicia.
El papel de Laverde en el caso Mintic
Juan José Laverde era un empresario de seguros de la empresa Rave. Según la Fiscalía, cuando vio que ninguna aseguradora le emitiría las pólizas necesarias para que la Unión Temporal Centros Poblados pudiera presentarse a la licitación del Mintic, Laverde acudió a falsificar, con colaboración de terceros, una garantía bancaria. Con este documento, que tenía los logos de un banco y hasta nombres de funcionarios que trabajaban allí, pero que era espurio, se quedaron con el contrato.
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Luego, cuando a Centros Poblados le adjudicaron la billonaria licitación, Laverde habría ayudado a falsificar tres garantías bancarias más: una para que les giraran el anticipo de $70.000 millones, otra para salarios de los empleados de la Unión Temporal y una más para garantizar que cumplirían con el contrato. Por estos hechos continúan siendo judicializados Duque, Tapia y López. En paralelo, la Fiscalía sigue buscando esclarecer qué ocurrió con el anticipo del contrato.
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