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Las tres condenas que tiene encima el contratista Emilio Tapia por el carrusel de la contratación no impidieron que terminara salpicado por un nuevo escándalo de presunta corrupción: el cuestionado contrato del Ministerio de las TIC con la unión temporal Centros Poblados. Por estos antecedentes con la justicia, cree la Procuraduría, dejar a Tapia en libertad significaría un peligro, porque podría reincidir. Y, en ese sentido, el Ministerio Público le pidió al juez 53 de garantías de Bogotá que envíe al contratista cordobés a la cárcel.
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El juez estudiará los argumentos, que se suman a los que ya presentó la Fiscalía, para decidir si envía a Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde a detención preventiva mientras las investigaciones avanzan. A juicio del abogado Iván Cancino, quien defiende al Mintic —víctima en el proceso— se debería, además, embargar los bienes de los tres implicados para que no puedan venderlos o traspasarlos y así pueda asegurarse, o al menos intentarse, recuperar el dinero que perdió la cartera de Gobierno con este contrato.
“Puede llegar a concluirse que, no obstante la existencia de estas tres sentencias condenatorias relacionadas con fenómenos de corrupción en la contratación estatal, ocurrieron los hechos que hoy nos tienen en esta audiencia y, en ese sentido, la imposición de la medida restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario sí evitaría, por lo menos teóricamente, la continuación en una actividad delictiva (por parte de Tapia)”, dijo en la audiencia de este viernes el procurador Miguel Antonio Carvajal.
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Los otros implicados, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y el asesor de seguros Juan José Laverde, no representarían el mismo peligro, a juicio de la Procuraduría. La Fiscalía les imputó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal a ambos, y a Emilio Tapia, por una garantía bancaria que presentaron en la licitación que abrió el Mintic y que resultó falsa. Con el documento buscaban, al parecer, cumplir con uno de los requisitos del concurso, pues “ninguna aseguradora estaba dispuesta a expedir las pólizas requeridas”, según el ente investigador.
Aunque ni Laverde ni Duque tienen antecedentes con la justicia similares a los de Tapia, la Fiscalía sustentó su solicitud de enviarlos a la cárcel en chats, correos y otros mensajes que, supuestamente, enviaron a otros implicados en el cuestionado contrato para cuadrar una versión sobre lo sucedido. Habrían incluso ofrecido pagar los abogados de quienes aceptaran sus términos. La Procuraduría consideró que estas evidencias son suficientes para concluir que pueden obstruir la investigación.
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Además, “la información con la que cuenta la Fiscalía es que, conocedores de que el Ministerio determinó la falsedad de las garantías, dirigieron todo un actuar tendiente a reemplazar esas garantías por unas verdaderas, buscar por todos los medios adecuar su comportamiento posiblemente ilegal”.
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La defensa de Emilio Tapia pidió que no sea enviado a la cárcel y pidió al juez analizar las condiciones actuales del contratista cordobés: por cuenta de una de sus condenas, Tapia ya está en detención domiciliaria, tiene una condición de salud delicada y además, su seguridad está en riesgo. El abogado Alejandro Sánchez incluso contó que Tapia tiene un esquema de seguridad asignado, puesto que “es testigo estrella, protegido, en procesos anteriores donde ha colaborado eficientemente con la justicia”. Y es que Tapia fue de los primeros delatores del carrusel de la contratación de Bogotá y, mientras declaraba contra poderosos, sufrió atentados y hasta intentos de envenenamiento.
La defensa de Juan José Laverde, por otro lado, aseguró que no habría elementos para inferir la participación del agente de seguros en los hechos que investiga la Fiscalía, por una razón sencilla: lo que resultó falso fue una garantía bancaria y Laverde se dedica a la intermediación de pólizas de seguros. Dos instrumentos distintos. “No puede ser visto Laverde de la misma manera que Jorge Molina —quien, al parecer, expidió la garantía falsa y hoy es testigo de la Fiscalía—, Tapia, Duque o algún funcionario del Ministerio. La conducta que debe revisarse de Laverde tendrá que ver con su actuación como agente de seguros”, dijo el abogado Omar Cabarcas.
Además, señaló que el propio Laverde denunció en la Fiscalía que la garantía era falsa y luego alertó en otros procesos de contratación en los que había intervenido Jorge Molina que podría haber garantías falsas. “Es una persona que quiere que se conozca la verdad”, dijo el abogado. Y aseguró que su cliente no tenía antecedentes penales, contrario a Molina, quien tiene múltiples anotaciones y quien hoy se ha convertido en uno de los testigos estrellas del ente investigador en el caso.