Condenan al cerebro del caso MinTIC y Centros Poblados: ¿qué pasó con los demás?

El 2021 fue, quizás, el pero año registrado en la historia del Ministerio de las Tecnologías y las Telecomunicaciones como entidad. Un corrupto proceso de contratación pública, que se firmó por más de un billón de pesos y por los que se entregaron $70.000 millones de anticipo, dejó al Ministerio en la palestra pública por permitir que el erario de los colombianos fuera manipulado por manos criminales. En especifico, por la Unión Temporal Centros Poblados, a la cual se le confió un contrato para llevarle internet a las zonas más apartadas del centro del país y que terminó pagando los lujos y excentricidades de un grupo de contratistas corruptos.

El 2021 fue, quizás, el pero año registrado en la historia del Ministerio de las Tecnologías y las Telecomunicaciones como entidad. Un corrupto proceso de contratación pública, que se firmó por más de un billón de pesos y por los que se entregaron $70.000 millones de anticipo, dejó al Ministerio en la palestra pública por permitir que el erario de los colombianos fuera manipulado por manos criminales. En especifico, por la Unión Temporal Centros Poblados, a la cual se le confió un contrato para llevarle internet a las zonas más apartadas del centro del país y que terminó pagando los lujos y excentricidades de un grupo de contratistas corruptos.

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Esta semana fue condenado Luis Fernando Duque Torres, el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados, a poco más de cuatro años de prisión. Tras llegar a un acuerdo con la justicia, en el que Duque aceptó responsabilidad, fue obligado a pagar una multa de alrededor de $7.000 millones, que deberá cancelar en un plazo de 12 meses. La hipótesis de la Fiscalía es que él, así como sus socios, indujeron al error a los funcionarios de contratación de la cartera entonces dirigida por la exministra Karen Abudinen, quien renunció en medio del escándalo y quien es investigada únicamente por la Procuraduría.

Como se ha conocido públicamente, la UT Centros Poblados, que estaba conformada por cuatro empresas, logró quedarse con el billonario contrato gracias a la radicación ante el MinTIC de garantías bancarias falsas que supuestamente habían sido expedidas por el Banco Itaú. De hecho, le tocó a la misma entidad financiera alertar al Ministerio que esos documentos no fueron firmados por ella, situación que obligó a la cartera a frenar el desarrollo del proyecto, el cual, de todas maneras, se encontraba prácticamente en obra gris a pesar de que se giró el anticipo de los $70.000 millones y llevaba más de seis meses en ejecución.

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El 10 de julio de 2023, también fue condenado tras acordar con la justicia una rebaja de pena el empresario de seguros Juan José Laverde, por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Se comprometió a entregar información para lograr las condenas de Duque, ya sentenciado, y de el zar de la contratación Emilio Tapia, quien sigue en juicio y está señalado de articular los intereses de las empresas de la unión temporal y resultar favorecido con una millonaria tajada. Según el expediente, Laverde fue quien gestionó la garantía bancaria falsa del banco Itaú y los documentos que suponían la seriedad de la oferta del contratista.

Emilio Tapia, quien en el pasado fue condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, por su parte, está en juicio desde mayo de 2023 cuando la Fiscalía lo acusó formalmente de apropiarse de más de $5.000 millones del anticipo entregado a Centros Poblados. Según la investigación, Tapia “habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría $4.000 millones. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTIC”, explicó la Fiscalía en la audiencia de acusación.

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La Fiscalía explicó que, con el dinero presuntamente recibido, Tapia se habría dado los lujos de comprar obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de alta gama y hasta el pago de honorarios a abogados. Desde la acusación, en 2023, Tapia ha estado proceso y tocando las puertas de la justicia varias veces para cambiar de sitios de reclusión. En junio pasado, su esposa e hijas lograron, a través de una tutela resuelta en Malambo (Atlántico), que regresara al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de Barranquilla, que había sido cerrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por sospechas de corrupción.

Otro de los condenados fue Jorge Enrique López Benavides, uno de los hombres que gestionó la falsa legalidad de la garantía bancaria de Centros Poblados para quedarse con el billonario contrato. En marzo pasado, recibió una condena a cuatro años de prisión, sin embargo, dado que negoció con la Fiscalía y había estado preso durante el proceso, recibió el beneficio de la libertad condicional por dos años. Asimismo, recibió una multa de 100 salarios mínimos para el año 2020. El expediente también tiene en juicio a los contratistas Juan Carlos Cáceres Bayona y Ottomar Lascarro, quienes representaban a otras de las empresas que integraron la unión temporal. En este caso, Novotic y Omega Buildings e Intec de la Costa, respectivamente.

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En el resorte de la Procuraduría se tiene la decisión de sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos para la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez (nueve años); el exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio (nueve meses); y la exsecretaria General del MinTIC y exdelegada de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra (cinco meses). La decisión también cobijó a la exfuncionaria Paola Andrea Izquierdo Rivera, quien sancionada por omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario en el que se autorizó la utilización y pago del anticipo por valor superior a $70.000 millones. La mujer fue multada con 50 SMLV e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante los 11 años siguientes a la sanción.

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