Nicolás Petro: Fiscalía lo acusó por presunto enriquecimiento ilícito en mil millones

El hijo del presidente no aceptó los delitos en la audiencia de imputación de cargos.

Desde la mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La cita se dio en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, donde la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente, para luego llamarlo a juicio. Los delitos por los cuales es investigado el hijo del presidente habrían sido cometidos cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico y se desempeñaba como una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica.

Tras concluir con la exposición de la acusación, el Juzgado definió que la primera audiencia de preparación para la etapa de juicio se reaizará entre los días 29 y 30 de abril de este año a las 9:00 a. m. de manera presencial.

El fiscal Mario Burgos inició su teoría del caso hablando sobre los ingresos legales que el mismo Nicolás Petro reportó en sus documentos tributarios y contables. Dado que no tuvo donaciones, no tenía inversiones y solo contaba con su sueldo como diputado de la Asamblea del Atlántico, en 2022, debería haber tenido gastos que, como máximo, le hubiesen representado $280 millones. Sin embargo, la Fiscalía le encontró gastos por más de $1.300 millones. Una diferencia, presuntamente inexplicable, de $1.053 millones.

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Los gastos están mapeados por la Fiscalía. El pago de arriendo de un apartamento del edificio Balcones del Parque, en Barranquilla, por $23 millones. El pago de un arriendo de una casa de condominio, en Puerto Colombia, por $86 millones. Otro arrendamiento en el edificio Altos de Buenavista, de la capital atlanticense, por $38 millones. Incluso, a una empleada doméstica le desembolsó $11 millones. Habría comprado un Mercedes Benz por $200 millones y gastos en establecimientos de comercio por $157 millones.

Este es un delito conexo y que solo se hubiese podido cometer a través del enriquecimiento ilícito. El fiscal Burgos lo explicó de una manera sencilla: el hijo del presidente habría querido ocultar sus millonarios compras poniéndolos a nombre de terceros. Por ejemplo, la Fiscalía tendría pruebas de que Nicolás Petro puso a nombre de César Emillio Vásquez, tío de su expareja Daysuris Vásquez, un negocio para adquirir una casa en el municipio de Tubará. En ese proceso se habrían desembolsado $334 millones, en efectivo.

Ese mismo nombre, Cesar Emilio Vásquez, aparece en las cuentas de la Fiscalía como comprador de la casa en el condominio La Herradura de Puerto Colombia donde Nicolás Petro había arrendado previamente. Vásquez, incluso, habría firmado una promesa de compraventa y entregado, de nuevo en efectivo, aproximadamente $700 millones de cuota inicial. Sobre el carro Mercedes Benz, la compradora terminó siendo, según la Fiscalía, Blanca Isabel Gutiérrez, quien ha sido contratista de la Gobernación del Atlántico en 2020 y 2022.

Tras un receso de una hora, el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla decidió que no accederá a la solicitud de la defensa de Nicolás Petro Burgos, de anular el auto que avaló la imputación de la Fiscalía en contra del político. Para el juez, se respetaron los derechos del hijo del presidente en todo el proceso y decidió darle el espaldarazo a lo dicho por la Fiscalía y la Procuraduría, quienes dijeron que la solicitud de anular era “superflua”.

Si bien el juez aclaró que esta no es rechazada por el momento en que se realizó la solicitud, pues este es un derecho que tiene el acusado, considera que los argumentos presentados en la imputación fueron “claros, concretos y entendibles” y el acusado no expresó duda sobre esto.

Al retomar la audiencia, la palabra se le otorgó a la representante de la Procuraduría, quien dijo que no le pedirá al juez que “rechace de plano la solicitud de nulidad” presentada por la defensa de Nicolás Petro, pero que, a su parecer, no hay irregularidades para que se anule completamente la imputación.

“No consideramos, señor juez, que en el caso haya vulneración a la defensa o al debido proceso”, dijo la representante del Ministerio Público durante la audiencia. Igualmente, la delegada de la Procuraduría dijo que la Fiscalía sí aclaró que los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación hacían referencia a que habrían ocurrido cuando él fue diputado del Atlántico.

En medio de un receso concedido por el juez en la audiencia, el abogado titular de Nicolás Petro, Diego Henao, emitió un comunicado de prensa en el que dice que tiene las pruebas de que en el caso contra el hijo del presidente no se ha actuado con objetividad.

“Como abogado defensor de Nicolás Petro Burgos, en su oportunidad presentaré las equivocaciones cometidas por la Fiscalía en su afán de construir un caso mediático. Ya la Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la competencia territorial, reconoció que la defensa jurídica no puede ser objeto de intimidaciones y amenazas por el cumplimiento de su labor”, dice el texto del abogado Henao.

Además, señala que “la defensa tiene los argumentos y pruebas para que la justicia, en un debate serio y ponderado, reconozca que contra Nicolás Petro se actuó con ligereza jurídica y exceso, que dejan sin piso legal cualquier acusación en su contra. Seguiremos acudiendo a los tribunales nacionales e internacionales a informar del avance de este proceso”.

El fiscal Mario Burgos, quien representa al ente investigador en el caso, criticó en primer lugar la ausencia del abogado titular de Nicolás Petro, Diego Henao. Para el fiscal, la petición de la defensa del hijo del presidente es “superflua” y debe ser rechazada por el juez, quien, para la Fiscalía, tiene la competencia para resolver la solicitud, ya que la Corte Suprema le dio la facultad.

Asimismo, Burgos asegura que la defensa de Nicolás Petro estaba pidiendo la nulidad de delitos que ni siquiera se le imputaron al hijo del presidente, por lo cual no encuentra fundamentos en que quieran anular la actuación de la Fiscalía. Por su argumentación, el juez le llamó la atención al fiscal Burgos y le pidió que se refiriera con respeto a su contraparte, pues el representante del ente investigador dijo que no entendía si los abogados de Nicolás Petro estaban leyendo un Código Penal distinto.

Además, el fiscal Burgos señala que Nicolás Petro en algún momento del caso en su contra buscó colaborar con el ente investigador para obtener beneficios, lo que daría cuenta, según Burgos, que él y su defensa sí entendieron la imputación de delitos. También, resaltó que esta no era la instancia en la que se podía pedir la nulidad de la imputación, como pretende hacerlo la defensa del hijo del presidente.

Los abogados del hijo mayor del presidente Gustavo Petro le dice al juez que “la defensa va a solicitarle a usted en este momento se anule el auto del juez 74 de garantías de Bogotá que avaló la imputación en contra de Nicolás Petro, en razón de que los hechos jurídicamente relevantes carecen de un elemento objetivo en el delito de enriquecimiento ilícito como es el nexo de causalidad”.

La defensa de Petro Burgos considera que en la imputación el ente investigador no estableció un nexo entre el presunto ingreso injustificado y su condición de servidor público (diputado). El abogado García Rincón afirmó que la imputación no sustentó jurídicamente los ingresos y egresos que tuvo Nicolás Petro en 2022, razón por la cual, según dice, se violó el debido proceso y el derecho de defensa.

Para los defensores de Nicolás Petro, la imputación no da cuenta de cuál es la conexión entre los delitos y las conductas de su cliente como funcionario público, por lo cual, según manifestaron, ha hecho “imposible construir una defensa sólida”.

El juez del caso da inicio a la audiencia en donde la Fiscalía busca acusar formalmente a Nicolás Petro Burgos. El hijo del presidente es defendido en esta ocasión por los abogados Sebastián García Rincón y Jairo Alberto Gonzales Marín, quienes son los suplentes del penalista Diego Henao, quien ha venido defendiendo a Petro Burgos desde la renuncia de David Teleki, su antiguo representante.

La defensa del exdiputado del Atlántico sostiene que mantienen una inconformidad con la competencia que tiene el Juzgado para llevar el caso. Sin embargo, el juez refiere que tiene la competencia, debido a que fue una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia.

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Petro Burgos fue capturado en Barranquilla el 29 de julio pasado, junto a su exesposa Day Vásquez, quien hoy es la principal testigo en su contra y así arrancó una cinematográfica secuencia de hechos que, en un comienzo, prometía su colaboración con la justicia. Finalmente, el caso tuvo giros que llevaron a que el hijo del presidente se bajara de su intención de colaborar con el ente investigador.

Dentro de lo que ha averiguado la Fiscalía es que el hijo del presidente Petro solo tenía como fuente de ingresos su trabajo como diputado en la Asamblea del Atlántico, al cual tuvo que renunciar tras el escándalo. El ente investigador encontró además que en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021 reportó únicamente sus ingresos como diputado, pero no reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado, pero sí tenía lujos que no tenía cómo justificar.

Entre ellos, el pago de un arriendo en el edificio Balcones del Parque, de Barranquilla, por $23 millones y el arriendo de una casa condominio, en julio de 2022, en Puerto Colombia, por $86 millones. Además, reveló la Fiscalía, en noviembre de ese año, pagó otro arriendo en Barranquilla, el Altos de Bonavista, por $38 millones y, para esa misma época, ya había pagado el monto inicial de una casa en Tubará, por $334 millones, y había adquirido un carro Mercedes Benz por $200 millones. Para soportar todos estos gastos, Nicolás Petro debió contar con al menos $1.450 millones, según la Fiscalía, sin embargo, a corte de 2022, en realidad solo podría justificar $280 millones.

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