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El proceso penal que se adelanta en contra de Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito debe adelantarse en Barranquilla, en concreto en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad. La decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia al negar un conflicto de competencias que presentó el abogado del hijo del presidente, Gustavo Petro, para que la investigación fuera llevada desde Bogotá por ser de carácter nacional.
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El recurso fue presentado el pasado 20 de noviembre por el abogado Diego Henao durante la audiencia en la que se esperaba que Nicolás Petro fuera acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El abogado expuso, que el juzgado de Barranquilla, donde se iba a adelantar el juicio, no era el competente para adelantar el resto del proceso, pues los hechos que se investigan sucedieron en varios lugares del país y no solo en la capital del Atlántico.
La solicitud fue rechazada por la Fiscalía, que la calificó como una maniobra que solo pretende dilatar el caso y evitar que avance. El cuestionado fiscal Mario Burgos señaló que la mayoría de los hechos que se investiga sucedieron en Barranquilla y que los planteamientos de los abogados de Petro no tienen ningún peso jurídico. Argumentos que también fueron esgrimidos por la Procuraduría.
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Como era previsto, el juez del caso dijo que era una medida superflua y negó la solicitud, pero envió la discusión al alto tribunal, que este martes se pronunció, confirmando que es el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, el competente para conocer el caso.
“La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime, porque para todos los magistrados es claro que, aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de presuntos ilícitos y los más graves (lavado de activos) habrían ocurrido en Barranquilla”, explicó la Corte Suprema de Justicia.
El caso contra Nicolás Petro
El llamado a juicio, que no se pudo adelantar, tiene que ver con el fracaso de las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía, que tuvieron acercamientos durante la audiencia de imputación, en la que Nicolás Petro señaló que contaría “la verdad”. El acusado renunció a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad, aportando información de interés de la Fiscalía, y ahora tendrá que presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.
La investigación revela que Nicolás Petro presuntamente incrementó injustificadamente su patrimonio en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica, legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”, dice la acusación.
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