Caso Nicolás Petro: fiscal Lucy Laborde llevará caso contra el hijo del presidente
Tras la orden de dejar a Mario Burgos fuera del caso en contra del integrante de la familia presidencial, el ente investigador sometió a reparto el expediente y le correspondió a la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos.
El caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, tiene una nueva fiscal. Mario Burgos, quien por orden de la Comisión de disciplina Judicial tuvo que dar un paso al costado del caso, fue reemplazado por la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt.
En contexto: Fiscal Mario Burgos sale del caso Nicolás Petro
De acuerdo con lo dicho por el ente de control, el expediente en contra de Nicolás Petro fue sometido a reparto y le correspondió a Laborde, quien es fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos. La verificación del reparto aleatorio, dice la Fiscalía, se hizo en presencia de la agente especial de la Procuraduría que fue designada para el caso en contra del hijo del presidente.
El cambio de investigador tiene su génesis en una recusación presentada por la defensa de Petro Burgos en contra del entonces fiscal Mario Burgos, basada en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llamó a juicio al fiscal, el pasado 7 de junio. La autoridad que investiga y juzga a fiscales, abogados, jueces y otros funcionarios judiciales, tiene un expediente disciplinario abierto contra Burgos por la presunta filtración de los videos de la captura e interrogatorio del hijo del presidente, ambos revelados por la revista Semana.
El pasado 10 de julio, la oficina Delegada para la Seguridad Territorial, dirigida por Deicy Jaramillo Rivera, a través de un documento de 15 páginas conocido por este diario, aceptó el trámite de recusación que existía en contra de Burgos. “La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio (de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial) constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”.
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La resolución con la que el fiscal Burgos salió del expediente Nicolás Petro detalla que la defensa del hijo del presidente, inicialmente, había tratado de sacar al investigador del caso por una causal de recusación que tenía que ver con la “enemistad”. Según explicó Nicolás Petro en su solicitud de recusación, “Mario Andrés Burgos Patiño por sí mismo, de manera libre y espontánea, manifestó en una diligencia judicial que nos considera, a mi padre y al suscrito, como sus enemigos”.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene en juicio a Burgos por tres cargos. El primero, por presuntamente permitir la filtración de videos dentro de una investigación penal, que se supone están bajo reserva sumarial. El segundo, por presuntamente realizar presiones indebidas para lograr un acuerdo judicial dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro. Y tercero, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al intentar coaccionar a Petro para que proporcionara información sobre un tercero.
Por su parte, la hipótesis que se tiene en el caso de Nicolás Petro Burgos establece que se habría enriquecido injustificadamente y que habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades. Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, la Fiscalía le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, tiene una nueva fiscal. Mario Burgos, quien por orden de la Comisión de disciplina Judicial tuvo que dar un paso al costado del caso, fue reemplazado por la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt.
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De acuerdo con lo dicho por el ente de control, el expediente en contra de Nicolás Petro fue sometido a reparto y le correspondió a Laborde, quien es fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos. La verificación del reparto aleatorio, dice la Fiscalía, se hizo en presencia de la agente especial de la Procuraduría que fue designada para el caso en contra del hijo del presidente.
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El pasado 10 de julio, la oficina Delegada para la Seguridad Territorial, dirigida por Deicy Jaramillo Rivera, a través de un documento de 15 páginas conocido por este diario, aceptó el trámite de recusación que existía en contra de Burgos. “La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio (de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial) constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”.
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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene en juicio a Burgos por tres cargos. El primero, por presuntamente permitir la filtración de videos dentro de una investigación penal, que se supone están bajo reserva sumarial. El segundo, por presuntamente realizar presiones indebidas para lograr un acuerdo judicial dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro. Y tercero, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al intentar coaccionar a Petro para que proporcionara información sobre un tercero.
Por su parte, la hipótesis que se tiene en el caso de Nicolás Petro Burgos establece que se habría enriquecido injustificadamente y que habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades. Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, la Fiscalía le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar.
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