En medio del proceso que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General dispuso que el fiscal que asuma el expediente será elegido por reparto, luego de que Mario Burgos, quien estaba al frente de las diligencias, saliera del caso tras una recusación presentada por la defensa del exdiputado del Atlántico.
De acuerdo con el ente investigador, teniendo en cuenta el tipo de delitos que se han investigado en contra de Petro Burgos, “el caso será asignado a la Fiscalía que por reparto corresponda en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales”. Así mismo, el ente de control dirigido por Luz Adriana Camargo decidió dar por terminadas labores del Grupo de Tareas Especiales conformado para adelantar las pesquisas en este caso; sin embargo, anunció que se mantendrá el equipo de “servidores, expertos y analistas con funciones permanentes de policía judicial que han conocido estos actos investigativos para que continúe apoyando al fiscal que por reparto corresponda su impulso”.
El cambio de investigador tiene su génesis en una recusación presentada por la defensa de Petro Burgos en contra del entonces fiscal Mario Burgos, basada en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llamó a juicio al fiscal, el pasado 7 de junio. La autoridad que investiga y juzga a fiscales, abogados, jueces y otros funcionarios judiciales, tiene un expediente disciplinario abierto contra Burgos por la presunta filtración de los videos de la captura e interrogatorio del hijo del presidente, ambos revelados por la revista Semana.
El pasado 10 de julio, la oficina Delegada para la Seguridad Territorial, dirigida por Deicy Jaramillo Rivera, a través de un documento de 15 páginas conocido por este diario, aceptó el trámite de recusación que existía en contra de Burgos. “La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio (de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial) constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”.
La resolución con la que el fiscal Burgos salió del expediente Nicolás Petro detalla que la defensa del hijo del presidente, inicialmente, había tratado de sacar al investigador del caso por una causal de recusación que tenía que ver con la “enemistad”. Según explicó Nicolás Petro en su solicitud de recusación, “Mario Andrés Burgos Patiño por sí mismo, de manera libre y espontánea, manifestó en una diligencia judicial que nos considera, a mi padre y al suscrito, como sus enemigos”.
No obstante, el fiscal certificó bajo juramento ante la Fiscalía que no tenía interés en el caso, ni existe enemistad grave con alguna de las partes, por lo que no se cumple esa causal de recusación. Lo que sí determinó la Fiscalía es que el fiscal Mario Burgos está inmerso en un juicio disciplinario por filtración de elementos procesales y, por eso, representa toda una causal de recusación.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene en juicio a Burgos por tres cargos. El primero, por presuntamente permitir la filtración de videos dentro de una investigación penal, que se supone están bajo reserva sumarial. El segundo, por presuntamente realizar presiones indebidas para lograr un acuerdo judicial dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro. Y tercero, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al intentar coaccionar a Petro para que proporcionara información sobre un tercero.
Por su parte, la hipótesis que se tiene en el caso de Nicolás Petro Burgos establece que se habría enriquecido injustificadamente y que habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades. Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, la Fiscalía le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar.
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