Caso Odebrecht: acusan a Natalia Isaza Velásquez por presunto lavado de activos
De acuerdo con el ente investigador, Isaza Velásquez habría recibido $59 millones para desviar una adición al contrato de concesión de la Ruta del Sol III.
Un grupo de fiscales de tareas especiales para el caso Odebrecht acusó este jueves 4 de julio a Natalia Isaza Velásquez por el delito de lavado de activos, pues, al parecer, habría recibido cerca de $59 millones como soborno para desviar una adición al contrato de la Ruta del Sol lll, según determinó el ente investigador.
De acuerdo con las pesquisas, las irregularidades tuvieron origen el 21 de julio de 2015, cuando el entonces Instituto Nacional de Concesiones firmó el otrosí número cinco con la concesionaria Yuma, con el fin de ejecutar los estudios y diseños de un segundo puente sobre el Río Magdalena, el cuál sería construido entre el municipio de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar).
La concesionaria, a su vez, contrató esas actividades con la compañía Consultores Unidos S.A., la cual, además, confió labores de topografía y geología a la empresa Megaland S.A. por un valor total de $754 millones. Según la investigación, Megaland S.A, representada legalmente por Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, habría recibido el pago, pero los trabajos nunca se realizaron.
“Adicionalmente, se estableció que parte de los dineros entregados a Megaland S.A., presuntamente fueron girados a terceras personas por instrucción de José Roberto Prieto Uribe, por su intermediación indebida para que se celebrara el otrosí número cinco“, apuntó el ente investigador.
Desde el 17 de abril de 2022, Prieto Uribe, quien fuese gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 quedó en libertad, luego de pagar una condena de cinco años de prisión por tres delitos relacionados con manejo irregular de dinero en el caso Odebrecht.
Los pruebas recolectadas por el ente investigador demostraron que “parte de esos recursos, exactamente $59 millones, fueron consignados a Natalia Isaza Velásquez en dos transacciones realizadas el 7 y 9 de junio de 2016. Esta suma provenía de delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito de particulares, y habría sido transformada y custodiada por la hoy procesada”, concluyó la Fiscalía.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Un grupo de fiscales de tareas especiales para el caso Odebrecht acusó este jueves 4 de julio a Natalia Isaza Velásquez por el delito de lavado de activos, pues, al parecer, habría recibido cerca de $59 millones como soborno para desviar una adición al contrato de la Ruta del Sol lll, según determinó el ente investigador.
De acuerdo con las pesquisas, las irregularidades tuvieron origen el 21 de julio de 2015, cuando el entonces Instituto Nacional de Concesiones firmó el otrosí número cinco con la concesionaria Yuma, con el fin de ejecutar los estudios y diseños de un segundo puente sobre el Río Magdalena, el cuál sería construido entre el municipio de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar).
La concesionaria, a su vez, contrató esas actividades con la compañía Consultores Unidos S.A., la cual, además, confió labores de topografía y geología a la empresa Megaland S.A. por un valor total de $754 millones. Según la investigación, Megaland S.A, representada legalmente por Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, habría recibido el pago, pero los trabajos nunca se realizaron.
“Adicionalmente, se estableció que parte de los dineros entregados a Megaland S.A., presuntamente fueron girados a terceras personas por instrucción de José Roberto Prieto Uribe, por su intermediación indebida para que se celebrara el otrosí número cinco“, apuntó el ente investigador.
Desde el 17 de abril de 2022, Prieto Uribe, quien fuese gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 quedó en libertad, luego de pagar una condena de cinco años de prisión por tres delitos relacionados con manejo irregular de dinero en el caso Odebrecht.
Los pruebas recolectadas por el ente investigador demostraron que “parte de esos recursos, exactamente $59 millones, fueron consignados a Natalia Isaza Velásquez en dos transacciones realizadas el 7 y 9 de junio de 2016. Esta suma provenía de delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito de particulares, y habría sido transformada y custodiada por la hoy procesada”, concluyó la Fiscalía.
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