Exsenador “Ñoño” Elías, condenado por Odebrecht, quedó en libertad

El exsenador del partido de la U y condenado por el caso Odebrecht, acaba de recobrar su libertad, pero de manera condicional. El excongresista estaba privado de la libertad desde agosto de 2017, cuando la justicia colombiana daba sus primeros pasos para determinar quiénes integraron la red corrupta de la multinacional brasilera en Colombia.

Una fuente alertó sobre la salida de Elías de la guarnición militar. Además, el propio excongresista lo confirmó a través de sus redes sociales. “Y al final de cuentas… Todo pasa y el momento esperado llegó. Gracias a Dios por mantener la salud, por la enseñanza, por mi familia, por los verdaderos amigos. Gracias por la paciencia infinita, por la fortaleza, por la experiencia adquirida, por cada una de las bendiciones. Después de cumplir viene lo más esperado, salir a abrazar a los míos”, señaló el político cordobés, quien aceptó ser una de las personas que recibió sobornos de Odebrecht.

Fuentes cercanas al caso señalan que, luego que un juzgado de Bogotá le negara la detención domiciliaria, sus abogados apelaron la decisión, que llegó hasta la Corte Suprema, tribunal ante el cual solicitaron la libertad condicional. Allí esa alta corte ordenó que le reconocieran la colaboración que el Ñoño ha brindado en el caso Odebrecht contra varios funcionarios, entre ellos, el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade.

En mayo de 2021, Ñoño Elías dio a conocer que se sometería a sentencia anticipada, en la investigación que la Corte Suprema le seguía por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Aceptó cargos para obtener beneficios judiciales y se comprometió a ventilar episodios y nombres. Sobre el excongresista ya pesaba una condena de seis años y ocho meses, revelada en 2018, por soborno y tráfico de influencias.

Ñoño Elías es solo uno de los nombres que han salido al ruedo durante el escándalo de Odebrecht, empresa brasilera que según la Fiscalía repartió más de US$ 11 millones en sobornos para asegurar contratos de infraestructura. Entre los proyectos curtidos está la Ruta del Sol II, en la cual Elías habría participado para conseguir el contrato de estabilidad jurídica. La obra busca conectar el centro del país con la costa, pero representa un monumento a las irregularidades contractuales.

En principio, la Corte explicó que en sus labores como Representante (2006-2010) y como Senador (2010-2018), Elías logró una gran cercanía con autoridades administrativas, políticas y directivos de entidades financieras, el Ministerio de Transporte y el entonces Instituto Nacional de Concesiones, hoy ANI. En 2010, cuando Elías ya se había afirmado en el Congreso, Odebrecht logró hacerse con la contratación para la Ruta del Sol II, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Curumaní (Cesar), por un valor inicial de casi $2 billones.

“Se constató que, para acceder a la contratación, así como para lograr garantías y gabelas, la multinacional ejecutó maniobras ilícitas como: Ubicó funcionarios públicos con facultad de decisión en materia contractual, ofreciéndoles dádivas para que les brindaran información e interactuaran con otros servidores, a efecto de lograr la obtención de sus propósitos”, explicó la Corte Suprema.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El exsenador del partido de la U y condenado por el caso Odebrecht, acaba de recobrar su libertad, pero de manera condicional. El excongresista estaba privado de la libertad desde agosto de 2017, cuando la justicia colombiana daba sus primeros pasos para determinar quiénes integraron la red corrupta de la multinacional brasilera en Colombia.

Una fuente alertó sobre la salida de Elías de la guarnición militar. Además, el propio excongresista lo confirmó a través de sus redes sociales. “Y al final de cuentas… Todo pasa y el momento esperado llegó. Gracias a Dios por mantener la salud, por la enseñanza, por mi familia, por los verdaderos amigos. Gracias por la paciencia infinita, por la fortaleza, por la experiencia adquirida, por cada una de las bendiciones. Después de cumplir viene lo más esperado, salir a abrazar a los míos”, señaló el político cordobés, quien aceptó ser una de las personas que recibió sobornos de Odebrecht.

Fuentes cercanas al caso señalan que, luego que un juzgado de Bogotá le negara la detención domiciliaria, sus abogados apelaron la decisión, que llegó hasta la Corte Suprema, tribunal ante el cual solicitaron la libertad condicional. Allí esa alta corte ordenó que le reconocieran la colaboración que el Ñoño ha brindado en el caso Odebrecht contra varios funcionarios, entre ellos, el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade.

En mayo de 2021, Ñoño Elías dio a conocer que se sometería a sentencia anticipada, en la investigación que la Corte Suprema le seguía por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Aceptó cargos para obtener beneficios judiciales y se comprometió a ventilar episodios y nombres. Sobre el excongresista ya pesaba una condena de seis años y ocho meses, revelada en 2018, por soborno y tráfico de influencias.

Ñoño Elías es solo uno de los nombres que han salido al ruedo durante el escándalo de Odebrecht, empresa brasilera que según la Fiscalía repartió más de US$ 11 millones en sobornos para asegurar contratos de infraestructura. Entre los proyectos curtidos está la Ruta del Sol II, en la cual Elías habría participado para conseguir el contrato de estabilidad jurídica. La obra busca conectar el centro del país con la costa, pero representa un monumento a las irregularidades contractuales.

En principio, la Corte explicó que en sus labores como Representante (2006-2010) y como Senador (2010-2018), Elías logró una gran cercanía con autoridades administrativas, políticas y directivos de entidades financieras, el Ministerio de Transporte y el entonces Instituto Nacional de Concesiones, hoy ANI. En 2010, cuando Elías ya se había afirmado en el Congreso, Odebrecht logró hacerse con la contratación para la Ruta del Sol II, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Curumaní (Cesar), por un valor inicial de casi $2 billones.

“Se constató que, para acceder a la contratación, así como para lograr garantías y gabelas, la multinacional ejecutó maniobras ilícitas como: Ubicó funcionarios públicos con facultad de decisión en materia contractual, ofreciéndoles dádivas para que les brindaran información e interactuaran con otros servidores, a efecto de lograr la obtención de sus propósitos”, explicó la Corte Suprema.

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