En la Corte Suprema se cayó ponencia que absolvía a Antonio Guerra por Odebrecht

En agosto pasado, en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fue derrotada la ponencia del magistrado Jorge Caldas con la que pedía absolver al exsenador Antonio Guerra por presuntos vínculos con el entramado de corrupción que protagonizó la firma brasilera Odebrecht. Aunque el magistrado, quien este jueves ordenó su libertad, había pedido su absolución, la mayoría de sus compañeros en Sala estimaron que Guerra tendría culpa en los hechos por los que fue acusado y, por eso, tumbaron esa ponencia.

Ahora, el expediente pasó a manos del magistrado Ariel Torres y dos fuentes le confirmaron a El Espectador que esa nueva ponencia que debe presentar este magistrado será condenatoria. El excongresista está vinculado a esta investigación por las presuntas irregularidades que se registraron en el escándalo de Odebrecht que salpicó, no solo a los directivos de la compañía, sino también a congresistas que hicieron lobby para que contratos y adiciones de infraestructura en el país le fueran adjudicadas a la firma brasilera.

Lea aquí: Exsenador Antonio Guerra irá a juicio por escándalo de Odebrecht

En el caso puntual de Guerra, el político es señalado de hacer parte del denominado de los Buldocer, conocido por ser un grupo de congresistas que habrían favorecido a Odebrecht desde el legislativo. La puja judicial sobre el exsenador empezó en julio de 2017 cuando la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a Guerra y otros congresistas: Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile, Plinio Olano y Ciro Rodríguez.

Según las investigaciones, Guerra habría usado su cargo para favorecer tanto a la constructora brasileña como la empresa Afa Vías. Incluso, habría recibido alrededor de $200 millones por sus labores. En materia disciplinaria, la Procuraduría, en 2019, también le formuló pliego de cargos porque, presuntamente, se valió de “su cargo y de la relación derivada de su función” para influenciar a funcionarios a que actuaran en favor de las multinacionales.

Le puede interesar: Caso Odebrecht: Corte Suprema negó la libertad al exsenador Antonio Guerra

Lo que reposan en los expedientes es que el exsenador presuntamente “realizó gestiones ante los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, para que se aprobara y firmara un contrato de estabilidad jurídica que había presentado la Concesionaria Ruta del Sol II desde septiembre de 2010″, según aseguró la Procuraduría. También habría tenido una participación esencial en la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra: “El investigado habría influido en los funcionarios públicos encargados de gestionar y viabilizar el otrosí No. 6 de marzo de 2014 (el que le dio vida a esa adición)″.

Por otra parte, Guerra supuestamente habría participado en la aprobación de las cartas de crédito de Navelena S.A.S para que se pudiera dar el cierre financiero del contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Otro de los proyectos adjudicados a un consorcio de Odebrecht en Colombia, pero que al final no tuvo ningún avance y fue liquidado por el Gobierno a dos años de su firma. Por estos hechos, el exsenador estuvo privado de su libertad desde marzo de 2019.

Contexto: Corte Suprema llama a indagatoria a Antonio Guerra por caso Odebrecht

Además de derrotar la ponencia que pedía absolverlo, la Sala de Primera Instancia tomó la decisión de dejarlo en libertad mientras se conoce y se aprueba el nuevo proyecto de fallo que, aseguran fuentes el alto tribunal, deberá ser condenatoria. Guerra fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público.

La decisión de dejarlo en libertad se tomó, según la Corte, porque “desde que inició la indagación preliminar el acusado ha estado presto a comparecer ante la justicia cuantas veces ha sido citado, al punto de que su aprehensión se hizo efectiva cuando compareció ante la autoridad judicial respectiva. Por ello, su comportamiento a lo largo del proceso permite inferir que con las medidas señaladas podrá cumplirse cualquier determinación que adopte la justicia”, reposa en el documento de 22 páginas.

Con estas dos decisiones, ahora el magistrado Ariel Torres deberá escribir la nueva ponencia cuyo fondo determinará el futuro del exsenador que, por ahora, esperará la decisión definitiva de la Sala de Primera Instancia en libertad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En agosto pasado, en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fue derrotada la ponencia del magistrado Jorge Caldas con la que pedía absolver al exsenador Antonio Guerra por presuntos vínculos con el entramado de corrupción que protagonizó la firma brasilera Odebrecht. Aunque el magistrado, quien este jueves ordenó su libertad, había pedido su absolución, la mayoría de sus compañeros en Sala estimaron que Guerra tendría culpa en los hechos por los que fue acusado y, por eso, tumbaron esa ponencia.

Ahora, el expediente pasó a manos del magistrado Ariel Torres y dos fuentes le confirmaron a El Espectador que esa nueva ponencia que debe presentar este magistrado será condenatoria. El excongresista está vinculado a esta investigación por las presuntas irregularidades que se registraron en el escándalo de Odebrecht que salpicó, no solo a los directivos de la compañía, sino también a congresistas que hicieron lobby para que contratos y adiciones de infraestructura en el país le fueran adjudicadas a la firma brasilera.

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En el caso puntual de Guerra, el político es señalado de hacer parte del denominado de los Buldocer, conocido por ser un grupo de congresistas que habrían favorecido a Odebrecht desde el legislativo. La puja judicial sobre el exsenador empezó en julio de 2017 cuando la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a Guerra y otros congresistas: Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile, Plinio Olano y Ciro Rodríguez.

Según las investigaciones, Guerra habría usado su cargo para favorecer tanto a la constructora brasileña como la empresa Afa Vías. Incluso, habría recibido alrededor de $200 millones por sus labores. En materia disciplinaria, la Procuraduría, en 2019, también le formuló pliego de cargos porque, presuntamente, se valió de “su cargo y de la relación derivada de su función” para influenciar a funcionarios a que actuaran en favor de las multinacionales.

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Lo que reposan en los expedientes es que el exsenador presuntamente “realizó gestiones ante los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, para que se aprobara y firmara un contrato de estabilidad jurídica que había presentado la Concesionaria Ruta del Sol II desde septiembre de 2010″, según aseguró la Procuraduría. También habría tenido una participación esencial en la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra: “El investigado habría influido en los funcionarios públicos encargados de gestionar y viabilizar el otrosí No. 6 de marzo de 2014 (el que le dio vida a esa adición)″.

Por otra parte, Guerra supuestamente habría participado en la aprobación de las cartas de crédito de Navelena S.A.S para que se pudiera dar el cierre financiero del contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Otro de los proyectos adjudicados a un consorcio de Odebrecht en Colombia, pero que al final no tuvo ningún avance y fue liquidado por el Gobierno a dos años de su firma. Por estos hechos, el exsenador estuvo privado de su libertad desde marzo de 2019.

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Además de derrotar la ponencia que pedía absolverlo, la Sala de Primera Instancia tomó la decisión de dejarlo en libertad mientras se conoce y se aprueba el nuevo proyecto de fallo que, aseguran fuentes el alto tribunal, deberá ser condenatoria. Guerra fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público.

La decisión de dejarlo en libertad se tomó, según la Corte, porque “desde que inició la indagación preliminar el acusado ha estado presto a comparecer ante la justicia cuantas veces ha sido citado, al punto de que su aprehensión se hizo efectiva cuando compareció ante la autoridad judicial respectiva. Por ello, su comportamiento a lo largo del proceso permite inferir que con las medidas señaladas podrá cumplirse cualquier determinación que adopte la justicia”, reposa en el documento de 22 páginas.

Con estas dos decisiones, ahora el magistrado Ariel Torres deberá escribir la nueva ponencia cuyo fondo determinará el futuro del exsenador que, por ahora, esperará la decisión definitiva de la Sala de Primera Instancia en libertad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.