Caso Odebrecht: estas son las pruebas de la Fiscalía contra Luis Fernando Andrade
La Fiscalía sostiene que cuenta con las evidencias para mostrar que Andrade jugó en favor de los intereses de Odebrecht. Él siempre lo ha negado.
Diana Durán / Luz Carime Hurtado
El próximo 1° de febrero, Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, tiene de nuevo cita programada en los juzgados de Paloquemao, en el occidente de Bogotá. Ese día, la Fiscalía leerá ante un juez el escrito de acusación en su contra, en el cual reúne los indicios y las pruebas con los que cree que lo derrotará en juicio. Para la Fiscalía es claro que Andrade terminó sirviendo desde su papel de servidor público a los intereses de la concesionaria Ruta del Sol, compuesta por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores. Andrade, por su parte, ha dicho una y otra vez que enfrenta a la justicia con la conciencia tranquila de saber que nunca hizo nada ilegal.
El Espectador conoció el escrito de acusación contra Andrade. En 27 páginas, la Fiscalía condensó las evidencias con que quiere obtener una condena para Andrade, a quien acusó de cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso que compromete a Andrade, considerado uno de los funcionarios estelares de la administración Santos, es la adjudicación del otrosí del tramo Ocaña-Gamarra sobre el contrato de la Ruta del Sol 2, el cual consiguieron Odebrecht y sus socios a punta de sobornos.
José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, recuperó su libertad este miércoles mientras sigue siendo investigado por las coimas que se pagaron para conseguir proyectos viales. Melo ha reiterado que nunca supo de los torcidos de Odebrecht. Sin embargo, si algo deja ver la acusación de Andrade es que, para la Fiscalía, la empresa de Corficolombiana que se hizo socia de Odebrecht está tan untada como la constructora brasileña. “Está plenamente determinado que el Contrato de Concesión número 001 del 14 de enero de 2010, conocido como Ruta del Sol 2, fue adjudicado a la Concesionaria Ruta del Sol (…) por la que Odebrecht y Episol (filial de Corficolombiana) pagaron la suma de US$6,5 millones al entonces director encargado del Inco”.
Ese era, como ya se sabe, Gabriel García Morales, quien ejerció como viceministro de Transporte durante la presidencia de Álvaro Uribe y fue condenado el año pasado, tras haber admitido que recibió el soborno. Con respecto a la adición Ocaña-Gamarra, que es la que tiene hoy en aprietos a Luis Fernando Andrade, la Fiscalía asegura que Odebrecht pagó más de $80.000 millones “a quienes tenían de alguna manera la forma de traficar influencias, o desde el Legislativo hacer la tarea propia de lograr tal adición, e incluso de civiles dedicados a las labores de lobby ante diferentes instancias de orden nacional”. Así, dice la Fiscalía, lo confesaron el exsenador Otto Bula y Federico Gaviria.
(Le puee interesar: Casa por cárcel para el exdirector de ANI, Luis Fernando Andrade)
El nombre de Juan Sebastián Correa sale a flote en el documento. Él era el enlace entre la presidencia de la ANI y el Congreso y, al parecer, aceptó al menos $300 millones por cometer acciones que iban mucho más allá de sus deberes. Correa es considerado testigo clave para la Fiscalía en lo que tiene que ver con Andrade, y habría coordinado “reuniones oficiales dentro del marco legal, como fuera del mismo, bajo la supervisión y aquiescencia del presidente de la Agencia (Andrade) y hasta con instrucciones precisas”. Andrade, por su parte, ha explicado que en el momento en que se enteró que Correa había organizado encuentros con Otto Bula a sus espaldas, confrontó a Correa y este terminó yéndose de la ANI.
Desde la primera vez que Andrade rindió interrogatorio ante la Fiscalía, él mismo admitió que se había visto por lo menos nueve veces con el senador Bernardo “Ñoño” Elías, y que en más de una ocasión se pusieron sobre la mesa temas que interesaban a Odebrecht. Incluso, dijo, Roberto Prieto -exgerente de campaña de Juan Manuel Santos- tenía un “interés especial” en la adición Ocaña-Gamarra. Para la Fiscalía, sin embargo, existen evidencias de que esas reuniones incluyeron a personas como Eleuberto Martinelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, y que Andrade se extralimitó al discutir temas claves para el Estado como Navelena.
(Lea también: Está probado por la Fiscalía que no recibí sobornos: Luis Fernando Andrade)
Andrade siempre ha explicado que todas las decisiones en la ANI se tomaron de manera colegiada, con su visto bueno, pero también el de los vicepresidentes, y que muchas veces los procesos pasaban, por ejemplo, por el Conpes u otras entidades del Gobierno. Es decir, que él no decidía solo. La Fiscalía, no obstante, insiste en que Andrade cumplió un papel “bastante activo” a la hora de hacer trámites que favorecieran los intereses de Odebrecht. Andrade logró ganarle el pulso a la Fiscalía y defenderse en libertad, pero si la Fiscalía logra probar aquello de lo que acusa a Andrade, terminará enviando a la cárcel a uno de los funcionarios de mostrar en la era Santos.
El próximo 1° de febrero, Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, tiene de nuevo cita programada en los juzgados de Paloquemao, en el occidente de Bogotá. Ese día, la Fiscalía leerá ante un juez el escrito de acusación en su contra, en el cual reúne los indicios y las pruebas con los que cree que lo derrotará en juicio. Para la Fiscalía es claro que Andrade terminó sirviendo desde su papel de servidor público a los intereses de la concesionaria Ruta del Sol, compuesta por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores. Andrade, por su parte, ha dicho una y otra vez que enfrenta a la justicia con la conciencia tranquila de saber que nunca hizo nada ilegal.
El Espectador conoció el escrito de acusación contra Andrade. En 27 páginas, la Fiscalía condensó las evidencias con que quiere obtener una condena para Andrade, a quien acusó de cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso que compromete a Andrade, considerado uno de los funcionarios estelares de la administración Santos, es la adjudicación del otrosí del tramo Ocaña-Gamarra sobre el contrato de la Ruta del Sol 2, el cual consiguieron Odebrecht y sus socios a punta de sobornos.
José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, recuperó su libertad este miércoles mientras sigue siendo investigado por las coimas que se pagaron para conseguir proyectos viales. Melo ha reiterado que nunca supo de los torcidos de Odebrecht. Sin embargo, si algo deja ver la acusación de Andrade es que, para la Fiscalía, la empresa de Corficolombiana que se hizo socia de Odebrecht está tan untada como la constructora brasileña. “Está plenamente determinado que el Contrato de Concesión número 001 del 14 de enero de 2010, conocido como Ruta del Sol 2, fue adjudicado a la Concesionaria Ruta del Sol (…) por la que Odebrecht y Episol (filial de Corficolombiana) pagaron la suma de US$6,5 millones al entonces director encargado del Inco”.
Ese era, como ya se sabe, Gabriel García Morales, quien ejerció como viceministro de Transporte durante la presidencia de Álvaro Uribe y fue condenado el año pasado, tras haber admitido que recibió el soborno. Con respecto a la adición Ocaña-Gamarra, que es la que tiene hoy en aprietos a Luis Fernando Andrade, la Fiscalía asegura que Odebrecht pagó más de $80.000 millones “a quienes tenían de alguna manera la forma de traficar influencias, o desde el Legislativo hacer la tarea propia de lograr tal adición, e incluso de civiles dedicados a las labores de lobby ante diferentes instancias de orden nacional”. Así, dice la Fiscalía, lo confesaron el exsenador Otto Bula y Federico Gaviria.
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El nombre de Juan Sebastián Correa sale a flote en el documento. Él era el enlace entre la presidencia de la ANI y el Congreso y, al parecer, aceptó al menos $300 millones por cometer acciones que iban mucho más allá de sus deberes. Correa es considerado testigo clave para la Fiscalía en lo que tiene que ver con Andrade, y habría coordinado “reuniones oficiales dentro del marco legal, como fuera del mismo, bajo la supervisión y aquiescencia del presidente de la Agencia (Andrade) y hasta con instrucciones precisas”. Andrade, por su parte, ha explicado que en el momento en que se enteró que Correa había organizado encuentros con Otto Bula a sus espaldas, confrontó a Correa y este terminó yéndose de la ANI.
Desde la primera vez que Andrade rindió interrogatorio ante la Fiscalía, él mismo admitió que se había visto por lo menos nueve veces con el senador Bernardo “Ñoño” Elías, y que en más de una ocasión se pusieron sobre la mesa temas que interesaban a Odebrecht. Incluso, dijo, Roberto Prieto -exgerente de campaña de Juan Manuel Santos- tenía un “interés especial” en la adición Ocaña-Gamarra. Para la Fiscalía, sin embargo, existen evidencias de que esas reuniones incluyeron a personas como Eleuberto Martinelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, y que Andrade se extralimitó al discutir temas claves para el Estado como Navelena.
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Andrade siempre ha explicado que todas las decisiones en la ANI se tomaron de manera colegiada, con su visto bueno, pero también el de los vicepresidentes, y que muchas veces los procesos pasaban, por ejemplo, por el Conpes u otras entidades del Gobierno. Es decir, que él no decidía solo. La Fiscalía, no obstante, insiste en que Andrade cumplió un papel “bastante activo” a la hora de hacer trámites que favorecieran los intereses de Odebrecht. Andrade logró ganarle el pulso a la Fiscalía y defenderse en libertad, pero si la Fiscalía logra probar aquello de lo que acusa a Andrade, terminará enviando a la cárcel a uno de los funcionarios de mostrar en la era Santos.