Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Se supone que en este momento los municipios de Plato y Zambrano (Magdalena) estarían conectados por un segundo puente contratado en 2010, por el antiguo Instituto Nacional de Concesiones (Inca) y la empresa contratista Yuma Concesionaria. Por pagos supuestamente irregulares que rodearon el puente nunca construido, acaban de ser acusados los empresarios Gilberto Saldarriaga y Gilberto Ramírez.
Lea: Caso Odebrecht: La imputación a tres empresarios que menciona a la campaña Santos
Gilberto Saldarriaga y Gilberto Ramírez, representantes de Megaland y Buisiness M&E respectivamente, acaban de ser llamados a juicio por la Fiscalía. El delito por el cual serán procesados será lavado de activos, pues habrían aprovechado su posición de poder en las organizaciones para esconder el dinero mal habido que en otros procesos penales se le ha vinculado a Odebretch, aunque en la presente acusación no se le menciona. Los empresarios son investigados por el caso puente Plato-Zambrano, una obra adicionada a la Ruta del Sol III a través del Otrosí N°5. Ni el puente ni la ruta han sido construidas.
De acuerdo con la Fiscalía, en Bogotá y Medellín, entre el 18 de mayo y el 24 de noviembre de 2016, el empresario Gilberto Saldarriaga “custodió, transformó y legalizó bienes (representados en dinero) cuyo origen inmediato provenía de actividades ilícitas de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares”. Ese dinero provenía de los estudios y diseños que se prometieron utilizar para comunicar a los municipios de Plato y Zambrano, en Magdalena.
Le puede interesar: Ruta del Sol 3: Fiscalía ratifica imputación contra Andrade y vinculará a más personas
La Fiscalía tendría como sentenciar a Saldarriaga. Explicó que la empresa Megaland, representada por él, emitió una factura de venta el 18 de mayo de 2016 dirigida a la empresa Consultores Unidos, la cual fue subcontratada por Yuma Concesionaria para realizar los estudios y diseños del fantasmal puente. La factura fue emitida por $754 millones por concepto de “topografía, geología y sondeos para hidroeléctricas de vertiente cordillera oriental de los dos lengupa, guavio, trompeta y humea”, objeto contractual que nunca se cumplió.
En realidad, argumenta la Fiscalía, el empresario Saldarriaga habría utilizado ese dinero para realizar transacciones y entregas presenciales a José Roberto Prieto, antiguo gerente de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Prieto fue condenado, vía preacuerdo, a cinco años de prisión por gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) -antiguo Inco- la adición del Otrosí N°5 a la Ruta del Sol III: el puente entre Plato y Zambrano. Habría obtenido $650 millones por la gestión.
Lea: El caso Odebrecht llevó a Roberto Prieto a juicio disciplinario
En este proceso contra ambos empresarios, la Fiscalía sostiene que Saldarriaga entregó a Prieto y a sus familiares y cercanos dineros entre junio y noviembre de 2016. Incluso, habría utilizado la cuenta universitaria de Susana Prieto, familiar del exgerente de campaña de Santos. “Logró de esta forma Saldarriaga legalizar dineros cuyo origen mediato era delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de particulares, ocultando su real procedencia. La conducta se ejecutó sobre dineros destinados para la elaboración de los estudios y diseños de un puente de utilidad común”, agregó el ente investigador.
La acusación, por otro lado, refiere hechos similares en contra del empresario Gilberto Ramírez, representante de Buisiness M&E. “En Bogotá, desde el 6 de octubre de 2015, Gilberto Ramírez transformó y legalizó bienes -representados en dinero- cuyo origen inmediato deviene de actividades ilícitas, de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares, proveniente de los estudios y diseños del segundo puente que comunicaría a los municipios de Plato y Zambrano, génesis que se da en el Otrosí N°5″, señaló la Fiscalía.
Lea también: Ñoño Elías: “Soy un ser humano, quiero buscar beneficios y que se sepa la verdad”
En este proceso está nombrado el también empresario Eduardo José Zambrano, antiguo representante legal de Consultores Unidos, la empresa elegida por Yuma para alzar el puente entre los municipios de la costa. De acuerdo con la acusación, Zambrano habría entregado en octubre de 2015 un cheque por $280 millones a favor de Gilberto Ramírez, representante de Buisiness M&E. La plata al parecer fue recogida por un mensajero a petición de José Roberto Prieto. Para justificar ese pago, Zambrano habría generado una factora de la empresa de Gilberto Ramírez, por concepto de diseño de geotécnica. Sin embargo, ese objeto contractual nunca se desarrolló.
Aquel 6 de octubre de 2015, al parecer Gilberto Ramírez endosó el título valor (el cheque) a la comisionista de bolsa Credicorp Capital, a través de un banco ubicado en el barrio La Castellana de la capital. “Logró así legalizar Ramírez Varela los dineros cuyo origen mediato eran delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito de particulares, ocultando su procedencia”, concluyó el ente investigador, el cual avisó que ambos empresarios podrían incurrir en prisión de entre 10 y 30 años. La Fiscalía podría contar, si durante el juicio se aprueba, con 14 pruebas testimoniales y 100 pruebas documentales.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.