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La Fiscalía General anunció que le imputará cargos a 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que habrían participado en hechos de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol 2, proyecto vial que estaba a cargo de concesionaria Ruta del Sol, a su vez controlada por la multinacional brasilera Odebrecht. Durante una rueda de prensa, el fiscal Gabriel Jaimes señaló que los exfuncionarios habrían participado en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosíes que se le hicieron al contrato, mediante los cuales le permitieron a la concesionaria asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar).
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Una fiscal del Grupo de Trabajo para el Caso Odebrecht les imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros a los exfuncionarios de la ANI que conformaron el Comité Asesor Contractual de la entidad. Además, señaló que le imputará un nuevo cargo (enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros) a Luis Fernando Andrade, exdirector de la agencia, quien ya es procesado por su presunta participación en caso Odebrecht.
Los 16 exfuncionarios que serán imputados son: Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Gestión Contractual; Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación de Riesgos y Entorno; María Clara Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración; Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente Jurídico; Yasmina del Carmen Corrales, exsupervisora del contrato de concesión.
Asimismo, a: José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros; Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros; David Leonardo Montaño García, experto GGC2; Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual; Harbey José Carrascal, exasesor, Francisco Javier Forero, exasesor financiero; Emerson Durán Varas, exgerente Financiero VGC, Cesar Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos; Édgar Chacón Hartman, exgerente Predial VPR y Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
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Lo que encontró la Fiscalía
El Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht de la Fiscalía estableció que el 13 de julio de 2013, la ANI de manera unilateral, sin tener estudios previos y sin una nueva autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) que amparara las modificaciones contractuales, le ofreció a la concesionaria Ruta del Sol, controlada por Odebrecht, añadir al contrato, mediante un otrosí, para que realizara los diseños del tramo Ocaña – Gamarra.
“La ANI no tuvo en cuenta para este ofrecimiento que ese trayecto era administrado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), y que esta entidad había contratado los mencionados diseños con otro consorcio. De esta manera, la concesionaria tuvo que ajustar su propuesta, pero se apalancó en el trabajo hecho por la otra empresa contratada con anterioridad”, señaló el fiscal Jaimes, quien es el coordinador del Grupo de Tareas Especiales del caso Odebrecht.
(Consulte aquí la plataforma creada por la Fiscalía para consultar avances en el caso Odebrecht)
La Fiscalía dice que fue en este escenario que el Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI autorizó en el otrosí N°6 el tramo vial de Ocaña – Gamarra, sin contar con la aprobación de los diseños y estudios ni la adición de recursos que garantizaran su financiación. Tampoco, dice el ente investigador, consideró que se trataba de una obra diferente al contemplado en la obra inicial, “lo que implicaba que correspondía a otro proyecto que debió tramitarse de manera autónoma con el lleno de los requisitos legales, incluyendo una nueva licitación y no como una simple adición”.
Con estas dos adiciones, aparentemente irregulares, la Fiscalía dice que se incrementó el valor de la Ruta del Sol 2 en un 32% y se prolongó el tiempo de ejecución de 20 a 25 años. Asimismo, la ANI le pagó al contratista (la concesionaria controlada por Odebrecht) algo más de 3.177 millones de pesos por estudios y cerca de 4.630 millones de pesos por la construcción, para una cifra total superior a los 7.804 millones de pesos.
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Esto acredita, señaló la Fiscalía, que el Estado pagó dos veces por los estudios de un subtramo de Ocaña-Gamarra. Un desembolso fue hecho por el Invías y el otro realizado posteriormente por la ANI, hecho que estructura el delito de peculado en favor de terceros. “Quedaron en evidencia posibles anomalías cometidas por las modificaciones a la fórmula de pago contractual. Este planteamiento financiero renovado privó al Estado de los rendimientos de dineros que no debía desembolsar en los términos del contrato original y que debían reinvertirse en el proyecto”, puntualizó la Fiscalía.
El caso de los exministros
Luego de explicar en rueda de prensa los hallazgos contra los funcionarios de la ANI, el fiscal Jaimes puntualizó que la imputación anunciada estaba dirigida contra empleados de la agencia, pero que de todas maneras se estaba indagando la presunta responsabilidad penal de ministros de Gobierno del momento. Sin dar más nombres, Jaimes aclaró que los investigadores seguían recopilando pruebas para establecer una hipótesis sobre los dos ministros involucrados.
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Sin embargo, desde hace años se sabe que la exministra Cecilia Álvarez, exministra de Transporte, y Gina Parody, exministra de Educación, están en el radar de la Fiscalía. Además, testigos del caso han señalado que en la adjudicación de los otrosíes, hoy bajo la lupa del ente investigador, también participó Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, aunque su participación jamás ha sido esclarecida.
En cuanto a las ministras Álvarez y Parody, la historia es distinta. Aunque ambas han reiterado que no tienen nada que ver con el entramado de corrupción, la Fiscalía investiga si los negocios de la familia Parody, que se dedica al sector del transporte marítimo, pudieron haber influido en la idea de construir la vía Ocaña-Gamarra, un tramo vial que permitía conectar el puerto de Gamarra con la Ruta del Sol 2.
Correos de la Fiscalía, filtrados por el grupo de hackers llamado Guacamayas, dan cuenta que la fiscal del caso le ha reportado a sus superiores avances en las investigaciones. “La ministra que más tuvo que ver fue Cecilia, porque ella era ministra de Transporte”, escribió la funcionaria, quien en otro mensaje explicó su teoría del caso.
“Obviamente ellos pensaban hacerse a las tres vías, hacerse a la vía ferroviaria (porque a Gamarra llega carbón en trenes), hacerse a la navegabilidad del río Magdalena (contrato que ya tenía Odebrecht) y a que le llegara vía terrestre a su puerto (con el tramo Ocaña-Gamarra)”, agregó la funcionaria.
(En contexto: Procuraduría absolvió a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por Odebrecht)
En abril del año pasado, la Procuraduría dejó en firme la absolución a favor de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el caso Odebrecht. En un fallo de segunda instancia, el Ministerio Público señaló que ninguna incurrió en conflicto de intereses.
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