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Seis años después de que en Colombia arrancaran las investigaciones sobre la red de corrupción y sobornos que tejió la multinacional Odebrecht para obtener multimillonarios contratos con el Estado, la Fiscalía anunció que imputará los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir a los altos ejecutivos de la constructora brasileña.
Los directivos de Odebrecht son: el presidente de la multinacional entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; al presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martonelli, Luiz Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia), Luiz Darocha Soarez, Yesid Arocha (representante legal en Colombia), Amilton Hideaki Senday, Luiz Batista Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Texeira.
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La decisión es clave porque desde que estalló el escándalo había claros indicios de que los empresarios de Odebrecht en Colombia fueron pieza clave en la red de corrupción. En 2019, Leonardo Espinosa, el entonces fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, fue uno de los primeros en advertir sobre el papel clave de los ejecutivos de Odebrecht y en cuestionar por qué nunca se les imputó cargos.
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La línea de investigación anunciada por la Fiscalía se basa en un asunto que era más que conocido desde 2017, cuando estalló el escándalo: Desde la sede de Odebrecht en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, el cual se dedicó a distribuir en distintos niveles los sobornos con los que lograban adueñarse de grandes proyectos de infraestructura y financiar campañas políticas en Colombia y Latinoamérica. Según el ente investigador, en el caso colombiano, el dinero se movió a través de las compañías Klienfield Services Limited y Intercorp Logistics Ltd, empresas off shore de Odebrecht.
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El primer gran entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia habría sido la suscripción del contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol II, suscrito el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos. Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 Odebrecht logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindo beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos en tres años.
Ya en desarrollo del proyecto, según la Fiscalía, nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Es así como entre los años 2013 y 2014 se suscriben 10 otrosíes. Con dos de ellos, se aprobó la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, obra ilegal por no formar parte del objeto inicial y con los restantes se determinó brindar flujo de caja; es decir, eliminar y adicionar obras. En este contexto y durante cinco años, de acuerdo con la investigación, la multinacional Odebrecht se habría apropiado de recursos públicos, destinados para el pago de dádivas por 80.000 millones de pesos.
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También se le imputará cargos contra los dos representantes legales de la empresa Midas S.A.S., Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado porque suscribieron dos contratos por valor de $3.931 millones de pesos. De este contrato se direccionó $2.000.000 para el exsenador y lobbista de Odebrecht Otto Bula.
Imputación a Luis Bernardo Villegas
Luis Bernardo Villegas Giraldo es llamado a imputación por presuntamente realizar lobby ante funcionarios de la ANI para que rindieran concepto favorable de cuatro de los otrosíes del contrato de la Ruta del Sol II. Al parecer, recibió en total $9.542 millones de pesos. El cobro de sus honorarios habría sido cancelado por intermedio de tres empresas, la primera de ellas, era de su esposa Carolina de Nubila, la otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán. Por lo anterior, a estas cuatro personas la Fiscalía les formulará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
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