Caso Odebrecht, la gran tarea que le espera al nuevo fiscal general

En julio de 2016, cuando la Corte Suprema eligió a Néstor Humberto Martínez como fiscal general, gran parte de las críticas se centraron en la cercanía que este ha tenido durante décadas con el poder político y económico del país. Esas conexiones con las altas esferas lo pondrían en graves conflictos de intereses, señaló en su momento el senador Jorge Robledo, principal crítico del fiscal Martínez. Incluso, uno de las primeros cuestionamientos que le hizo la prensa a su llegada al búnker de la Fiscalía fue sobre en qué casos se iba declarar impedido. 

:: Las explicaciones del fiscal Martínez sobre Odebrecht y el caso Pizano::

Con solo cuatro meses de haber asumido el cargo (agosto de 2016), Néstor Humberto Martínez tuvo que liderar con uno de los mayores casos de corrupción en el país. El escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrecht aterrizó en Colombia en diciembre de ese año cuando se supo que Marcelo Odebrecht aceptó ante la justicia de los Estados Unidos haber repartido coimas por varios países de Latinoamérica. El tribunal norteamericano señaló que “entre 2009 y 2011, Odebrecht pagó en Colombia más de US$11 millones en coimas con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas”. Y añadió que, en 2009, la empresa pagó unos US$6.5 millones a un funcionario de la administración de Álvaro Uribe por hacerse con un contrato.

En enero de 2017, la administración de Martínez capturó a Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte de ese gobierno. A las pocas horas de que hombres del CTI dieran con su paradero, García Morales, quien como viceministro de Andrés Uriel Gallego dirigió el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), aceptó haber recibido el soborno de la multinacional brasilera. Después se supo que ese pago ilegal se dio para que la Concesionaria Ruta del Sol (de la cual hacía parte Odebrecht, Episol deCorficolombiana y el Grupo Solarte) se quedara con el megaproyecto de la Ruta del Sol tramo II, corredor vial que reducirá la distancia entre Bogotá y la Costa Atlántica.

Mientras García Morales aceptaba su participación en la trama corrupta, el equipo especial de la Fiscalía  para el caso Odebrecht capturó a Otto Bula, el exsenador que fue lobista de la constructora en Colombia. Desde que está detenido, en enero de 2017, Bula negocia con la Fiscalía y no ha aceptado cargos. Con los testimonios de Morales y Bula, la Fiscalía empezó a investigar hasta dónde habrían llegado los tentáculos de Odebrecht en la contratación pública del país. Las indagaciones del ente investigador se centraron en la adjudicación de una obra para el Acueducto de Bogotá en 2009 y la mencionada Ruta del Sol II.

Fue esta última obra la que empezó a enredarle la pita a Martínez, pues su papel como asesor jurídico de Corficolombiana, y después como ministro de la Presidencia, lo habían puesto en el pasado a participar, de una u otra forma, en decisiones que después terminaron bajo la lupa de la justicia.. Dos años antes de convertirse en fiscal general, en 2014, Martínez fue designado por el entonces presidente Santos como superministro. En ese cargo, el saliente fiscal general hizo parte de la reunión del Conpes que permitió que la Concesionaria Ruta del Sol se quedara con la adición la vía Ocaña- Gamarra de la Ruta del Sol II.

La polémica sobre este documento giró en torno a que Martínez, al haber sido el abogado del Grupo Aval durante años y asesor de Corficolombiana para participar en la concesión de la Ruta del Sol II, no se haya declarado impedido. A esto se suman dos hechos más. En 2012, mientras Martínez fungía como abogado, la Concesionaria lo contrató para redactar un contrato de estabilidad jurídica que terminó beneficiandola concesionaria en temas de pagos de impuestos. En abril de 2016, cuatro meses antes de llegar a la Fiscalía, redactó un contrato de transacción entre Odebrecht y Corficolombiana, en el cual las dos empresas renunciaban a cualquier acción o reclamación entre sí y a guardar confidencialidad.

Pero, ¿guardar confidencialidad sobre qué? El controller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, desde 2013 empezó a alertar a los integrantes de la Concesionaria Ruta del Sol sobre algunos contratos que no estaban justificados. Sin embargo, Según dijo Pizano (quien murió de un infarto el pasado 8 de noviembre), sus reportes cayeron en saco roto. Fue por eso que en agosto de 2015, grabó las conversaciones privadas que sostuvo con el entonces abogado Néstor Humberto Martínez y otros funcionarios del Grupo Aval- Corficolombiana.

:: Nueva grabación entre el fiscal general y Jorge Enrique Pizano::

Los audios, revelados por Noticias Uno y este diario en noviembre de 2018, dieron cuenta de que el controller de la Ruta del Sol II le pidió a Martínez que intercediera ante Luis Carlos Sarmiento Angulo y le contara sobre los sospechosos contratos. Martínez dice que informó a Sarmiento. Dos meses después, el controller Pizano aportó un nuevo informe con detalles de millonarios pagos injustificados en Consol, encargada de las obras en la concesionaria, y a sus directivos llegaron copias de lo que Pizano creía que pasaba a sus espaldas. Después se supo que los contratos que reportó Pizano con los que Odebrecht ocultó el pago de sobornos en Colombia.

Los audios desataron una polémica sobre qué tan informado estuvo el fiscal sobre las coimas y por qué siguió manejando la investigación de la Ruta del Sol II. Este fue el escenario más difícil que vivió el fiscal Martínez, pues su nombre empezó a circular mediaticamente y a ser cuestionado por distintos sectores políticos. Dos semanas despues de que se conocieron los audios el fiscal fue citado en el Congreso a un debate de control político, en el cual fue cuestionado por supuesto conocimiento de lo que sucedía dentro de la megaobra. En medio de ese debate se conoció un video en el que el senador Petro recibía unos fajos de billetes, hecho que logró desviar el foco de los audios de Pizano. 

Con la renuncia del fiscal Martínez, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz decidiera no extraditar a Jesús Santrich el pasado miércoles, el futuro del caso Odebrecht es un gran interrogante. En la Corte Suprema, por ejemplo, tendrán que debatir pronto qué pasará con Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc que nombraron para asumir los procesos de este tema en los que Martínez tuvo que declararse impedido. El rumbo que tome este expediente estará en manos del nuevo fiscal, quien llegará a ese cargo propuesto por el presidente Iván Duque. ¿Le imprimirá ese futuro funcionario un ritmo distinto a este expediente por el que ya hay decenas de personas procesadas?

En julio de 2016, cuando la Corte Suprema eligió a Néstor Humberto Martínez como fiscal general, gran parte de las críticas se centraron en la cercanía que este ha tenido durante décadas con el poder político y económico del país. Esas conexiones con las altas esferas lo pondrían en graves conflictos de intereses, señaló en su momento el senador Jorge Robledo, principal crítico del fiscal Martínez. Incluso, uno de las primeros cuestionamientos que le hizo la prensa a su llegada al búnker de la Fiscalía fue sobre en qué casos se iba declarar impedido. 

:: Las explicaciones del fiscal Martínez sobre Odebrecht y el caso Pizano::

Con solo cuatro meses de haber asumido el cargo (agosto de 2016), Néstor Humberto Martínez tuvo que liderar con uno de los mayores casos de corrupción en el país. El escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrecht aterrizó en Colombia en diciembre de ese año cuando se supo que Marcelo Odebrecht aceptó ante la justicia de los Estados Unidos haber repartido coimas por varios países de Latinoamérica. El tribunal norteamericano señaló que “entre 2009 y 2011, Odebrecht pagó en Colombia más de US$11 millones en coimas con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas”. Y añadió que, en 2009, la empresa pagó unos US$6.5 millones a un funcionario de la administración de Álvaro Uribe por hacerse con un contrato.

En enero de 2017, la administración de Martínez capturó a Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte de ese gobierno. A las pocas horas de que hombres del CTI dieran con su paradero, García Morales, quien como viceministro de Andrés Uriel Gallego dirigió el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), aceptó haber recibido el soborno de la multinacional brasilera. Después se supo que ese pago ilegal se dio para que la Concesionaria Ruta del Sol (de la cual hacía parte Odebrecht, Episol deCorficolombiana y el Grupo Solarte) se quedara con el megaproyecto de la Ruta del Sol tramo II, corredor vial que reducirá la distancia entre Bogotá y la Costa Atlántica.

Mientras García Morales aceptaba su participación en la trama corrupta, el equipo especial de la Fiscalía  para el caso Odebrecht capturó a Otto Bula, el exsenador que fue lobista de la constructora en Colombia. Desde que está detenido, en enero de 2017, Bula negocia con la Fiscalía y no ha aceptado cargos. Con los testimonios de Morales y Bula, la Fiscalía empezó a investigar hasta dónde habrían llegado los tentáculos de Odebrecht en la contratación pública del país. Las indagaciones del ente investigador se centraron en la adjudicación de una obra para el Acueducto de Bogotá en 2009 y la mencionada Ruta del Sol II.

Fue esta última obra la que empezó a enredarle la pita a Martínez, pues su papel como asesor jurídico de Corficolombiana, y después como ministro de la Presidencia, lo habían puesto en el pasado a participar, de una u otra forma, en decisiones que después terminaron bajo la lupa de la justicia.. Dos años antes de convertirse en fiscal general, en 2014, Martínez fue designado por el entonces presidente Santos como superministro. En ese cargo, el saliente fiscal general hizo parte de la reunión del Conpes que permitió que la Concesionaria Ruta del Sol se quedara con la adición la vía Ocaña- Gamarra de la Ruta del Sol II.

La polémica sobre este documento giró en torno a que Martínez, al haber sido el abogado del Grupo Aval durante años y asesor de Corficolombiana para participar en la concesión de la Ruta del Sol II, no se haya declarado impedido. A esto se suman dos hechos más. En 2012, mientras Martínez fungía como abogado, la Concesionaria lo contrató para redactar un contrato de estabilidad jurídica que terminó beneficiandola concesionaria en temas de pagos de impuestos. En abril de 2016, cuatro meses antes de llegar a la Fiscalía, redactó un contrato de transacción entre Odebrecht y Corficolombiana, en el cual las dos empresas renunciaban a cualquier acción o reclamación entre sí y a guardar confidencialidad.

Pero, ¿guardar confidencialidad sobre qué? El controller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, desde 2013 empezó a alertar a los integrantes de la Concesionaria Ruta del Sol sobre algunos contratos que no estaban justificados. Sin embargo, Según dijo Pizano (quien murió de un infarto el pasado 8 de noviembre), sus reportes cayeron en saco roto. Fue por eso que en agosto de 2015, grabó las conversaciones privadas que sostuvo con el entonces abogado Néstor Humberto Martínez y otros funcionarios del Grupo Aval- Corficolombiana.

:: Nueva grabación entre el fiscal general y Jorge Enrique Pizano::

Los audios, revelados por Noticias Uno y este diario en noviembre de 2018, dieron cuenta de que el controller de la Ruta del Sol II le pidió a Martínez que intercediera ante Luis Carlos Sarmiento Angulo y le contara sobre los sospechosos contratos. Martínez dice que informó a Sarmiento. Dos meses después, el controller Pizano aportó un nuevo informe con detalles de millonarios pagos injustificados en Consol, encargada de las obras en la concesionaria, y a sus directivos llegaron copias de lo que Pizano creía que pasaba a sus espaldas. Después se supo que los contratos que reportó Pizano con los que Odebrecht ocultó el pago de sobornos en Colombia.

Los audios desataron una polémica sobre qué tan informado estuvo el fiscal sobre las coimas y por qué siguió manejando la investigación de la Ruta del Sol II. Este fue el escenario más difícil que vivió el fiscal Martínez, pues su nombre empezó a circular mediaticamente y a ser cuestionado por distintos sectores políticos. Dos semanas despues de que se conocieron los audios el fiscal fue citado en el Congreso a un debate de control político, en el cual fue cuestionado por supuesto conocimiento de lo que sucedía dentro de la megaobra. En medio de ese debate se conoció un video en el que el senador Petro recibía unos fajos de billetes, hecho que logró desviar el foco de los audios de Pizano. 

Con la renuncia del fiscal Martínez, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz decidiera no extraditar a Jesús Santrich el pasado miércoles, el futuro del caso Odebrecht es un gran interrogante. En la Corte Suprema, por ejemplo, tendrán que debatir pronto qué pasará con Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc que nombraron para asumir los procesos de este tema en los que Martínez tuvo que declararse impedido. El rumbo que tome este expediente estará en manos del nuevo fiscal, quien llegará a ese cargo propuesto por el presidente Iván Duque. ¿Le imprimirá ese futuro funcionario un ritmo distinto a este expediente por el que ya hay decenas de personas procesadas?