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“En Bogotá, entre el 11 y 12 de junio de 2014, el señor Esteban Moreno Pérez incrementó injustificadamente su patrimonio y presuntamente el de la campaña Santos Presidente 2014-2018 (por $3.053 millones). Incremento derivado del subcontrato de obra número FCSC-371 de 2014, con fecha del 27 de febrero de ese año, celebrado entre Ricardo Paredes y Marco Acevedo, representantes del Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) y la señora Edna Karina Méndez, representante legal de Gistic Soluciones Integrales S.A.S.”.
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Esa fue la primera parte de la esperada imputación de cargos de la Fiscalía anunciada en 2019, contra el empresario Esteban Moreno quien ad portas de las elecciones presidenciales de 2014, dirigió la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en el Valle del Cauca. Así, el ente investigador cumplió con una promesa de hace dos años, notificada nuevamente en febrero pasado, que involucraría a empresarios con la recepción de dineros corruptos de la multinacional Odebrecht, que entregó al menos US$ 11 millones en sobornos, en Colombia, para quedarse con contratos de infraestructura como la Ruta del Sol 2 la cual, se suponía, iba a conectar el centro del país con la Costa Caribe
Se trata de uno de los expedientes penales más espinosos y controversiales del último tiempo.. En este episodio en concreto, la Fiscalía indaga por un subcontrato de obra cuyo valor ascendió a $4.017 millones y que fue firmado entre Consol, el consorcio constructor de la Ruta del Sol II, y la empresa Gistic Soluciones Integrales, que para entonces estaba en cabeza del empresario Andrés Sanmiguel, cuya imputación también fue anunciada por la Fiscalía hace dos años, pero que no se ha llevado a cabo.
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El subcontrato de obra tenía como objetivo el mejoramiento y la ampliación de la estructura vial en Colombia, a través de un sistema vial de doble calzada. Sin embargo, para la Fiscalía no hay duda de que se trató de un “contrato ficticio” con el cual el consorcio Consol transfirió $3.894 millones a la empresa Gistic Soluciones Integrales. La empresa estaba manejada por Andrés Sanmiguel y Edna Karina Méndez, esposa de Sanmiguel y representante legal de la empresa, con la intervención de Ricardo Rey, escolta del empresario, y los ciudadanos David Portilla y Esteban Moreno. Este último habría aprovechado la bonanza corrupta para inyectar dineros a la campaña de Santos, como lo testificó Sanmiguel en 2019.
De acuerdo con la Fiscalía, la cual imputó a Esteban Moreno por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de entregas de dinero en efectivo, el aliado de Santos se habría quedado con $3.053 millones y, a su vez, presuntamente los transportó para que circulara en la economía legal. El 11 de junio de 2014, según la imputación, Moreno habría recibido $1.400 millones que Sanmiguel le entregó en efectivo. El 12 de junio de 2015, Moreno habría recibido el resto de la tajada, en efectivo y también por Sanmiguel.
Durante la imputación, la fiscal del caso, Liliana Calle, señaló que para la Fiscalía el dinero proveniente del mencionado contrato llegó a las cuentas de la campaña de Juan Manuel Santos a través de su “circulación en la economía legal”. Sin embargo, la funcionaria no específico de qué manera, quiénes supieron ni ningún otro detalles sobre este episodio que ha marcado hito en el escándalo de Odebrecht y su supuesta relación con las aspiraciones presidenciales de Santos.
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El 2 de agosto de 2018, cinco días antes de que Santos terminara su segundo gobierno, el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la primera investigación contra la campaña reeleccionista. Un año después, el organismo abrió una nueva indagación para establecer si a esa campaña ingresaron cerca de $4.000 millones, de acuerdo con lo ventilado por el empresario Sanmiguel. El exmandatario siempre ha insistido en que no hubo inyección de dineros de Odebrecht. El CNE tampoco ha anunciado avances en la segunda pesquisa. “No ocurrió lo que pretenden endilgarle a la campaña del expresidente Santos”, explicó el abogado Alfonso Portela a El Espectador, en febrero de este año.
Ricardo Rey Pulido fue la segunda persona en ser imputada durante la diligencia, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la Fiscalía, el 11 de junio de 2014, el escolta habría recibido cheques por un valor de $853 millones, los que habría cobrado en distintas sucursales de Bancolombia a nombre de Gistic Soluciones Integrales. Rey presuntamente transportó la millonada en efectivo hacía las manos de Sanmiguel, quien luego la redireccionaría a Esteban Moreno. Al día siguiente, Rey habría repetido el trabajo y, luego de eso, recibió $251 millones en su cuenta de ahorros, bajo la denominación de pago a nómina.
Sobre David Fernando Portilla, administrador de Gistic Soluciones Integrales, imputado por los mismos delitos, se dijo que habría aumentado sin justificación “su patrimonio en $230 millones y para terceros en $550 millones”, a través de maniobras similares a las denunciadas anteriormente. Antes de que la fiscal Liliana Calle preguntara a los procesados si aceptaban los cargos, el abogado Juan Carlos Padilla, representante de Portilla, pidió a la Fiscalía que reconsidere imputar a su cliente por el delito de lavado de activos pues, en su concepto, se trata de una acusación desproporcionada que no corresponde a la realidad de los hechos mencionados en la audiencia. El juez del caso respondió que, en todo caso, la Fiscalía podrá cambiar la adecuación penal si presenta escrito de acusación. Ninguno de los tres, ni Rey, Moreno y Portilla, aceptaron cargos.