Caso Odebrecht: lo que viene después de la condena a José Elías Melo

En un pabellón de la cárcel La Picota de Bogotá deberá permanecer José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (filial de Grupo Aval), tras ser condenado a 11 años y nueve meses de prisión. Según el juez 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Melo supo y autorizó un soborno de la multinacional Odebrecht por US$6,5 millones al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien estaba a cargo del INCO (la antigua agencia de infraestructura, hoy ANI) en 2009, año en que se abrió la licitación de la Ruta del Sol 2 y se adjudicó su contrato por más de $2 billones.

Ese pago, del cual Melo sabía —según el fallo en su contra—, se hizo para asegurar que la Concesionaria Ruta del Sol, conformada por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y el grupo Solarte, se quedara con la construcción de ese importante corredor vial. Se trata de la condena más alta que hasta el momento ha proferido la justicia colombiana en contra de alguien procesado por el caso de corrupción que sacudió a Latinoamérica, al punto que en Semana Santa de este año el expresidente peruano Alan García prefirió quitarse la vida que ir a la cárcel por este episodio.

Melo recibió su condena conmovido, agarrándose la cabeza y rodeado de las lágrimas de su familia, en el complejo judicial de Paloquemao. El expresidente de Corficolombiana quedó a disposición del Inpec mientras surte el trámite de apelación de la condena que emitió el mencionado juzgado, el cual había dictado sentido de fallo condenatorio a principios de abril. El despacho sentenció que Melo “se amangualó con el sector público para comprar la moralidad pública”.

El fallo contra Melo podría ser también el inicio de una nueva línea de investigación penal por los sobornos de Odebrecht. Con la decisión se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue a cinco personas más que no estaban en la mira de esa entidad, aunque sí en el radar de la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Se trata de Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero; María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y esposa de un alto directivo del Grupo Aval; Andrés Sanguinetti, hermano de un expresidente uruguayo y quien habría ayudado a Odebrecht a lavar dinero a través de la banca de Andorra (Europa); Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

Sarmiento Gutiérrez es uno de los empresarios más reputados de este país y fue testigo en favor de Melo. En sus declaraciones, Sarmiento Jr. señaló que Melo no recibió bonificaciones por la licitación de la Ruta del Sol 2 y que no tuvo conocimiento del soborno que recibió el exviceministro Gabriel García Morales. Igualmente dijo que no fue testigo de las reuniones entre Corficolombiana y los directivos de Odebrecht, pero que era su labor verificar que se estuviera negociando el memorando de entendimiento.

Durante el juicio, Sarmiento Gutiérrez fue mencionado por el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Júnior. “(Melo) me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro (García Morales), pero que tenía dificultad en Grupo Aval, que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Júnior”. Y Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, dijo que tuvo tres reuniones con la cúpula del Grupo Aval en Bogotá en las que habrían participado Melo, “el señor Sarmiento” y las cabezas de la multinacional brasileña. El testigo no aclaró si se estaba refiriendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, o a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

En diálogo con El Espectador, fuentes cercanas al Grupo Aval manifestaron: “Consideramos normal la compulsa de copias, es un procedimiento ordinario que no indica culpabilidad, sino que pide una investigación. En el proceso se mencionó el nombre de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, sí, pero se mencionó solo de oídas. Contra él no hay una sola reunión comprometedora ni un solo testimonio de alguien que haya dicho que se sentó con el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez a hablar de coimas”.

¿Quiénes son los otros implicados?

El empresario cartagenero Juan Manuel Barraza fue superintendente general de Puertos de Cartagena y gerente de la Comisión Nacional de Regalías. Luiz Antonio Bueno aseguró en el juicio de Melo que las reuniones en las que se pactó el soborno que García Morales aceptó haber recibido se dieron en el apartamento de soltero de Barraza. El empresario le dijo a la W Radio a comienzos de este año: “Nunca se ha dicho que yo haya participado de esas reuniones. Cuando esos encuentros se adelantaban, yo estaba en Estados Unidos haciendo una maestría y prestaba el apartamento”.

Según dijo el abogado de Barraza en su momento, Abelardo de la Espriella, García Morales es su amigo de infancia. Esta relación los ha llevado a realizar varios negocios juntos por medio de la sociedad Canal Logistic. Sin embargo, ha negado en reiteradas ocasiones que el empresario tuviera conocimiento de actividades ilegales o relación con el escándalo de Odebrecht.

María Victoria Guarín es una alta funcionara en la Corporación Financiera Internacional (IFC), un organismo multilateral adscrito al Banco Mundial al que se le confió la estructuración del megaproyecto vial de la Ruta del Sol. Según las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestas prácticas irregulares en favor de la Concesionaria Ruta del Sol, Guarín habría tramitado las expectativas que tenían sobre las condiciones del proyecto, a pesar de un posible conflicto de intereses entre ella y su pareja, Diego Solano Saravia, quien es vicepresidente de planeación corporativa del Grupo Aval.

La SIC tiene en su poder correos electrónicos en los que Melo Acosta supuestamente informó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez de ese vínculo. “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”, le dijo Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en un correo.

Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, fue testigo en favor de Melo en el juicio. Según declaró, el exdirectivo Luiz Antonio Bueno Júnior no le mencionó nada sobre la existencia de un acuerdo para pagar el millonario soborno al exviceministro Gabriel García Morales. Insistió, según recoge el diario El Tiempo, en que las reuniones que sostuvo con Bueno fueron de carácter técnico y en relación con el proceso de adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol 2.

Ramírez también fue incluido en el pliego de cargos que la SIC presentó en 2018 y en el que se dice que Episol, Corficolombiana y Odebrecht habrían intentado celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar “un cartel” con sus competidores (Odinsa, Impregilo y OHL). Para sustentar esta afirmación, la entidad encontró un correo del 22 de julio de 2009 que remitió Gustavo Ramírez al hoy condenado José Elías Melo, con copia a Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana. S

Según la SIC, el correo resume una “reunión llevada a cabo con Luiz Antonio Bueno Júnior (director de Odebrecht en Colombia), en el que éste le habría planteado la conformación de un acuerdo anticompetitivo en la modalidad de cartel, que, como ya se dijo, podría tener uno de dos propósitos”.

El último de los mencionados es Andrés Sanguinetti, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, quien tenía a su cargo la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA) en ese país y que habría ayudado a la empresa brasileña a lavar dinero. Sanguinetti Barros también es investigado de manera preliminar en Perú, en la investigación Lava Jato de la Fiscalía, por dineros que entregó en ese país a nombre de la multinacional brasileña.

Para hacerlo, Odebrecht habría enviado millonarias sumas de dinero a través del banco de Andorra, camuflados como supuestos servicios que en realidad nunca prestó. En ese contexto aparece Sanguinetti: él, como encargado de la cuenta de la empresa que pagó sobornos en todo Latinoamérica, habría viajado a distintos países para entregar ese dinero.

En un pabellón de la cárcel La Picota de Bogotá deberá permanecer José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (filial de Grupo Aval), tras ser condenado a 11 años y nueve meses de prisión. Según el juez 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Melo supo y autorizó un soborno de la multinacional Odebrecht por US$6,5 millones al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien estaba a cargo del INCO (la antigua agencia de infraestructura, hoy ANI) en 2009, año en que se abrió la licitación de la Ruta del Sol 2 y se adjudicó su contrato por más de $2 billones.

Ese pago, del cual Melo sabía —según el fallo en su contra—, se hizo para asegurar que la Concesionaria Ruta del Sol, conformada por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y el grupo Solarte, se quedara con la construcción de ese importante corredor vial. Se trata de la condena más alta que hasta el momento ha proferido la justicia colombiana en contra de alguien procesado por el caso de corrupción que sacudió a Latinoamérica, al punto que en Semana Santa de este año el expresidente peruano Alan García prefirió quitarse la vida que ir a la cárcel por este episodio.

Melo recibió su condena conmovido, agarrándose la cabeza y rodeado de las lágrimas de su familia, en el complejo judicial de Paloquemao. El expresidente de Corficolombiana quedó a disposición del Inpec mientras surte el trámite de apelación de la condena que emitió el mencionado juzgado, el cual había dictado sentido de fallo condenatorio a principios de abril. El despacho sentenció que Melo “se amangualó con el sector público para comprar la moralidad pública”.

El fallo contra Melo podría ser también el inicio de una nueva línea de investigación penal por los sobornos de Odebrecht. Con la decisión se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue a cinco personas más que no estaban en la mira de esa entidad, aunque sí en el radar de la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Se trata de Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero; María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y esposa de un alto directivo del Grupo Aval; Andrés Sanguinetti, hermano de un expresidente uruguayo y quien habría ayudado a Odebrecht a lavar dinero a través de la banca de Andorra (Europa); Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

Sarmiento Gutiérrez es uno de los empresarios más reputados de este país y fue testigo en favor de Melo. En sus declaraciones, Sarmiento Jr. señaló que Melo no recibió bonificaciones por la licitación de la Ruta del Sol 2 y que no tuvo conocimiento del soborno que recibió el exviceministro Gabriel García Morales. Igualmente dijo que no fue testigo de las reuniones entre Corficolombiana y los directivos de Odebrecht, pero que era su labor verificar que se estuviera negociando el memorando de entendimiento.

Durante el juicio, Sarmiento Gutiérrez fue mencionado por el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Júnior. “(Melo) me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro (García Morales), pero que tenía dificultad en Grupo Aval, que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Júnior”. Y Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, dijo que tuvo tres reuniones con la cúpula del Grupo Aval en Bogotá en las que habrían participado Melo, “el señor Sarmiento” y las cabezas de la multinacional brasileña. El testigo no aclaró si se estaba refiriendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, o a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

En diálogo con El Espectador, fuentes cercanas al Grupo Aval manifestaron: “Consideramos normal la compulsa de copias, es un procedimiento ordinario que no indica culpabilidad, sino que pide una investigación. En el proceso se mencionó el nombre de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, sí, pero se mencionó solo de oídas. Contra él no hay una sola reunión comprometedora ni un solo testimonio de alguien que haya dicho que se sentó con el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez a hablar de coimas”.

¿Quiénes son los otros implicados?

El empresario cartagenero Juan Manuel Barraza fue superintendente general de Puertos de Cartagena y gerente de la Comisión Nacional de Regalías. Luiz Antonio Bueno aseguró en el juicio de Melo que las reuniones en las que se pactó el soborno que García Morales aceptó haber recibido se dieron en el apartamento de soltero de Barraza. El empresario le dijo a la W Radio a comienzos de este año: “Nunca se ha dicho que yo haya participado de esas reuniones. Cuando esos encuentros se adelantaban, yo estaba en Estados Unidos haciendo una maestría y prestaba el apartamento”.

Según dijo el abogado de Barraza en su momento, Abelardo de la Espriella, García Morales es su amigo de infancia. Esta relación los ha llevado a realizar varios negocios juntos por medio de la sociedad Canal Logistic. Sin embargo, ha negado en reiteradas ocasiones que el empresario tuviera conocimiento de actividades ilegales o relación con el escándalo de Odebrecht.

María Victoria Guarín es una alta funcionara en la Corporación Financiera Internacional (IFC), un organismo multilateral adscrito al Banco Mundial al que se le confió la estructuración del megaproyecto vial de la Ruta del Sol. Según las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestas prácticas irregulares en favor de la Concesionaria Ruta del Sol, Guarín habría tramitado las expectativas que tenían sobre las condiciones del proyecto, a pesar de un posible conflicto de intereses entre ella y su pareja, Diego Solano Saravia, quien es vicepresidente de planeación corporativa del Grupo Aval.

La SIC tiene en su poder correos electrónicos en los que Melo Acosta supuestamente informó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez de ese vínculo. “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”, le dijo Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en un correo.

Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, fue testigo en favor de Melo en el juicio. Según declaró, el exdirectivo Luiz Antonio Bueno Júnior no le mencionó nada sobre la existencia de un acuerdo para pagar el millonario soborno al exviceministro Gabriel García Morales. Insistió, según recoge el diario El Tiempo, en que las reuniones que sostuvo con Bueno fueron de carácter técnico y en relación con el proceso de adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol 2.

Ramírez también fue incluido en el pliego de cargos que la SIC presentó en 2018 y en el que se dice que Episol, Corficolombiana y Odebrecht habrían intentado celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar “un cartel” con sus competidores (Odinsa, Impregilo y OHL). Para sustentar esta afirmación, la entidad encontró un correo del 22 de julio de 2009 que remitió Gustavo Ramírez al hoy condenado José Elías Melo, con copia a Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana. S

Según la SIC, el correo resume una “reunión llevada a cabo con Luiz Antonio Bueno Júnior (director de Odebrecht en Colombia), en el que éste le habría planteado la conformación de un acuerdo anticompetitivo en la modalidad de cartel, que, como ya se dijo, podría tener uno de dos propósitos”.

El último de los mencionados es Andrés Sanguinetti, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, quien tenía a su cargo la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA) en ese país y que habría ayudado a la empresa brasileña a lavar dinero. Sanguinetti Barros también es investigado de manera preliminar en Perú, en la investigación Lava Jato de la Fiscalía, por dineros que entregó en ese país a nombre de la multinacional brasileña.

Para hacerlo, Odebrecht habría enviado millonarias sumas de dinero a través del banco de Andorra, camuflados como supuestos servicios que en realidad nunca prestó. En ese contexto aparece Sanguinetti: él, como encargado de la cuenta de la empresa que pagó sobornos en todo Latinoamérica, habría viajado a distintos países para entregar ese dinero.