Caso Odebrecht: nueva imputación contra exfuncionarios de la ANI por Ruta del Sol 2
Se trata de cuatro exfuncionarios de la entidad, quienes habrían incurrido en maniobras ilegales para beneficiar a la corrupta multinacional brasilera.
La Fiscalía General de la Nación imputó por el delito de interés indebido de contratos a cuatro exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por irregularidades cometidas en la construcción del tramo vial entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), conocida como la Ruta del Sol II.
(En contexto: Caso Odebrecht: imputan a 11 exfuncionarios de la ANI por Ruta del Sol 2)
Las pruebas que recopiló la fiscalía apuntan a que Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; Daniel Tengo Suárez, exgerente de Proyectos; Emerson Leonardo Durán, exgerente financiero; y David Leonardo Montaño García, profesional experto, habrían permitido que se aprobaran, firmaran y avalaran de manera irregular algunos estudios, entre otras acciones, lo que permitió que se firmaran de manera irregular adiciones al contrato de la construcción de ese proyecto vial.
Entre las irregularidades está la ampliación de los plazos previamente acordados entre el Estado y la multinacional brasileña, el ajuste a los cronogramas de las obras y la aprobación de recursos públicos futuros sin la autorización de las entidades competentes, el Consejo Nacional de Política Económica y social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Para la Fiscalía, estas acciones no permitieron que existieran “estudios serios y completos” que respaldaran las adiciones que aumentaron el presupuesto de la obra, lo que afectó los intereses del Estado.
(Le puede interesar: Los hechos claves para entender el escándalo de Odebrecht)
Así mismo, no fueron escuchadas las quejas por la demora, por lo que no se realizaron oportunamente las sanciones, lo que permitió que no fueran multados por 35.800 millones de pesos. Lo que se traduce en una perdida económica para el estado y un beneficio para la multinacional.
Estas imputaciones se suman a 11, que el ente investigador realizó el pasado mes de septiembre. Para esa fecha, el ente investigador, los judicializó por haberse valido presuntamente de sus cargos por elaborar documentos que permitieron que se firmaran adiciones irregulares.
En esa ocasión fueron imputados en esta ocasión son Édgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos del área jurídica gestión contractual; Juan Carlos Hernández Cerón, experto; Luis Fernando Castaño Suárez, Gestor; Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - Gestión Contractual; Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera; Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos; Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Fernando Ireguí Mejía, vicepresidente jurídico; María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos; y Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fiscalía General de la Nación imputó por el delito de interés indebido de contratos a cuatro exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por irregularidades cometidas en la construcción del tramo vial entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), conocida como la Ruta del Sol II.
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Las pruebas que recopiló la fiscalía apuntan a que Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; Daniel Tengo Suárez, exgerente de Proyectos; Emerson Leonardo Durán, exgerente financiero; y David Leonardo Montaño García, profesional experto, habrían permitido que se aprobaran, firmaran y avalaran de manera irregular algunos estudios, entre otras acciones, lo que permitió que se firmaran de manera irregular adiciones al contrato de la construcción de ese proyecto vial.
Entre las irregularidades está la ampliación de los plazos previamente acordados entre el Estado y la multinacional brasileña, el ajuste a los cronogramas de las obras y la aprobación de recursos públicos futuros sin la autorización de las entidades competentes, el Consejo Nacional de Política Económica y social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Para la Fiscalía, estas acciones no permitieron que existieran “estudios serios y completos” que respaldaran las adiciones que aumentaron el presupuesto de la obra, lo que afectó los intereses del Estado.
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Así mismo, no fueron escuchadas las quejas por la demora, por lo que no se realizaron oportunamente las sanciones, lo que permitió que no fueran multados por 35.800 millones de pesos. Lo que se traduce en una perdida económica para el estado y un beneficio para la multinacional.
Estas imputaciones se suman a 11, que el ente investigador realizó el pasado mes de septiembre. Para esa fecha, el ente investigador, los judicializó por haberse valido presuntamente de sus cargos por elaborar documentos que permitieron que se firmaran adiciones irregulares.
En esa ocasión fueron imputados en esta ocasión son Édgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos del área jurídica gestión contractual; Juan Carlos Hernández Cerón, experto; Luis Fernando Castaño Suárez, Gestor; Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - Gestión Contractual; Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera; Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos; Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Fernando Ireguí Mejía, vicepresidente jurídico; María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos; y Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.
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