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Dos de los tres miembros del equipo de representantes investigadores a cargo del caso Odebrecht y la campaña Juan Manuel Santos Presidente 2014, en el cual se denuncia la presunta inyección de dineros corruptos a su reelección, se inhibió de iniciar actuación penal o disciplinaria contra el exmandatario. Los dos miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara están a cargo del expediente desde el 6 de agosto de 2020, luego de diversos cambios en la terna y tras una denuncia presentada por un ciudadano en mayo de 2019.
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El 15 de mayo de 2019, el ciudadano Pedro Liévano presentó derecho de petición a la Comisión, solicitando la apertura o reapertura de la investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos en relación con el escándalo de Odebrecht. La multinacional brasilera pagó US$11 millones en sobornos en Colombia para quedarse con contratos de infraestructura, de los cuales, según dijo el excongresista Bernardo Ñoño Elías en una entrevista radial en 2019, una tajada entró a la campaña releccionista de Santos en 2014.
“La Comisión de investigación y Acusación, avoco en su momento el conocimiento de una investigación preliminar contra el expresidente Santos, con ocasión de la presunta entrada de dineros ilícitos a su campaña política de 2010 y/o 2014. Dicha investigación habría sido cerrada, archivada, o terminada con una actuación inhibitoria, que en todo caso, podría ser objeto de apertura, si de la declaración o testimonio que ofrece el excongresista Elías ante la Corte Suprema de Justicia, pero que bien puede ser recepcionado por la Comisión de Investigación y Acusaciones, se derivare algún cargo puntual y concreto”, explicó el denunciante Liévano.
Sin embargo, luego de dos años, la denuncia de Liévano no prosperó y está a punto de archivarse de acuerdo con el equipo de representantes investigadores coordinado por Óscar Leonardo Villamizar, del Centro Democrático, quien fue el único que no estuvo de acuerdo con el archivo; John Jairo Cárdenas y Andrés David Calle, del Partido de la U y el Partido Liberal respectivamente. Los representantes solicitaron el archivo definitivo del expediente, decisión que será considerada por la Plenaria de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara hoy 15 de junio.
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El expediente ha tenido diversos tropiezos. En principio, el equipo era comandado por el representante Ricardo Alfonso Ferra, con quien se citó, para el 17 de junio de 201,9 a declaración juramentada al excongresista Bernardo Ñoño Elías, quien ya había sido condenado a 6 años y ocho meses de prisión por ser lobista de Odebrecht. Sin embargo, sus abogados siempre se negaron a presentarse en la Comisión, explicando que Elías tenía un proceso en curso en la Corte Suprema, que podría resultar afectado, y por motivos personales y de seguridad. El Ñoño nunca testificó lo que dijo en entrevista.
El 12 de julio de 2019, el representante Ferro fue recusado por el expresidente Juan Manuel Santos, por lo que en el equipo investigador fue elegido como coordinador el congresista Óscar Leonardo Villamizar. En noviembre de ese año Fabio Fernando Arroyabe, uno de los antiguos integrantes, se declaró impedido en el proceso, por lo que su cargo lo tomó el representante Andrés David Calle. En el expediente quedó una recusación planteada por la senadora uribista Paola Holguín, la cual fue rechazada porque ella no está involucrada en la investigación.
El presente equipo recién logró conformarse el 6 de agosto de 2020, más de un año después de la denuncia de Liévano. Lo primero que hicieron fue citar de nuevo a declaración al Ñoño Elías, para que explicara aquello de las presuntas entradas ilegales de dinero a la campaña Santos Presidente 2014. Sin embargo, el excongresista condenado respondió que no tenía un abogado. Luego de dos diligencias rechazada, el abogado Carlos Torregroza, el 5 de marzo de 2021, explicó que definitivamente Elías no declarará en el expediente por motivos personales.
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A partir de allí, el equipo investigativo se amparó en las recientes decisiones judiciales en las que Elías ha sido el protagonista. En principio, los representantes revisaron una resolución de 2020 en la cual la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP analizó la solicitud de Elías para someterse a la justicia transicional. De acuerdo con el excongresista, podría entrar dado que había recibido millonarias sumas de dinero, de parte de Odebrecht, para redireccionarlas en la reelección de Santos en 2014 y, así, firmar el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las antiguas Farc.
“Las conductas ilícitas desplegadas por Bernardo Miguel Elías Vidal, fueron encaminadas en su totalidad para lograr la reelección del Ex – presidente (sic) Juan Manuel Santos Calderón, para que este continuara y firmara el acuerdo final de paz de la Habana con las FARC – EP”, explicó la defensa de Elías ante la JEP. Sin embargo, el órgano de justicia transicional le respondió que, en realidad, recibió los sobornos para “engrosar sus arcas monetarias” y financiar “su propia campaña política”. Además, que no había sustento probatorio para meter a Santos en la colada.
“(…) es ampliamente probado que la gravedad de su comportamiento se centró en usar su investidura para obtener beneficios propios y para la empresa Odebrecht y dichas conductas no tuvieron, ni de cerca, la finalidad de apoyar el esfuerzo general de guerra de alguno de los actores del conflicto”, explicó la Procuraduría durante el proceso solicitado por el Ñoño Elías. Incluso, los representantes investigadores tienen documentos de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales se explica que el excongresista menciona a Santos con el objetivo de ingresar a la JEP.
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“Las conductas delictivas desplegadas por el compareciente Elías Vidal y que hoy le representan los cuatro (4) procesos judiciales por los cuales solicitó someterse a esta jurisdicción (JEP), estuvieron siempre encaminadas a una sola cosa: su enriquecimiento personal ilícito (…) no existe elemento de prueba alguno que permita a esta Sala dar por acreditado que las conductas desplegadas estuvieron dirigidas a asegurar la reelección del expresidente Juan Manuel Santos”, explicó, además, el Consejo de Estado cuando decretó pérdida de investidura contra Elías, el 20 de septiembre de 2018.
Así las cosas, el equipo investigador concluyó que no existen elementos materiales de pruebas que permitan establecer vínculos entre el excongresista Ñoño Elías y el ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña de Satos Presidente en 2014, ni mucho menos a la campaña del Plebiscito por la Paz en 2016. Los representantes explicaron que pueden inhibirse de investigar “cuando aparezca que el hecho no ha existido, o que la conducta es atípica, o que la acción penal no puede iniciarse o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad”.